Agentes de la Guardia Civil del Puesto al Puesto de Hoyos han detenido en la localidad de Moraleja a un hombre, como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas con grave daño para la salud, en el marco de una actuación que ha permitido retirar del mercado 2.775 dosis de cocaína listas para su supuesta venta y distribución. 

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Hoyos, que se encontraban de servicio en un paraje del término municipal de Moraleja, observaron la llegada de un vehículo del que descendieron dos personas. Una de ellas, conocida por los agentes por sus antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, portaba un bote de cristal de grandes dimensiones. 

Ambos individuos accedieron a una caseta del lugar, dejando la puerta abierta, lo que permitió a los agentes comprobar cómo uno de ellos manipulaba y dosificaba una sustancia de color blanco, supuestamente cocaína. En ese momento se procedió a identificar al sospechoso y a comprobar claramente la sustancia que estaba manipulando (cocaína), procediendo por ello a su detención. 

Los agentes incautaron 2.775 dosis de cocaína presentada en formato roca, además de dos envoltorios dosificados con 6 gramos de la misma sustancia, una báscula de precisión, numerosos plásticos preparados para la confección de dosis, un cuchillo de grandes dimensiones y 585 euros en efectivo, supuestamente procedentes del tráfico ilícito. 

Reincidentes  

Apenas unos días antes, el 20 de septiembre, el responsable de estos hechos ya había sido detenido por la Guardia Civil al ser sorprendido cuando circulaba en un vehículo con 33 pequeños envoltorios de cocaína dispuestos para su supuesta venta y distribución, lo que supuso que fuera detenido, y puesto disposición de la autoridad judicial, como supuesto autor de un delito contra la salud pública. 

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales el detenido, junto con la droga incautada, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Coria (Cáceres), como supuesto autor de un nuevo delito contra la salud pública, por tráfico de drogas 

La Sección Sindical de UGT-FICA de Cetarsa ha mostrado su "preocupación" por la repercusión que pueda ocasionar a las comarcas tabaqueras del norte de Cáceres la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/2005 y que incluyen nuevas medidas frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados con el tabaco.

Una nueva norma que supondría "otro aprieto de tuercas al sector productor y transformador" del norte de Cáceres, donde se produce el 98% de cultivo de tabaco del total de la superficie española, y que desde hace décadas genera más de 2.100 empleos directos a jornada completa, más los indirectos, logrando así fijar población al territorio".

El sindicato critica en una nota de prensa la "doble moral de España y Bruselas" al impulsar este nueva legislación después de que el estado español ingresara casi 9.000 millones de euros por el impuesto del tabaco en 2024.

La producción y transformación del tabaco mantienen en estas zonas el "poco tejido industrial" existente, señala UGT-FICA, que añade que en caso de desaparición de la hilera del sector productor y transformador "no hay ningún cultivo alternativo".

Asimismo, subrayan que tanto el sector productor como las empresas transformadoras "no siembran fumadores", ya que esta es una opción "libre y personal".

La Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha concedido ayudas por más de 195.000 euros a siete asociaciones de mujeres que trabajan en Extremadura en proyectos para el fomento de la igualdad de género, la participación social de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Se trata de las ayudas de la 'Modalidad A, Proyectos de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género' del Pacto de Estado.

Las beneficiarias de estas subvenciones son Fexamur (Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales); Extremadura Entiende; ADHEX (Asociación de Derechos Humanos de las Mujeres de Extremadura); MZC (Mujeres en Zona de Conflicto); Malvaluna; Asociación Metik y Fundación Mujeres.

El abono de estas subvenciones se realizará en un único pago y cada entidad deberá hacer constar que el proyecto se ha financiado con cargo a los fondos de Pacto de Estado, según recoge la resolución que publica este lunes el Diario Oficial de Extremadura.

Tal y como indica la Junta en una nota de prensa, a la convocatoria de 2025 se han presentado 22 solicitudes, de entre las que han sido seleccionadas las que "mejor se adecuan a las bases reguladoras para la sensibilización y prevención de la violencia de género, la participación de las mujeres en movimientos o actividades sociales y la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos".

Los proyectos serán subvencionados con fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el marco de los ejes 1, 5, 6, 7 y 8 del mismo.

