2 Febrero 2022, 10:10
Actualizado 2 Febrero 2022, 11:27

Abogados españoles han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la legalidad del modelo 720 de Hacienda para la declaración de bienes y derechos en el Extranjero, y desde ese Tribunal de Justicia se les ha dado la razón. Consideran que la normativa fiscal española impone unas restricciones a la libre circulación de capitales desproporcionadas y discriminatorias respecto a quien no tiene dinero fuera de su país.

Las multas que imponía Hacienda eran de, como mínimo, 1.500 o 10.000 euros, según si la declaración no se presentaba, se presentaba incorrectamente o fuera de plazo. Y de 5.000 a 100 euros por dato erróneo. Si no lo hacían, la sanción era del 150% por la regularización voluntaria en la que se pagaba el IRPF sobre bienes prescritos.

Este modelo afecta a muchos extremeños que tenían la obligación de declarar sus bienes. Algo más habitual, por cercanía, en el caso de bienes en el país vecino, ya sea una vivienda en la costa portuguesa o un huerto que heredaran de un familiar luso. Si no lo hacían o lo hacían mal, debían pagar una cuantiosa multa.

Ya en el 2015, desde la Comisión Europea se avisó al Gobierno de que su normativa estaba en el límite de lo aceptable. Pero no se hizo nada. Ahora se tumba ese modelo que casi con total seguridad seguirá funcionando en nuestro país, pero para obtener información, no con esas multas.  

Los contribuyentes afectados podrán recuperar el dinero de las sanciones, y como viene de un procedimiento de infracción (Hacienda no hizo nada a pesar de que Bruselas ya estaba avisando de la ilegalidad), ahora el Gobierno tendrá que devolver el dinero de las sanciones aunque sean firmes y no estén impugnadas, por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

 

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