El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que se están investigando las causas del incendio en una vivienda en Castilblanco (Badajoz) que provocó la muerte de un niño y una mujer, aunque todo parece indicar a que se trata de "un hecho absolutamente desgraciado", ha dicho. "Yo acabo de hablar con los familiares del niño que pudieron dormir anoche en la Comandancia de la Guardia Civil que se la ofrecimos, y los cuerpos estaban todavía en el Instituto de Medicina Legal", ha explicado Quintana.

Asimismo, ha apuntado que se realizará la "investigación oportuna" pero todavía no se ha podido entrar en la vivienda siniestrada porque hay humo. "No se va a poder entrar para hacer las inspecciones oculares todavía", ha explicado, por lo que habrá que esperar a que se pueda entrar en la casa para realizar las pesquisas.

En el incendio murió un niño de 10 años y una mujer de 75

Cabe recordar que un niño de 10 años y una mujer de 75 han fallecido, la madrugada de este domingo, en el incendio de una vivienda de la localidad pacense de Castilblanco. Asimismo, un varón de 41 años tuvo que ser trasladado al Hospital de Talarrubias en estado leve por inhalación de humo.Los hechos fueron registrado sobre las 4:45 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del incendio de una casa ubicada en la calle Autonomía del referido municipio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de los parques de Herrera del Duque y Castuera, una unidad medicalizada de emergencias, el punto de atención continuada de Valdecaballeros y patrullas de servicio de la Guardia Civil.

Para fomentar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, el Partido Popular (PP) ha anunciado que en los ayuntamientos donde gobierne, y que tengan más de 100.000 habitantes, implementará medidas como la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En Extremadura, solo Badajoz entraría dentro de este plan.

Esta es la medida estrella del programa anunciado por Alberto Núñez Feijóo: la bonificación del IBI para vivienda habitual o para alquileres específicamente destinados a jóvenes. Aún está por determinar si la rebaja será uniforme en todos los municipios de más de 100.000 habitantes gobernados por el PP o si cada ayuntamiento tendrá libertad para establecer su propio porcentaje. En cualquier caso, será necesario que la medida sea aprobada por el pleno municipal. Al respecto, el alcalde Ignacio Gragera ha señalado: "Intentar paliar un poco el cheque fiscal que pagan las familias a través de fórmulas de nuevas bonificaciones y de ver cómo los ayuntamientos podemos tener más independencia a la hora de conseguir una financiación justa".

El plan del PP que se aplicaría en Badajoz también aborda el problema de la ocupación ilegal de viviendas. Entre las medidas propuestas se encuentran la creación de un protocolo municipal contra la okupación y un servicio de atención a las víctimas, que incluiría oficinas municipales especializadas y un teléfono de asistencia.

Asimismo, los populares proponen que los ayuntamientos pongan suelo público a disposición para la construcción de viviendas asequibles y fomenten la vivienda protegida. Según Gragera, es fundamental "poner el foco en quienes más lo necesitan". En definitiva, los ayuntamientos gobernados por el PP buscan tener más autonomía en materia de vivienda para favorecer un urbanismo, según afirman, más ágil, flexible y eficaz.
 

Los veterinarios extremeños se oponen a una parte del Real Decreto 666/23, que entró en vigor el 21 de julio de 2023. Se trata de una disposición específica que se aplica desde el 2 de enero de 2025 y que regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España. Alegan que ven coartada su autonomía a la hora de recetar medicamentos, lo que perjudica el cuidado de los animales. Y es que la nueva normativa obliga a los veterinarios a verificar la identificación del animal y registrar la preinscripción en un sistema electrónico que vincula al animal con el tratamiento. Esto ha generado malestar entre los profesionales, quienes consideran que esta medida burocratiza su trabajo y limita su capacidad para tomar decisiones clínicas.

"Coarta nuestra autonomía y perjudica a los animales"

Alicia Fernández, veterinaria en Océano Badajoz, afirma: "Coartan todo lo que es nuestra profesión. No podemos recetar lo que queramos. Por ejemplo, tenemos que recetar el medicamento que ellos digan aunque sepamos que no funciona, luego otro y ya a la tercera el que sabemos que funciona, perdiendo semanas valiosas para el animal".

Ante esta situación, los veterinarios extremeños han convocado un paro parcial para este martes. Ángeles Guisado, veterinaria en Iguazó, Villanueva de la Serena, explica: "El parón es el día 11 durante una hora donde no habrá actividad clínica. Reclamamos que nos tienen que dejar trabajar como queremos".

"Si un animal no está identificado no podemos tratarlo"

Y es que, según Alicia Fernández, los principales perjudicados son los animales: "Si un animal no está identificado no podemos tratarlo. Si es callejero o no tiene chip no podemos tratarlo y los responsables somos nosotros. Mucho bienestar animal y parece que van en contra"

Entre algunas de las exigencias de los veterinarios se encuentran:

• Autorización para dispensar tratamientos completos, optimizando costos y reduciendo residuos.
• Eliminación de sanciones desproporcionadas que afectan el ejercicio profesional.
• Supresión del sistema Presvet, debido a su excesiva carga burocrática.

Los veterinarios extremeños exigen que se modifique parte de la norma, para que les permita ejercer su profesión con autonomía y garantizar el bienestar de los animales.