Las familias con menores de 1 a 3 años podrán solicitar, a partir de este martes, las ayudas que concede la Secretaría General de Igualdad y Conciliación para sufragar el coste de guarderías privadas que se encuentran fuera de la red educativa de centros de la Junta de Extremadura, con un máximo de 200 euros mensuales durante 12 mensualidades.

Estas ayudas, que tienen como fin facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se pusieron en marcha el pasado año para menores de 2 a 3 años, ampliándose en este a menores de 1 a 2, para lograr llegar un mayor número de familias.

El importe total de esta convocatoria es de 5.220.000 euros, de los que 2.610.000 euros se destinarán a la anualidad de 2025 y, la misma cantidad a la de 2026, con financiación a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tras la publicación este lunes de la primera convocatoria de estas ayudas en el Diario Oficial de Extremadura, las familias podrán solicitarlas a partir de este marte y hasta el 31 de octubre, siendo subvencionable el periodo entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, aclara la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, en el mes de marzo se publicará una convocatoria extraordinaria, a la que podrán acceder las familias que inscriban a sus hijas e hijos en guardería con posterioridad al 31 de octubre de este año, pagándose todas las mensualidades con carácter retroactivo.

Como novedad de esta convocatoria, la ayuda económica será ingresada directamente en las cuentas de las madres, padres o tutores, a diferencia de la convocatoria anterior, que iba destinada directamente a las guarderías.

El Ejecutivo regional señala que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una "prioridad", y prueba de ello es el "esfuerzo presupuestario" que hace con estas ayudas, que se suman a las que concede la Consejería de Educación para menores de 1 a 3 años, que acuden a centros educativos infantiles, integrados en la red de centros de la Junta de Extremadura, con la misma cuantía y las mismas mensualidades.

El objetivo es lograr que en el próximo curso escolar "la gratuidad de las guarderías sea universal para las niñas y niños de 0 a 3 años".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá el próximo jueves 2 de octubre con los consejeros de Vivienda de las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año.

La convocatoria llega después de que el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se reuniera el pasado jueves con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que reiteró la "mano tendida" del Gobierno a las comunidades para acordar dicho plan.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

La otras dos compromisos del Plan pasan por blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las comunidades autónomas.

Actualmente, el Plan se encuentra en audiencia pública y se podrán realizar aportaciones al mismo hasta el próximo día 7 de octubre.

En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.

La ministra de Vivienda ha pedido en numerosas ocasiones a las comunidades autónomas su colaboración para este Plan. No obstante, hace unas semanas aseguró que si las autonomías no se sumaban, la inversión que estaba prevista para ellas, irá a "los ayuntamientos que quieran comprometerse en políticas de vivienda". A pesar de ello, recientemente, Rodríguez ha asegurado que las comunidades se han mostrado "favorables" a hablar, salvo en el caso de Madrid, que ya ha trasladado su negativa a formar parte de este acuerdo. La ministra ha trasladado su confianza en alcanzar un acuerdo con las autonomías lideradas por el PP "si no hay una llamada de Génova".

"No espero nada de Feijóo, pero sí espero de quienes hoy presiden comunidades autónomas, aunque sus siglas sean las del Partido Popular y también de los alcaldes y alcaldesas que están en sus ayuntamientos con las siglas del Partido Popular", afirmó Rodríguez hace pocos días en una entrevista.

En el nuevo Plan de Vivienda el Gobierno llama a las comunidades autónomas a sumarse a un Acuerdo de Estado para triplicar la inversión destinada a políticas públicas de vivienda, garantizar la protección permanente del parque público e impulsar la transparencia en los datos para que la ciudadanía cuente con información fiable y actualizada. En este sentido, desde el Ministerio de Vivienda han indicado en distintas ocasiones que es "imprescindible" que las comunidades asuman estos tres compromisos, que, según fuentes del Ministerio, ya han sido aceptados por Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia.

A pesar de ello, el secretario de Estado de Vivienda trasladó el pasado jueves en la comisión multilateral de Vivienda y Suelo a los responsables autonómicos que el Ministerio está abierto a incorporar nuevas aportaciones que puedan hacer las comunidades autónomas para "mejorar" el plan, ya sea a través del proceso de audiencia abierta o en reuniones bilaterales.

Las principales líneas del Plan contemplan que de los 7.000 millones, hasta un 40% se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes.

El nuevo Plan se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.