Cacereños andando por el Paseo de Cánovas
'America First' fue el célebre lema que impulsó a Donald Trump a la Casa Blanca. Un reclamo que hizo fortuna, también, en España y en Extremadura. Desde Almendralejo, Óscar Fernández lo dejaba claro en plena campaña electoral: "El dinero deber ir para lo importante, las necesidades de los extremeños, ¡y los extremeños, siempre, primero!". Ahora, por primera vez, ese principio de prioridad nacional se plasma ya por escrito en un acuerdo de gobierno. "Primero los extremeños -reafirmaba esta misma mañana Ángel Pelayo Gordillo-, no se trata de excluir a nadie, sino de que nosotros primero".
De la proclama política al acuerdo legal
Sin embargo, en las medidas concretas no hay referencias explícitas a la nacionalidad, sino al arraigo con el territorio. Ese será el requisito para acceder a ayudas, subvenciones o prestaciones así como el acceso a viviendas públicas. Arraigo que se medirá con criterios como el empadronamiento, la vinculación con la región o los años de cotización. Un pacto, por tanto, que endurece las ayudas públicas a los que vayan a venir o lleven poco tiempo en la región, pero independientemente de su nacionalidad. "El pacto es muy claro -explicaba esta mañana el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá-, es un pacto que no excluye, que no habla de nacionalidades y que fomenta el arraigo en Extremadura".
"Es un pacto que no excluye, que no habla de nacionalidades y que fomenta el arraigo"
Pero el propio concepto de arraigo puede ser problemático. Según explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Marcos Criado de Diego, "el arraigo ya se comprueba a la hora de otorgar la residencia, por lo que no tendría sentido volver a exigirlo para el disfrute de un derecho". También el criterio de cotización puede resultar dudoso legalmente en el caso, por ejemplo, de prestaciones no contributivas porque "por definición, no son contributivas", reitera de Diego.
La atención a inmigrantes irregulares, solo en casos de "urgencia vital"
El acuerdo sí es más explícito a la hora de limitar las ayudas y servicios sociales solo se concederán en "supuestos de urgencia vital" a los inmigrantes en situación irregular. "Atender a todos los inmigrantes irregulares que llegan a Extremadura tiene un coste, y ese coste lo pagan los extremeños; queremos una inmigración ordenada y sostenible", defendía de nuevo Pelayo Gordillo. Sin embargo, advierte los expertos, habrá que delimitar bien el alcance de esa limitación y la edad de los afectados. "Si la prestación se reduce a los casos con peligro de muerte, estaríamos fuera del criterio constitucional, y si hay niños involucrados, prevalece el interés del menor", explica Marcos Criado.
"Si la prestación se reduce a los casos con peligro de muerte, estaríamos fuera del criterio constitucional, y si hay niños involucrados, prevalece el interés del menor"
Dudas de inconstitucionalidad ante las que el pacto intenta blindarse con continuas referencias al respeto a la legalidad vigente. Aún así, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Justicia ya han anunciado que el ejecutivo recurrirá al Constitucional todo el contenido que considere "discriminatorio y contrario a derecho".
