La instalación de un piso para menores tutelados en un bloque de viviendas de Cáceres ha desatado una fuerte controversia entre los residentes, que han expresado su oposición mediante una pancarta colocada en lo alto del edificio y acuerdos adoptados en junta de propietarios. En el inmueble viven nueve personas, la mayoría octogenarias, y operan dos despachos profesionales. La comunidad argumenta que la ubicación “no es adecuada” por las condiciones de vulnerabilidad de sus residentes.

Los vecinos aseguran que temen “que ocurra lo mismo que en Badajoz con el caso Belén Cortés” y han mostrado su rechazo a la puesta en marcha del recurso residencial en su bloque. Elisa González, residente, y Alfonso Sánchez, presidente de la comunidad, han trasladado la postura del vecindario, incidiendo en que la prioridad debería ser proteger a los mayores y evitar conflictos en un entorno que consideran sensible.

Por su parte, la propiedad del piso donde se alojarían los menores sostiene que se cumplen todos los requisitos y ha anunciado que impugnará la junta de propietarios en la que se formalizó la protesta. Desde la Junta afirman que la responsabilidad de habilitar una vivienda adecuada recae en la subcontrata encargada de la gestión, mientras que la empresa adjudicataria defiende que “todo está en regla” y denuncia la actitud hostil de parte del vecindario. La subcontrata asegura que su personal ha sufrido agresiones verbales en accesos al edificio.

María Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal de Sala de Violencia de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que “España tiene leyes muy buenas, pero con una aplicación y dotación económica deficiente”. Lo ha dicho durante las jornadas 'Violencia vicaria en Extremadura. Una mirada jurídica y sanitaria para una realidad multidisciplinar', que se celebran este lunes en Badajoz. Allí también ha destacado la importancia de la formación en materia de violencia de género para fiscales y recuerda que la respuesta debe ser integral, implicando a sanidad, educación y servicios sociales: “El sistema judicial es la última frontera; hay que actuar antes de llegar al derecho penal”. 

Por su parte, Ana María González Ortiz, presidenta de la Asociación Mujeres Libres Mujeres en Paz, que organiza estas jornadas, ha puesto también sobre la mesa una realidad preocupante: la normativa que protege a los menores víctimas de violencia de género no se cumple en la práctica.

González Ortiz recuerda que desde 2015 la legislación española reconoce como víctimas a todos los niños y niñas que viven en hogares donde sus madres sufren violencia de género, pero “nadie está atendiendo a esas víctimas”.

Y citaba datos del Consejo General del Poder Judicial: entre las 65.000 víctimas más graves, solo el 0,23% cuenta con una medida cautelar para proteger a los menores. “Estamos incumpliendo la ley”, denuncia. Recuerda, además, que la norma prohíbe el contacto de los niños con los maltratadores salvo casos excepcionales, pero “la mayoría de hijos e hijas siguen obligados a ver a sus agresores"; incluso 800 niños en España van a la cárcel a visitar a sus padres, añade. 

Desde la Junta, ha participado en las jornadas la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, que asegura que la violencia vicaria es “una de las manifestaciones más crueles y devastadoras de la violencia de género”. En España, 65 menores han sido asesinados en este contexto y 500 han quedado huérfanos. 

El mensaje común es claro: cumplir la ley, reforzar la protección de la infancia y actuar de forma coordinada para erradicar una violencia que sigue dejando cifras alarmantes.