Los dos decretos que cayeron el viernes en el Congreso son los que han vuelto hoy al consejo de ministros. Eso sí, con una serie de modificaciones técnicas, aunque sin cambiar en lo esencial. 

Lorena Chano, profesora de Derecho Constitucional en la UEx, opina que "el hecho de que fuese exactamente el mismo contenido y las mismas medidas sería un claro indicador de que estaríamos próximos a un subterfugio, un fraude".

Y es que las Cámaras están ya disueltas y la que decidirá si salen o no adelante es la Diputación Permanente. Un órgano de 69 miembros en el que el voto de Junts ya no es necesario. Una especie de minicongreso que sólo actúa en casos concretos, como explica Chano: "Tiene que ser lo suficientemente urgente, como que la solución se necesite a nivel social antes de lo que tardaría en llegar una norma por los cauces procedimentales normales".

Gabriel Moreno, también profesor de Derecho Constitucional en la UEx, opina que estos dos decretos "no reúnen el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad establecido en la Constitución, porque podrían haberse aprobado por el cauce ordinario".

No sería la primera vez que el Gobierno de Sánchez saque adelante medidas de vivienda a través de la Diputación Permanente. Tras disolver las Cortes el 5 de marzo de 2019, aprobó al día siguiente otro decreto sobre el alquiler, que aumentaba la prórroga de los contratos.

El Partido Popular lo recurrió, señalando que no se cumplía la urgente necesidad. El Tribunal Constitucional tumbó dos disposiciones adicionales, pero avaló el resto de la norma.