El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha defendido posponer el cese definitivo de las centrales nucleares españolas, pero ha matizado que esto no significa mantenerlas "sin medidas", sino ajustar el calendario de cierre tras analizar todas las razones técnicas, logísticas y de seguridad que afectan a estas instalaciones.

En este contexto, Bogas ha incidido en que la situación actual obliga a ser "pragmáticos", al advertir que el contexto ha cambiado y que existe "toda una serie de problemas técnicos" que aconsejan estudiar la posibilidad de retrasar o posponer ese cierre, ha aclarado este jueves en el foro 'Megafuturo', organizado por Atresmedia.

El Pleno del Congreso rechazó el pasado 13 de noviembre una enmienda del Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el PP, que suprimía la fecha de cierre definitivo de explotación de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Lo hizo con 171 votos a favor, 171 en contra y siete abstenciones.

Bogas ha destacado que la central nuclear de Almaraz es la primera que está prevista para el cese de actividades, con el cierre de un grupo en 2027 y otro en 2028. Sin embargo, ha advertido que parar dos grupos que comparten ubicación en años diferentes "dificulta muchísimo el desmantelamiento". "No hay razón para pararlos en fechas distintas", ha afirmado.

Calendario de cierre

El calendario de cierre nuclear pactado en 2019 entre las empresas y Enresa marca a Almaraz como la primera central en cerrar, entre 2027 y 2028. En octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron una solicitud "sin condiciones" para prorrogar la vida de la central extremeña tres años, hasta 2030, según informó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Ahora, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene que emitir un informe preceptivo sobre si esta prórroga es viable. Aagesen reiteró que el Gobierno mantiene tres líneas rojas: no trasladar costes a los ciudadanos, mantener la seguridad de las centrales y garantizar la seguridad del suministro eléctrico.

Las centrales nucleares de Ascó y Cofrentes serían las siguientes en apagarse según el calendario actual: Cofrentes en 2030 y Ascó entre 2030 y 2032.

Fiscalidad "muy elevada"

Bogas ha criticado que la fiscalidad del sector eléctrico en España es "muy elevada" si se compara con otros países. Desde la firma del protocolo de cierre nuclear en 2019, la fiscalidad aplicada al sector se ha incrementado un 70%.

El directivo ha añadido que 25% de esa carga fiscal corresponde a impuestos autonómicos y que 17% está vinculado a la tasa empresarial para la gestión de residuos nucleares. "Este es un debate que tenemos, sostenemos y mantenemos con el Gobierno", ha concluido.

La pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales, cifra que aumentaría hasta los 9 puntos en el caso de Extremadura, si se aplica la prestación universal por crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo, lo que supondría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas (unos 530.000), según un estudio presentado por UNICEF este jueves 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia.

La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia es aprobar una prestación universal por crianza de 200 euros al mes. Si bien, desde UNICEF han apuntado que con un mínimo de 100 euros al mes ya se podría sacar a 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación. La ONG apuesta por la ayuda de 100 euros tanto por coste e impacto como por viabilidad, y para garantizar que se pone en marcha.

"Es decir, tendríamos un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza, o, dicho de otro modo, más de 270.000 saldrían de ella", ha explicado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera. El coste de esta medida sería de unos 9.000 millones de euros, pero Vera ha aclarado que, si se descuentan las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta, se reduciría a 3.500 millones de euros netos.

El estudio, titulado 'El beneficio de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil', y presentado en el Real Jardín Botánico, en Madrid, simula, con la contribución del Centro de Políticas Económicas de Esade, cuál sería el impacto de una prestación universal de 100 euros, de otra de 200 euros, de un complemento del 20% al IMV y de un complemento del 40% al IMV.

Las simulaciones muestran que la prestación universal por crianza generaría reducciones importantes de la pobreza de niños, niñas y adolescentes, pero con "alto esfuerzo" por persona sacada de la pobreza y con un "fuerte impacto presupuestario".

En agregado (sin Euskadi ni Navarra), la pobreza monetaria relativa (personas en hogares con ingresos por debajo del 60% de la mediana) podría reducirse 3,6 puntos con una PUC de 100 euros y casi el doble (7,1 puntos) con la de 200 euros.

Esta reducción afectaría a todas las comunidades autónomas. Con prestaciones de 200 euros, sería de 11 puntos para Ceuta y Melilla, en torno a 9 puntos para Extremadura y Andalucía, en torno a 8 puntos para Castilla La Mancha y La Rioja, en torno a 7 puntos para Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Aragón y Baleares, en torno a 6 puntos para Cataluña, Galicia y Asturias, Cantabria, y en torno a 5 puntos para la Comunidad de Madrid.

Mientras, la reducción de la pobreza severa (personas en hogares por debajo del 40% de la mediana) sería aún mayor en lugares como Ceuta o Melilla (10-12 puntos), y comunidades autónomas con niveles bajos de partida, como Aragón o Baleares, experimentarían reducciones de 3 a 6 puntos.

Según el informe, la inversión per capita de la PUC es "considerable", como corresponde a una política de tipo universal, pero menor donde hay menos hogares pobres: en Madrid, con baja incidencia de pobreza, se necesitan más de 51.000 euros para "sacar" a un niño o niña de la pobreza (con la PUC de 100 euros) porque gran parte del gasto se dirige a familias que ya superaban el umbral.

En contraste, en Andalucía y Extremadura, donde la incidencia de la pobreza es mayor, bastan 25.000 euros por niño incluso con la PUC más alta (200 euros), ya que la mayoría de los beneficiarios sí necesitan la ayuda para salir de la pobreza.

El CSN recuerda que emitirá su informe sobre la prórroga de Almaraz siguiendo los procedimientos y plazos establecidos. La directora técnica de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Teresa Vázquez, ha recordado que el organismo regulador emitirá su informe preceptivo sobre la prórroga de explotación de la central nuclear Almaraz y que lo hará siguiendo los procedimientos y plazos establecidos.

En él, el organismo llevará a cabo un análisis sistemático de todos los aspectos de seguridad nuclear y protección radiológica de la instalación. Así se ha expresado la reunión número 30 con el Comité Asesor para la información y participación pública del CSN, donde se plantearon cuestiones relacionadas con Almaraz.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha animado a los miembros del Comité Asesor del regulador a remitir sus propuestas para su Plan Estratégico para el periodo 2026-2030. Según ha defendido, la audiencia pública es "muy valiosa para trazar la hoja de ruta del Consejo para el próximo lustro".

Además, los representantes del CSN han recordado que se han resuelto 14 de las 15 recomendaciones realizadas por el Comité Asesor (el 93,3%) desde su creación. Más allá de ello, la subdirección de Protección Radiológica Operacional del organismo regulador ha presentado el trabajo del Consejo para controlar la exposición a la radiación cósmica del personal de tripulación de aeronaves.

En este sentido, su responsable, Ignacio Calavia, ha explicado que las dosis que recibe el personal de las aeronaves se calculan en base a los parámetros del vuelo (altitud, latitud y duración) y los resultados de los cálculos de tasa de dosis anteriores. Asimismo, ha recordado que dicha tasa se debe medir con posterioridad, ya que las intensidades de la radiación cósmica y el campo magnético varían con el tiempo.

A su vez, el CSN ha presentado ante el Comité la campaña 'Talento público' con la que quiere darse a conocer y acercar el trabajo diario a personas que podrían estar interesadas en formar parte del cuerpo técnico del organismo.

La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres ha convocado una manifestación el martes 25 de noviembre (25N) bajo el lema 'Ni una menos, ni un derecho menos', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La manifestación, que saldrá a las 18,30 horas de la Plaza América y recorrerá varias calles del centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor, busca denunciar la persistencia de la violencia machista y la amenaza a los derechos de las mujeres.

"No solo salimos a la calle por las mujeres asesinadas y por todas las que sufren violencia a diario, sino también para alzar la voz contra el negacionismo y las fuerzas reaccionarias que amenazan los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir", ha declarado una portavoz de la plataforma.

La PMI recuerda que 2025 es el año con más mujeres asesinadas por violencia de género en Extremadura, con tres víctimas, y sólo en la ciudad de Cáceres hay 283 mujeres con orden de protección.

Como en ediciones anteriores, la convocatoria cuenta con la colaboración especial del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, que sumará el arte y la expresión corporal a la reivindicación, demostrando que la lucha contra la violencia machista se libra desde todos los ámbitos de la sociedad.

La PMI hace un llamamiento a la participación masiva de la ciudadanía, colectivos, sindicatos e instituciones para enviar un mensaje "claro y contundente" de que "Cáceres es una ciudad que no tolera la violencia contra las mujeres y que no dará ni un paso atrás en igualdad".

La Diputación de Badajoz ha aprobado este jueves, día 20, con los votos a favor del PSOE y en contra del PP el Presupuesto para 2026, que presenta una cuantía global en el caso del consolidado de 321,48 millones de euros, un 5,3 por ciento o 16 millones más respecto al ejercicio anterior, aunque si se cuenta con las transferencias internas a consorcios y organismos autónomos - que ascienden a 34,7 millones - la cuantía de las cuentas no consolidadas asciende a 356,2 millones.

La vicepresidenta segunda, Carmen Yáñez, ha detallado estas cuentas y ha pedido al grupo de la oposición que se sume a su aprobación porque el objetivo principal es que todos los municipios avancen juntos, mientras que el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha expuesto que cuando "en realidad" se pretende eso lo primero que se hace es reunirse e intentar llegar a acuerdos o escuchar las preocupaciones para incluirlas. "Si eso no se hace lo tenemos más complicado", ha apuntado.

Respecto a la ejecución presupuestaria, Barrios ha apuntado que según el adelanto de la liquidación de los presupuestos de 2025 a 30 de septiembre se lleva ejecutado "poco más" del 70 por ciento y duda que se llegue al 85, por lo que ese 15 por ciento restante pasa al remanente y se gasta en el ejercicio siguiente, afectando a que, cuando se liquida, no se cumpla con la regla del gasto en una institución con un plan económico financiero aprobado. Sobre los gastos, afea la política de reparto "sectaria" y "partidista" como en el caso de las partidas de Reto Demográfico o de las depuradoras.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha replicado a los 'populares' que si no estuvieran en campaña, en relación a las autonómicas del 21 de diciembre, aprobarían estos presupuestos y que este jueves "se ha vuelto a ver" que no es el Barrios "de siempre" porque cuando trae los papeles y los lee "es porque se los han escrito desde arriba", y ha incidido en que han tenido los documentos desde el 7 de noviembre y cuando alguien quiere participar y tiene propuestas "reales" lo dice, pero que eso "no ha existido" por parte de ningún miembro del PP.