La empresa adjudicataria, responsable de alquilar y poner a disposición una vivienda para el servicio de menores tutelados, cambiará de ubicación tras las protestas de la comunidad de propietarios en Cáceres.

Los residentes, en su mayoría personas mayores, han colocado una pancarta y aprobado acuerdos en junta para mostrar su rechazo, alegando que la ubicación “no es adecuada” por la vulnerabilidad de quienes viven allí.

Los vecinos temen que se repita un caso similar al ocurrido en Badajoz y defienden que la prioridad debe ser proteger a los mayores y evitar conflictos.

La Junta señala que la empresa adjudicataria es la responsable de habilitar una vivienda adecuada para el desarrollo del servicio, mientras que la administración extremeña tiene la obligación de dotar los recursos necesarios para garantizar la prestación del recurso residencial para menores.