El adelanto electoral y la disolución de la Asamblea de Extremadura llevará a los extremeños de nuevo a las urnas el 21 de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas. El decreto de disolución, publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura, pone fin a la actual legislatura y abre un periodo de transición institucional en el que tanto el Parlamento como el Ejecutivo regional quedan en funciones.
Esto significa que el Gobierno de María Guardiola no puede aprobar ni retirar proyectos de ley, ni adoptar nuevas medidas para ejecutar los presupuestos. Tampoco puede solicitar la reunión de la Asamblea en sesión extraordinaria, aprobar o autorizar convenios de colaboración con el Estado ni modificar la estructura de la Junta, lo que implica que no puede nombrar ni destituir altos cargos.
Sin embargo, el Ejecutivo sí puede autorizar los gastos ordinarios de su competencia, como el pago de nóminas o gastos corrientes, y seguir cumpliendo el programa político aprobado. Además, puede interponer recursos de inconstitucionalidad y dictar decretos leyes cuando exista una situación de urgencia o necesidad.
La Diputación Permanente asume el papel de la Asamblea
En el ámbito legislativo, y mientras la Cámara está disuelta, la Diputación Permanente asume las funciones de la Asamblea de Extremadura.
Este órgano, formado por 16 miembros, puede convocar pleno o comisiones si al menos nueve de ellos lo acuerdan. También tiene la facultad de convalidar los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo y deberá ser informada si la presidenta de la Junta delega sus funciones en alguno de sus consejeros.
Tanto el Gobierno en funciones como la Diputación Permanente mantendrán su actividad limitada hasta la constitución de la nueva legislatura, la duodécima, prevista por ley para la primera semana de enero de 2026.
