La Junta de Extremadura ha acordado iniciar los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España al considerar que "invade competencias autonómicas" y establece un reparto económico "injusto" para la región.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha dado luz verde a la presentación de dos requerimientos previos a recursos judiciales: uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según ha explicado, el principal motivo del recurso es que el plan estatal "impone condiciones económicas y de gestión" con las que la Junta no está de acuerdo y que afectan directamente a su capacidad de decisión. "No vamos a aceptar que se nos impongan decisiones que corresponden exclusivamente a nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

Reparto "desequilibrado"

El Ejecutivo extremeño también cuestiona el reparto financiero del programa, al considerarlo claramente desequilibrado. En este sentido, Manzano ha detallado que, aunque el Estado incrementa su aportación en 2,9 veces, obliga a Extremadura a multiplicar por siete su financiación. De los 210 millones de euros consignados para la región, la comunidad tendría que aportar 84 millones con fondos propios.

"Esto no es justo. No se pueden tomar decisiones desde el Gobierno central y que luego sean las comunidades autónomas las que soporten la mayor parte del coste", ha afirmado la portavoz, que ha subrayado que el Ejecutivo autonómico actuará "en defensa de los intereses de Extremadura". 

Además, critica que la financiación se vincule a las denominadas zonas tensionadas, más presentes en otras comunidades como Cataluña o País Vasco, lo que, a su juicio, provocará un reparto desigual con mayor beneficio para esos territorios.

La Junta denuncia que el plan también limita su autonomía política. Advierte de que para desarrollar determinadas actuaciones, como inaugurar cualquier actuación, será necesario contar con autorización del Ministerio, lo que, según el Ejecutivo regional, supone una injerencia en sus competencias, a pesar de aportar una cantidad "ridícula", ha remarcado Manzano. 

Con este paso, la Junta pretende frenar una iniciativa estatal que considera perjudicial para Extremadura y reafirma su intención de "defender la autonomía financiera y la capacidad de decidir sobre las políticas de vivienda" en la comunidad.