El pleno del ayuntamiento de la capital pacense ha aprobado por unanimidad una propuesta de Alcaldía sobre la designación de los representantes del consistorio en la comisión de deslinde de la línea límite entre los términos municipales de Badajoz y Mérida, que integrarán miembros de ambas administraciones locales y de la Junta de Extremadura según un acuerdo que se remonta a 1890.

Al respecto, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que se trata de una cuestión que viene derivada de una solicitud que se remitió a la Junta en 2021 por parte del Ayuntamiento de Mérida, al parecer porque desde que se hizo la delimitación de ambos términos municipales en torno a 1890 y en segunda instancia en 1902 había una parte de las limitaciones, de los mojones que delimitan los términos municipales en concreto, que no habían quedado "claras del todo".

Por tanto, lo que se requiere "ahora" por parte de la Dirección General de Administración Local, aunque "en realidad" la petición de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, es que se constituya una comisión formada por tres miembros del Ayuntamiento de Badajoz, otros tantos del de Mérida y representantes "obviamente" de la propia Junta para intentar aclarar o delimitar correctamente esta cuestión.

En este sentido, ha detallado el primer edil, hay una propuesta de alcaldía de designación de tres miembros de la corporación del equipo de gobierno, que son Carlos Urueña, Ana Casañas y Rubén Galea, así como tres suplentes en la figura de Eladio Buzo, Gema Cortés y José Luis González Serrano, para que sean los representantes del consistorio de la capital pacense en esta comisión.

Al respecto, el portavoz del Vox, Marcelo Amarilla ha reconocido que hubiese agradecido que, junto a esta documentación, les hubiesen incluido un mapa de dónde se encuentran "esos mojones de discordia" para saber su localización, al tratarse de un tema "bastante serio en muchos municipios" y "que son litigios de muchos años por la linde".

Gragera ha explicado que se traslada el expediente "tal y como viene" y con la petición "tal y como viene" y que no tienen copia del mapa, pero entiende que será la más cercana entre ambos límites, aunque en el expediente no aparecía un mapa que delimitara la ubicación exacta y que en todo caso y una vez que se constituya la comisión van a saber "perfectamente" de qué se trata, ha concluido.

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano se encarecerá un 6,19% a partir de este martes, hasta los 17,67 euros, encadenando su cuarto incremento, y tocará así su nivel máximo desde mediados de enero de 2023, según una resolución publicada en el BOE.

El incremento de esta última revisión se debe principalmente a un ascenso en la cotización de las materias primas (+4,89%), y en el coste de comercialización (+14,27%), e incluye asimismo 20 céntimos de euro adicionales por envase producto de la reciente actualización del valor del coste de comercialización para garantizar el suministro a los consumidores, informan en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente, el tercer martes del mes.

Esta revisión se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.