Mariluz García y Carlos Regidor, propietarios de los Apartamentos Turísticos La Plazuela, aseguran que todo comenzó cuando una familia realizó una reserva para alojarse durante siete días en uno de los apartamentos. Según su versión, una vez finalizada la estancia, los ocupantes se negaron a abandonar la vivienda alegando disponer de un supuesto contrato de arrendamiento con una duración de siete años.

Los propietarios sostienen que dicho contrato es "falso" y recuerdan que el inmueble forma parte de un establecimiento de apartamentos turísticos, una circunstancia que, afirman, permite demostrar que no se trata de una vivienda destinada al alquiler residencial. Según explican, ya han denunciado la situación en varias ocasiones ante la Guardia Civil. "Me llamó ella unas horas después para decirme que no iban a salir, que ellos tenían un contrato de alquiler por siete años, cuando lo que existe es una factura correspondiente a siete días", relata Mariluz García.

Además de la ocupación del inmueble, los propietarios aseguran estar sufriendo importantes pérdidas económicas. Según explican, los ruidos y molestias generados en el edificio les han obligado a cancelar reservas en los otros dos apartamentos turísticos que explotan en el mismo inmueble. 

Carlos Regidor también ha denunciado que los problemas han acabado extendiéndose al resto del vecindario. Inicialmente, ha indicado, los altercados se producían entre los propios ocupantes, pero posteriormente comenzaron los enfrentamientos con vecinos de la localidad. 

La tensión acumulada llevó este viernes a varios residentes a protagonizar una cacerolada y a convocar una concentración de protesta para reclamar una solución a la situación. Los propietarios aseguran contar con el respaldo de buena parte de los vecinos del municipio y afirman que seguirán luchando para recuperar lo que consideran su medio de vida.

La versión de la familia que reside en el inmueble

Frente a estas acusaciones, Estefanía Asensio, una de las residentes en el apartamento, rechaza ser una okupa y sostiene que su familia dispone de un contrato de arrendamiento. "Yo no soy ninguna okupa, tengo mi contrato de arrendamiento", afirma, y añade que "si ellos lo que querían era estafarme, les ha salido mal porque a mi no me va a estafar nadie".

Según su relato, el contrato se lo entregó el propio Carlos y lleva el sello de la empresa. Asegura que les pidió desde el principio que hicieran el contrato a nombre de su madre por ser la que tiene ingresos y, añade que Mariluz le prometió un trabajo en el balneario de la localidad. Asensio acusa a los dueños del alojamiento de intentar ahora recuperar la vivienda pese a la existencia de ese documento. "Esta señora quiere echarnos de aquí y quedarse todo el dinero", insiste.

La residente también denuncia estar siendo objeto de insultos, amenazas y coacciones desde que comenzó el conflicto. Según afirma, algunos vecinos del pueblo les han lanzado piedras y petardos y han proferido insultos contra su familia. Asimismo, asegura que les han cortado el suministro de luz y agua, unos hechos que considera una medida de coacción y que, según dice, ya han sido denunciados. La familia sostiene además que ha contratado servicios de vigilancia después de que, según su versión, uno de los propietarios, Carlos, intentara acceder al inmueble. Por todo ello, ha explicado Estefanía, los propietarios tienen una orden de alojamiento del apartamento. 

Actualmente, según explica Asensio, en la vivienda residen tres personas: ella, junto con su madre y su hermano. Y afirma que dos de los residentes tienen algún tipo de discapacidad.