El juicio por el atropello mortal ocurrido hace un año en la Avenida de la Hispanidad, en Cáceres, en el que perdió la vida una joven de 29 años que cruzaba por un paso de peatones, ha quedado visto para sentencia. El conductor, que se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima, se enfrenta a penas de prisión que oscilan entre los 7 años solicitados por la acusación particular y los 4 años que pide el Ministerio Fiscal.

Durante la vista, el acusado ha reconocido los hechos y ha pedido perdón a la familia. Asimismo, ha afirmado que aquella noche consumió únicamente “un par de cervezas” tras finalizar su jornada laboral. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por varios testigos. En concreto, cuatro trabajadores de los dos establecimientos donde estuvo han asegurado que el acusado presentaba signos de ebriedad, lo que podría reforzar el delito de conducción bajo los efectos del alcohol, sumado al homicidio por imprudencia.

Declaraciones y pruebas

El abogado de la acusación, Ángel Luis Aparicio, ha sostenido que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol y ha subrayado que: "Estaba bebido aunque el test no haya dado positivo porque se presenta once horas después de ocurrir el hecho en comisaría". En este sentido, la prueba de alcoholemia se realizó al día siguiente, cuando el acusado acudió voluntariamente a dependencias policiales para reconocer lo sucedido.

Además, se le imputa un delito de omisión del deber de socorro. Dos testigos han relatado que, tras el atropello, la furgoneta emprendió la huida a pesar de los gritos que instaban al conductor a detenerse.

Por su parte, la defensa ha solicitado la aplicación de atenuantes como el reconocimiento de los hechos y la reparación civil de los daños causados. El abogado defensor, Emilio Cortés, ha argumentado que: "Dado el reconocimiento de hechos que él hizo en su momento y viene a suponer una suerte de confesión le atribuye los hechos causados evidentemente dentro de ese escenario al que nos enfrentamos, estamos ante umbrales de prisión o ante umbrales de pena que justificaría su no ingreso en prisión".

Peticiones de pena

El Ministerio Fiscal ha rebajado su petición inicial y solicita dos años de prisión por cada uno de los delitos, mientras que la acusación particular mantiene su solicitud de 7 años de cárcel. Será ahora el tribunal quien determine la responsabilidad penal del acusado en una sentencia que pondrá fin al proceso judicial.