La Junta y los sindicatos han trabajado en este protocolo durante cinco meses y ya es una realidad. Su objetivo es garantizar un entorno laboral seguro y libre de violencia sexual. Se trata de un protocolo que, según María del Ara Sánchez, Secretaria General de Igualdad, está "basado en los principios de confidencialidad, imparcialidad y prohibición de represalias".
Habrá tres asesorías confidenciales: Administración General, Educación y el Servicio Extremeño de Salud
Para ello, se han habilitado correos electrónicos a los que solo tienen acceso estos asesores confidenciales, y a los que podrá dirigirse "cualquier persona que esté viviendo una situación que pueda suponer o pueda ser constitutiva de cualquier acto de acoso sexual o por razón de sexo, conductas que puedan ser constitutivas de acoso verbal, no verbal, físico y digital".
Por otra parte, si no se soluciona la situación o la propia víctima desea acudir al procedimiento formal, María del Ara Sánchez ha indicado que se han nombrado también tres comisiones instructoras, una por cada ámbito, que realizarán una investigación de los hechos y podrán proponer la adopción de medidas cautelares.
En su caso, el procedimiento finalizará con un informe-propuesta que se elevará al órgano correspondiente de personal docente, para que, con fundamento en este informe de la comisión, se puedan aplicar sanciones disciplinarias, imponer medidas correctivas o, si corresponde, adoptar medidas como el cambio de turno o la separación del presunto agresor del espacio físico de la víctima. En el supuesto de que los hechos sean constitutivos de delito, se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Tanto CSIF, UGT como CCOO han valorado positivamente la firma del protocolo
La secretaria de Igualdad de CSIF Extremadura, Amparo Galán, ha destacado que la Junta, como la mayor empresa de la región, debía contar con estos requisitos obligatorios. Además, mencionó las numerosas aportaciones del sindicato, como la tipificación de conductas de acoso y el funcionamiento de las comisiones investigadoras.
Desde UGT, Ana Hernández ha expresado su respaldo a la obligatoriedad del protocolo para todas las empresas y administraciones, así como la importancia de la prevención y sensibilización. Subrayó la necesidad de diferenciar el acoso sexual del acoso laboral y adelantó que el Plan de Igualdad incluirá una formación más completa en sensibilización.
Por su parte, Manuel María Nicolás, de CCOO, ha resaltado la importancia del protocolo, no solo para combatir el acoso, sino también para prevenirlo dentro del entorno laboral de la Junta.
El protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en la Administración extremeña estará vigente hasta 2029 y afectará a casi 60.000 empleados públicos de la región.
