Protesta en el Ayuntamiento de Alburquerque
Continúa el caos en el Ayuntamiento de Alburquerque. La oposición intenta que se vuelvan a convocar los plenos. Lo han solicitado ya los cuatro concejales del grupo Independientes por Alburquerque y el único edil que mantiene el PSOE en el municipio. El resto, ocho, fueron expulsados del partido o se les abrió expedientes disciplinarios por las irregularidades en la gestión del consistorio. De ellos, tres dimitieron el pasado mes de marzo ante la situación de quiebra en la que se encuentra el pueblo. En total, ya son seis los concejales dimisionarios.
Precisamente, entre los motivos para que se vuelvan a convocar los plenos está el que se hagan efectivas esas últimas dimisiones. Ahora mismo, el gobierno municipal se sustenta solamente con el apoyo de la alcaldesa y otra concejala, cuando al inicio de legislatura el equipo de gobierno era de nueve ediles.
La clave es que la oposición cree que varios de los sustitutos de los concejales dimisionarios van a rechazar sustituirlos. En ese caso, la Corporación Municipal estaría incompleta (debe estar formada por los 13 cargos originales o, como mínimo, por ocho de ellos) y debería ser disuelta inmediatamente. Para forzar esa disolución, los concejales opositores se ofrecen incluso a dimitir ellos.
En ese momento, según establece el artículo 182 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la Diputación de Badajoz o, en último caso la Junta de Extremadura, debería tomar las riendas y nombrar una gestora hasta las próximas elecciones municipales formada por los concejales que aún quedasen y nuevos miembros designados por la institución.
Y para evitarlo, la alcaldesa lleva cuatro meses, desde julio, sin convocar un pleno. Y lo hace a pesar de que la ley establece que, en municipios de más de 5.000 habitantes, hay que convocar como mínimo una vez cada dos meses.
Para forzar esa situación, los cinco concejales de la oposición pedirán a la secretaría municipal la celebración de un Pleno extraordinario, por lo que de negarse la alcaldesa debería ser la propia interventora municipal la que lo hiciese de oficio.
Una situación inédita más en un Ayuntamiento con casi 200 trabajadores municipales sin cobrar, algunos desde hace 11 meses. El consistorio tiene una deuda que supera los 15 millones de euros. Tampoco se está pagando a los proveedores, muchos de ellos empresarios del pueblo, ni se pueden cubrir los servicios municipales porque faltan suministros.
Una de las últimas actuaciones que llevaron acabo los trabajadores y vecinos de Alburquerque en señal de protesta fue el corte de la carretera EX-110 para pedir que se les abonen sus nóminas.
