Comer bien se aprende desde la infancia, pero no siempre la publicidad acompaña ese objetivo. El Gobierno trabaja en una nueva regulación para restringir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, con la intención de reducir la exposición de niños y adolescentes a mensajes que promocionan productos muy calóricos y de bajo valor nutritivo. La propuesta, adelantada como uno de los próximos pasos en materia de consumo, se hará pública en las próximas semanas.

Según datos del Gobierno, el 80% de los niños y niñas toman alimentos ultraprocesados. Para combatir esta cifra, el gobierno quiere poner fin a la publicidad que muestra alimentos insanos. El planteamiento pasa por poner coto a anuncios y campañas que incentiven la ingesta de productos no saludables en canales con alta audiencia infantil y juvenil, tanto en televisión como en redes sociales. "Nuestro siguiente paso va a ser regular la publicidad de alimentos insanos destinada a niños, niñas y adolescentes, con una nueva propuesta normativa que vamos a hacer pública en las próximas semanas", ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

La iniciativa llega con un amplio apoyo ciudadano. Ocho de cada diez personas consideran necesario proteger a los menores frente a este tipo de publicidad, al entender que se trata de una población especialmente vulnerable ante los mensajes comerciales.

Desde el ámbito profesional de la nutrición se subraya que regular la publicidad infantil no limita la libertad, sino que protege a quienes aún no tienen desarrollada una capacidad crítica para interpretar el marketing. Los especialistas recuerdan que cada menor recibe decenas de impactos publicitarios al día relacionados con alimentos de baja calidad nutricional, una exposición que condiciona preferencias y elecciones.

La norma pretende alinearse con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se enmarca en la estrategia de lucha contra la obesidad infantil. El objetivo: reducir la presión del marketing sobre los más jóvenes, promover entornos alimentarios más saludables y reforzar la educación nutricional desde edades tempranas.

La aprobación del decreto que actualiza el salario mínimo interprofesional (SMI) tendrá efecto inmediato en la nómina de febrero y carácter retroactivo desde el 1 de enero. El incremento supondrá más de 500 euros adicionales al año para los trabajadores que perciben el salario mínimo, un colectivo especialmente numeroso en comunidades como Extremadura donde los sueldos bajos tienen mayor peso en el mercado laboral. Nuestra región es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores que perciben el salario mínimo, más de 70.000, así que será una de las regiones donde más se note la medida.

Los sindicatos celebran la subida

Las organizaciones sindicales consideran la medida un paso importante para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan y subrayan que contribuye a reducir desigualdades económicas y laborales.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, señala que “aquellos sectores que siguen diciendo que la subida tiene un impacto negativo no tienen ninguna evidencia que lo respalde. Lo hacemos con justicia social y con justicia fiscal”.

Por su parte, Paqui Gómez, secretaria de acción sindical de CCOO Extremadura, destaca que “el rostro del salario mínimo en Extremadura es el de una mujer de entre 35 y 40 años, con contrato indefinido a jornada parcial. También afecta especialmente a personas con contratos temporales y a sectores como los servicios y la hostelería”.

Aseguran que la actualización del salario mínimo es una herramienta “necesaria” para compensar el aumento del coste de la vida y repartir mejor los beneficios empresariales.

La patronal advierte de más presión para las empresas

Por su parte, la patronal ha mostrado sus reservas respecto al incremento del SMI alertando de que puede añadir más presión a los costes laborales de pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo regional.

Javier Peinado, presidente de la CREEX, cree que "una vez más se adultera lo que es el diálogo social y lo que es aún peor, la negociación colectiva".

La patronal insiste en que muchas compañías ya operan con márgenes ajustados y que una subida del SMI puede acentuar las dificultades en sectores sensibles, especialmente en actividades intensivas en mano de obra.