Unidas por Extremadura ha logrado sacar adelante una propuesta de pronunciamiento en la que reclama al Gobierno mejorar la atención y agilizar la gestión de las prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), así como promover la modalidad de atención presencial de forma estable y garantizar la atención en el área más próxima a la residencia del ciudadano o ciudadana.

La iniciativa, debatida en el Pleno de la Asamblea de este jueves, 18 de junio, ha salido adelante con los votos a favor del Grupo Popular, mientras que PSOE y Vox se han abstenido.

Defensa de una administración más cercana

En defensa de la propuesta, el diputado de Unidas por Extremadura Francisco Llera ha reclamado una administración "más humana y menos distante", y en este sentido ha recordado el caso de Juan Carlos, el funcionario de la oficina del SEPE en Mérida, al que se le ha abierto un expediente disciplinario por el "delito" de actuar "con vocación de servicio público, eficiencia y empatía" y superar el muro burocrático impuesto por la administración a través de la digitalización de los procesos de atención al público y la aplicación del denominado distrito único.

En su intervención, Llera ha remarcado que la situación de este funcionario, expedientado por atender a usuarios sin cita previa, "ha conseguido trasladar la voz de la gente de la calle al espacio público" y ha exigido el archivo inmediato del expediente.

Falta de personal y envejecimiento de la plantilla

Detrás de esta situación está el deterioro de los servicios públicos tras la crisis de 2008 con plazas que no se cubren, como reflejan los datos que manejan los sindicatos que son "demoledores".

En concreto, ha indicado que el SEPE arrastra un déficit estructural superior a los 5.000 funcionarios en todo el Estado, con plantillas que operan con más de un 25% de vacantes sin cubrir, al tiempo que ha destacado que el 60% de la plantilla tiene más de 50 años.

Por ello, la propuesta plantea exigir al Gobierno de España que dote de forma inmediata las plantillas del SEPE, que termine con el distrito único y que regule la atención directa y presencial, además de abrir una reflexión sobre "la cara oscura de la digitalización en la administración".

Críticas del PP y defensa del modelo extremeño

La diputada del Grupo Popular Isabel Cortés ha recordado que el parlamento ya aprobó en 2025 por unanimidad una propuesta similar para dotar con "más recursos, más personal, una atención más cercana y disminuir el colapso", pero desde entonces no se ha hecho "nada".

Por el contrario, ha defendido que en las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) sí se atiende sin cita previa, y ha destacado el impulso de la digitalización y una inversión de 416 millones de euros para mejorar servicios, recursos e infraestructuras.

No obstante, ha criticado la incoherencia de Unidas por Extremadura al formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a los diputados de esta formación que "exijan responsabilidades a los suyos, que son quienes las tienen".

Postura de PSOE y Vox

El diputado socialista Alfonso Beltrán ha compartido la preocupación de que el SEPE no esté dando un servicio de calidad, mencionando para ello planteamientos de la OCU, los sindicatos o el propio Defensor del Pueblo.

Sin embargo, ha anunciado la abstención de su grupo por la referencia a la situación laboral del citado funcionario de Mérida, sobre el cual ha señalado que el parlamento debe ser "especialmente prudente cuando se trata de valorar actuaciones individuales de empleados públicos y, por supuesto, sin tener toda la información al respecto".

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha dicho que coincide en buena parte del diagnóstico de Unidas, pero no en las soluciones que plantean, porque está en contra de la premisa de la formación de izquierdas de que "cuanto más crece la Administración, mejor funcionan los servicios públicos".

"La administración está absolutamente sobrecargada de funcionarios. No ha habido nunca una Administración tan voluminosa como la actual y tan inoperante como la actual", ha apuntado, por lo que ha planteado la necesidad de "desregular", así como introducir "criterios de racionalidad que hagan que funcione mejor".