La actividad parlamentaria se retoma esta semana en la Asamblea de Extremadura, a pesar de que la Junta continúa en funciones. El pleno abordará la convalidación de un decreto ley, pactado por Partido Popular y Vox, con el objetivo de evitar la paralización de determinadas ayudas y de procesos como las oposiciones, garantizando así el funcionamiento ordinario de la Administración autonómica. La convalidación del decreto está prevista para el jueves en el Parlamento regional.
Desde el Partido Popular, su portavoz José Ángel Sánchez Juliá ha defendido la norma señalando que “Este decreto no es para que el gobierno haga lo que quiera, es un decreto ley para corregir rigideces”. En términos similares se ha expresado Vox, cuyo portavoz Óscar Fernández ha justificado el apoyo de su grupo afirmando que “Entendemos que Extremadura a pesar de las circunstancias no tiene porque estar paralizada y simplemente y solamente pensando en los extremeños vamos a ratificar este decreto”.
Las formaciones de la oposición han mostrado su rechazo al acuerdo entre PP y Vox. Desde el PSOE, Piedad Álvarez ha criticado la coincidencia entre ambas fuerzas políticas al señalar que “Partido Popular y Vox cuando quieren se ponen de acuerdo y cuando no quieren lo que hacen es jugar con el futuro de esta tierra”.
Por su parte, Unidas por Extremadura ha cuestionado duramente la medida. Su portavoz, Irene de Miguel, ha calificado la norma como “Un decreto de dudosa legalidad pero claramente antidemocrático que pretende dar funciones a un gobierno en funciones y pretende dárselas ese mismo gobierno que está en funciones”.
El debate y votación del decreto marcarán el inicio del curso parlamentario tras el periodo de interinidad institucional, en un contexto de fuerte confrontación política sobre los límites de actuación del Ejecutivo extremeño mientras no se conforme un nuevo Gobierno.
La Junta aprueba un decreto-ley para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa
