El sonido que ha viajado hoy desde el Campo Arañuelo hasta Madrid no lo ha provocado ningún reactor, sino una delegación de trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz que han puesto voz a lo que consideran el futuro de toda una comarca. Junto a los trabajadores, representantes del comité de empresa y miembros de plataformas ciudadanas y colectivos como Sí a Almaraz, Sí al futuro, Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo para pedir que la planta continúe operativa.

Ante el Ministerio de Trabajo se han concentrado y han entregado tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en las que alertan de las “graves consecuencias económicas, sociales y demográficas” que supondría el cierre. La plataforma advierte de un “golpe irreversible”, según ha explicado Fernando Sánchez, presidenta de Sí a Almaraz, Sí al Futuro, para una comarca ya castigada por el desempleo estructural y la despoblación, mientras que el comité de empresa recuerda que de la central dependen “miles” de empleos directos e indirectos y la estabilidad de cerca de 4.000 familias.

A la espera de la resolución

Javier Santamaría, presidente del Comité de Empresa, explica que "es una gran incertidumbre y una desgracia, porque mucha gente acudió a Extremadura a hacer su vida". Por su parte, Cristina Domingo, de Jóvenes Nucleares defiende que "es una central que genera energía para cuatro millones de hogares, el 7% de la generación eléctrica proviene de esta central".

Todos los colectivos defienden que Almaraz es una instalación “limpia, segura y eficiente”, que evita millones de toneladas de CO₂ y abastece a millones de hogares, y subrayan que otros países están reforzando sus programas nucleares en un contexto global incierto. 

Mientras tanto, la Central Nuclear de Almaraz sigue a la espera de la resolución del consejo de seguridad nuclear que se tiene que pronunciar sobre la petición de prórroga.

El Black Friday será oficialmente el próximo viernes, 24 de noviembre, pero en Extremadura la campaña ya está en marcha. Los comercios han adelantado las primeras ofertas y los consumidores comienzan a mover el bolsillo antes incluso del día señalado.

Rosa María Becerra, propietaria de la tienda de regalos Big Ears, confirma que la actividad ha arrancado con fuerza: “Ya arranca la campaña navideña. Hemos empezado con el Black Friday hasta el sábado y tenemos descuentos del 10 al 50 por ciento”, explica.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio previsto para la campaña del Black Friday en España es de 219 euros, una cifra que supone 18 euros más que el año pasado. Este repunte da forma al inicio de un periodo que se ha convertido en el punto de partida del consumo navideño. 

Regalos navideños

Y, de cara a esa campaña de Navidad, Extremadura vuelve a situarse entre las comunidades que más invertirán en regalos. La entidad financiera Oney estima que la región alcanzará una media de 545 euros por persona, una de las cifras más elevadas del país.

Lali Bermejo, de UCE Extremadura, recuerda la importancia de mantener la cabeza fría ante el aluvión de ofertas: “El consumidor tiene que saber con qué dinero cuenta y que no se genere una necesidad por el bombardeo de publicidad”, advierte.

Los productos más demandados vuelven a ser los de siempre: moda, tecnología y viajes encabezan la lista de compras previstas para estas semanas. Además, uno de cada cuatro consumidores tiene intención de financiar parte de estos gastos, un recurso que recomiendan utilizar con prudencia. La recomendación general pasa por comparar precios, revisar condiciones y evitar compromisos de pago que luego cueste afrontar.

En definitiva, aunque el Black Friday llegará oficialmente en unos días, en Extremadura el consumo ya ha tomado velocidad y marca el inicio de una campaña navideña que este año apunta al alza.

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido este lunes a desarrollar plenamente la Ley de Cadena Alimentaria para proteger a las familias agricultoras y ganaderas de la región. Tras reunirse con La Unión, De Miguel ha lamentado que “desde que gobierna el PP no se haya impuesto ni una sola sanción por vender por debajo del coste de producción”, y cita casos como la aceituna de mesa o el tomate. “Es increíble que no se haya puesto ninguna sanción cuando ha habido casos flagrantes de incumplimientos, como con la aceituna de mesa o el tomate”, ha añadido la candidata, quien también ha asegurado que su formación se compromete a poner en marcha un plan de apoyo a la agricultura social y familiar.

Además, ha anunciado la intención de modificar la Ley Agraria para establecer una prioridad en el uso del agua durante las épocas de sequía: “Quien pueda regar debe ser quien contribuya a la economía social, las familias agricultoras y los jóvenes, no los fondos de inversión”, afirmó.

Entre sus propuestas, también figura un plan de apoyo a la agricultura social y familiar, anticipos para jóvenes que quieran incorporarse al campo y medidas para garantizar el relevo generacional. “Tenemos que poner la tierra a disposición de los más jóvenes y evitar que dependan de créditos bancarios”, ha destacado.