El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Óscar Fernández, ha comparecido este jueves, tras la sesión plenaria en la Asamblea, para denunciar lo que considera una “gravísima situación” provocada por la política migratoria del Gobierno central y para anunciar una ofensiva jurídica y judicial contra el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados.

Fernández ha asegurado que la Junta actuará “con tranquilidad, pero con firmeza” y que no será “cómplice del engaño” que, según él, “la sociedad extremeña ha sufrido durante años”. “Vamos a luchar para que esto no se produzca desde la ley y con la ley”.

13 menores en 10 días y un total de 113 previstos

El vicepresidente ha asegurado que a los 106 menores que actualmente se encuentran el sistema llegarán siete más en los próximos días, alcanzando la cifra de 113, y que, en los últimos diez días han llegado 13 menores. “Esta situación está llevando absolutamente al límite al sistema de protección del menor de Extremadura”. Fernández Calle sostiene que el reparto es ahora obligatorio, a diferencia de 2024, y que la Fiscalía “amenaza con prevaricación” si la Junta no asume a los menores.

Acusaciones de fraude en las pruebas de edad

El vicepresidente ha denunciado un “fraude manifiesto” en la determinación de la edad: desde 2023, ha asegurado que 73 personas alojadas como adultas en el albergue de Mérida se declararon después menores, lo que supuso un coste de cuatro millones de euros. Muchos, ha dicho, abandonan el sistema cuando saben que se les hará la prueba.  Óscar Fernández ha anunciado que pedirá a la Fiscalía más pruebas de edad y que recurrirá “cada llegada” por vía administrativa y judicial.

El vicepresidente ha confirmado que la Junta judicializará cada imposición de llegada, exigirá responsabilidades penales a delegados y subdelegados del Gobierno, reforzará la seguridad en centros y alrededores y estudiará la repatriación de menores a sus familias en origen, al amparo del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Ha insistido en que “donde mejor están los menores es con sus padres” y que la Junta agotará todas las vías para devolverlos a sus países de origen cuando sea posible.