La energía nuclear vuelve a centrar todas las miradas tras el estallido de la guerra entre EEUU, Israel e Irán y el encarecimiento de la luz y los combustibles. Este martes ha sido la presidenta de la Comisión Europea la que ha dejado claro que Europa se equivocó al alejarse de este tipo de energía.

"Fue un error estratégico para Europa"

Ursula Von der Leyen ha dicho que "fue una decisión y vemos que fue un error estratégico para Europa dar la espalda a una fuente fiable, asequible, con bajas emisiones. Y esto tendría que cambiar".

Declaraciones durante la cumbre que se celebra en París. Von der Leyen ha propuesto una nueva estrategia que combine energía nuclear y renovables para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas. Y ha anunciado que Bruselas movilizará 200 millones de euros para apoyarla.

España no da marcha atrás

Países como Francia ya han manifestado su apoyo a la estrategia europea. Otros, como España, no dan marcha atrás en su plan de cierre a las nucleares. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que en nuestro país tenemos sol, tenemos viento. Y en España, ha recordado, las empresas desde 2018, año en el que el Gobierno puso encima de la mesa un marco legal fiable, han apostado por las renovables. Ésa es la apuesta ganadora, ha concluido.

Entre tanto, más cerca, desde Extremadura los defensores de Almaraz vuelven a pedir al ministerio que reflexione y alargue la vida útil de las centrales. El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro', Fernando Sánchez, ha pedido que se mire a lo que está ocurriendo en Europa para abandonar, ha dicho, las decisiones ideológicas y adoptar medidas estratégicas que fomenten la energía nuclear. 

Una energía, ha insistido, que "tan necesaria es para la seguridad del suministro como para la independencia energética de España y toda Europa".

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel cumple ya diez días y sus efectos económicos comienzan a notarse con fuerza en hogares y empresas españolas. La subida del precio de los carburantes no es la única consecuencia: la electricidad se ha disparado, el gas marca máximos y las hipotecas podrían encarecerse si continúa la escalada del euríbor.

Este martes, encender la luz costará mucho más que en todo el último año. El precio medio del megavatio hora alcanza los 137 euros, frente a los apenas 14 euros del 28 de febrero, antes del inicio del conflicto. Un incremento cercano al 900% en solo diez días, provocado principalmente por el encarecimiento del gas natural.

Ángel Bernáldez, experto energético de Arram Consultores, explica que “es el precio del gas el que está marcando el coste de la energía. Estamos en un mercado marginalista: el ciclo combinado, que utiliza gas, arrastra al resto de tecnologías a ese precio elevado”.

Las asociaciones de consumidores advierten de que la factura eléctrica podría subir unos 20 euros al mes de media. Los primeros en notarlo serán los clientes del mercado regulado, directamente vinculados al precio mayorista.

Lali Bermejo, portavoz de la Unión de Consumidores de Extremadura, insiste en que el impacto será inmediato: “La subida la vamos a ver ya en la factura del próximo mes. Lo que debemos hacer es acudir a los comparadores y buscar si alguna comercializadora ofrece una mejor tarifa”. En el mercado libre, el incremento llegará cuando venza cada contrato y se revise la tarifa.

La organización de consumidores pide al Gobierno que active medidas para amortiguar el golpe en las economías domésticas si el conflicto se prolonga, dado que su impacto ya afecta a más de 11 millones de españoles que dependen del precio del gas y la luz.

Y aunque la guerra pudiera resolverse pronto, el impacto ya es un hecho: la tensión en los mercados energéticos continuará repercutiendo en combustibles, electricidad e hipotecas, dejando un escenario de incertidumbre para las próximas semanas.

Extremadura mantiene en activo a 153 médicos que continúan trabajando tras alcanzar la edad de jubilación, una medida extraordinaria que el Gobierno central puso en marcha en 2022 y que se ha ido prorrogando para paliar la falta de profesionales en la sanidad pública. De ellos, 70 son médicos de familia y 2 pediatras, mientras que el resto pertenece a otras especialidades.

Uno de estos profesionales es José María Villanueva, médico de familia de 67 años que continúa atendiendo consultas. Explica que acogerse a la jubilación activa le aporta “sentirse necesario, mantenerse intelectualmente activo y una mejor vida social, también desde el punto de vista económico”. Con este sistema, los facultativos perciben el 75% de su pensión contributiva, además de su salario habitual.

Pero, más allá de la continuidad vocacional, la medida responde a una necesidad estructural de la Administración. “No surge solo del compromiso. La Administración necesita médicos con experiencia que den el 100% desde el primer día, porque no hay suficientes para cubrir las plazas vacantes”, señala Villegas.

La realidad lo confirma: el 60% de las plazas de médico de familia convocadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES) quedan desiertas. En la última convocatoria, celebrada el 9 de noviembre, se presentaron 270 aspirantes, pero solo 91 habrían aprobado, cuando el SES ofertaba 231 plazas. Una situación que el Servicio Extremeño de Salud reconoce como urgente y para la que asegura que ya trabaja en soluciones, recordando además que se trata de un problema que afecta también a otras comunidades autónomas.

Desde el Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) ya habían alertado de esta situación y de las quejas de los propios opositores por la dificultad de la prueba, un factor que, unido al déficit de profesionales disponibles, agrava aún más la cobertura asistencial.

Mientras tanto, Extremadura continúa apoyándose en los médicos en jubilación activa para sostener los centros de salud y garantizar la atención. Una medida temporal que, según profesionales y sindicatos, no podrá sostenerse sin una planificación más profunda que permita atraer y retener médicos en la región.

Las infraestructuras de riego dañadas por las recientes borrascas, especialmente en las Vegas Bajas, no podrán ser reparadas a tiempo para el inicio de la campaña debido a la falta de ayudas inmediatas. Los regantes trabajan por ahora con financiación particular, recurriendo a créditos propios para acometer las reparaciones más urgentes.

Extremadura tiene garantizado el agua para las próximas siete campañas, pero el inicio de la actual llega en plena contrarreloj. Los agricultores estiman en más de 7 millones de euros los daños en infraestructuras propias, con casi 47.000 hectáreas afectadas en las Vegas Bajas.

Desde la Junta no se han anunciado ayudas específicas y las previstas por el Ministerio, enmarcadas en el Plan de Desarrollo, con 600 millones de euros para Extremadura y Andalucía, no llegarían a tiempo por los plazos administrativos.

Francisco Sánchez, presidente de Regantex, explica que no queda margen para esperar: “Tenemos veinte días para empezar la campaña de riego. Estamos recurriendo a financiación particular y reparando lo que podemos. No podemos parar para protestar; hay que resolverlo”.

En la Cuenca del Tajo los daños han sido menores, aunque también es necesario intervenir en caminos y accesos. Primitivo Gómez, secretario de Regantex, detalla que la Confederación tiene asignados 4 millones de euros para reparar las infraestructuras de comunicación de las fincas.

A los problemas derivados del temporal se suma la previsión de sobrecostes durante la campaña. “Tenemos el aumento de los carburantes y de los precios de los abonos”, recuerda Sánchez.

De momento, los regantes trabajan en coordinar criterios y actuaciones para garantizar un arranque de campaña rápido y eficiente, pese a la ausencia de ayudas inmediatas.