La portavoz socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha acusado a la Junta de Extremadura de no haber licitado aún el nuevo contrato del servicio de seguridad y vigilancia de los hospitales y centros sanitarios del SES, cuyo contrato actual expira el 15 de octubre. Según el PSOE, esta falta de previsión mantiene en “incertidumbre” a los trabajadores y deja sin respuesta sus dudas sobre qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

Gil Rosiña sostiene que, a menos de dos meses de la fecha límite, la Consejería de Salud no ha informado ni a los empleados ni a los sindicatos sobre el futuro del servicio. Recuerda que el contrato vigente se licitó en 2021, bajo el gobierno de Fernández Vara, y critica que el Ejecutivo de María Guardiola “no haya planificado” la renovación a tiempo. Para los socialistas, se trata de un servicio “esencial” para la seguridad de profesionales, pacientes y usuarios, y temen que la situación derive en un escenario similar al del transporte escolar, cuya tramitación también ha generado incertidumbre.

La Junta responde: el nuevo contrato está en preparación

La Consejería de Salud ha respondido asegurando que el nuevo contrato ya se está diseñando y que incluirá una mejora salarial del 18% para los trabajadores, en línea con las actualizaciones del Convenio de Seguridad Privada. El Ejecutivo autonómico explica que el contrato de 2021 contemplaba solo un 2% de actualización acumulada para el periodo 2022‑2026, una previsión que ha quedado desfasada ante el incremento real de los costes laborales.

El Gobierno detalla que el nuevo expediente incorporará:

• Actualización de costes salariales
• Una estructura económica ajustada a los costes reales del servicio
• Definición expresa de las prestaciones vinculadas a la Dirección y al Departamento de Seguridad
• Refuerzo de efectivos en los centros que lo necesiten
• Mejoras tecnológicas, formativas y de control de calidad

La Junta acusa al PSOE de “alarmismo” y asegura que el contrato heredado es “claramente mejorable”. Afirma que trabaja en un modelo más robusto y adaptado a las necesidades actuales de la sanidad pública extremeña y subraya que “la continuidad del servicio está garantizada”.