FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Extremadura insiste en una financiación autonómica más justa
La Junta afirma que el incremento de las entregas a cuenta para 2027 no modifica el actual modelo de financiación y reclama que se tengan en cuenta la dispersión poblacional y el coste de los servicio
La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, ha respondido al anuncio del Gobierno central sobre las entregas a cuenta para 2027, que situarán los recursos destinados a la comunidad en 4.819 millones de euros, un 7,6 % más que en el ejercicio anterior.
El Gobierno regional reclama un cambio de modelo
La Consejería ha señalado que este anuncio no resuelve ni modifica el debate sobre una financiación autonómica justa, al considerar que los 5.094 millones de euros comunicados por el Ejecutivo central corresponden a las entregas a cuenta de 2027 y a la liquidación de 2025, calculadas conforme al sistema de financiación actualmente vigente.
Asimismo, ha aclarado que estas cantidades están vinculadas a la evolución de la recaudación tributaria y no al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno pretende impulsar.
Extremadura mantiene su peso relativo
La Junta ha destacado que, pese al incremento anunciado, el peso de las entregas a cuenta y la liquidación de Extremadura sobre el total de las comunidades autónomas se mantiene en el 2,77 %, el mismo porcentaje registrado en 2026. Además, la Administración autonómica ha advertido de que esta participación relativa es la más baja del periodo comprendido entre 2013 y 2027, por lo que considera que el aumento de recursos no corrige los desequilibrios existentes en el sistema.
Defensa de los criterios territoriales
Por ello, el Ejecutivo extremeño ha reafirmado su posición a favor de una reforma del modelo de financiación. La Junta ha asegurado que seguirá defendiendo un sistema más justo y adaptado a la realidad de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta factores como la dispersión de la población, la extensión territorial y el mayor coste que supone garantizar servicios públicos de calidad en una región con estas características.