Desde este viernes, las personas que tengan contratadas a empleadas o empleados de hogar están obligadas a realizar un informe de evaluación de riesgos laborales en sus domicilios. Este documento debe incluir la descripción de las tareas, los riesgos asociados y un plan de actuación ante emergencias, además de garantizar la información y las protecciones necesarias para el desarrollo seguro del trabajo.

La medida consolida un nuevo derecho para las casi 380.000 empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social, que hasta ahora no contaban con protección en materia de salud laboral. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones que superen los 49.000 euros, según la normativa vigente.