La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura ha firmado un convenio de colaboración con el grupo empresarial Orenes por el que el 5% de los beneficios obtenidos por la empresa en la región durante 2024 se destinará a cinco asociaciones sociales extremeñas. Las entidades beneficiarias —Aunex, AFADS, AFAM, APSC y EmeriTEA— desarrollan su labor en distintos ámbitos de atención a personas vulnerables, como aquellas afectadas por sordera, Alzheimer o trastornos del espectro autista.

El acto de entrega simbólica de la donación ha tenido lugar este lunes en Plasencia, con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha agradecido al Grupo Orenes su compromiso con la sociedad extremeña: “Ese 5% no es solo una cifra, es una inversión en solidaridad, en cuidados, en bienestar y en esperanza”, ha afirmado.

"En el centro de las políticas"

Guardiola ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional con las personas más vulnerables y ha subrayado la necesidad de situarlas “en el centro de las políticas” para avanzar en “un mundo más justo y más humano”.
Asimismo, ha valorado la labor del tejido asociativo de la región, al que ha descrito como “un aliado imprescindible” en la atención y acompañamiento a familias que necesitan apoyo diario.

“Desde el Gobierno seguiremos trabajando para reforzar el trabajo tan maravilloso que realizan estas asociaciones, para llegar a más personas y con la mayor calidad posible”, ha asegurado.

La tractorada extremeña organizada por APAG Extremadura Asaja ha llegado finalmente a Bruselas, donde ha tenido lugar una manifestación frente al Parlamento Europeo para poner en valor el campo extremeño y la riqueza y calidad de los productos agroalimentarios de la región, como aceite de oliva y vino. Los agricultores extremeños han querido mostrar de manera simbólica, a través del reparto de estos productos, el esfuerzo y el trabajo que realiza el sector agrario en la región.

Según los organizadores, el objetivo de esta acción es denunciar las normativas europeas que, a su juicio, asfixian el trabajo de los agricultores y ganaderos extremeños, al estar desconectadas de las realidades y necesidades del ámbito rural. Los agricultores reclaman una revisión de las políticas agrícolas comunes que consideren las particularidades de las zonas rurales y no impongan medidas que dificulten la viabilidad de las explotaciones.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, que encabeza la protesta, ha destacado que la tractorada busca dar visibilidad a las dificultades que enfrentan los agricultores ante las regulaciones europeas que, en su opinión, no favorecen el desarrollo del sector agroalimentario de la región.

Encuentro con Puigdemont

De camino a Bruselas, los participantes en la tractorada realizaron una parada simbólica en Waterloo, donde se detuvieron frente a la casa de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña. En este lugar, los agricultores han explicado sus reivindicaciones al político catalán, a quien han trasladado sus peticiones para mejorar las condiciones del campo y la agricultura en toda Europa.

Una nueva oleada de robos ha afectado a bodegas y empresas del sector agroalimentario en los polígonos industriales de Almendralejo y en otros municipios cercanos. Entre los afectados se encuentra la bodega Nuestra Señora de la Soledad, ubicada en Aceuchal, que ha sufrido un nuevo hurto en sus instalaciones.

Piden más recursos y seguridad

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) ha exigido de manera urgente a la Delegación del Gobierno en Extremadura la asignación de más recursos para combatir esta creciente ola de robos de cobre en explotaciones agrarias, naves industriales y bodegas de la comarca. En este sentido, la organización agraria también ha solicitado al Ayuntamiento de Almendralejo que refuerce la Guardería Rural y la Policía Local, con el fin de mejorar el control y la vigilancia de las zonas afectadas.

Juan Antonio González, portavoz de la Clygal, ha avanzado que, si la inseguridad persiste, se tomarán medidas de presión para exigir a las autoridades una respuesta más eficaz ante el incremento de estos delitos. "No se puede permitir semejante impunidad ante el aumento de la delincuencia", ha afirmado González, recordando que hace poco más de un mes ya se registraron episodios similares en la zona.

La comunidad agraria considera intolerable que estos robos de cobre de acometidas industriales, naves agrícolas y casetas de riego se repitan con tanta frecuencia, y exige que las autoridades competentes actúen con urgencia y contundencia.