El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha enviado una carta a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para agradecer su invitación a participar en la manifestación en defensa de la central nuclear de Almaraz, que tendrá lugar este sábado 18 de enero. Sin embargo, García-Page ha excusado su ausencia debido a que ese mismo fin de semana se celebra el congreso regional del PSOE, donde se prevé su reelección como líder del partido en Castilla-La Mancha.

"Me honra saber que consideras mi presencia en esa cita importante para tu región"

María Guardiola envió cartas similares a los presidentes de Cataluña, Salvador Illa; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, solicitando su apoyo para la continuidad de las centrales nucleares que operan en España.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional de garantizar el cumplimiento de la legalidad en el proyecto de mina de litio en Cáceres y en cualquier otro proyecto similar. Así lo ha afirmado durante el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura sobre este controvertido proyecto.

Morán ha explicado que se ha solicitado a la empresa promotora más documentación, atendiendo a la evaluación técnica del proyecto, con el fin de garantizar aspectos como la solvencia económica, la viabilidad técnica, la protección ambiental y la salud pública. "El requerimiento se ha hecho para mejorar el proyecto de explotación, para el proyecto de la planta de beneficio, para el estudio ambiental, para las infraestructuras de gas y de luz", ha detallado la consejera.

"Doble rasero" según Unidas por Extremadura

Por su parte, Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, ha criticado la gestión del Ejecutivo regional, señalando que esta iniciativa ha generado preocupación en la ciudadanía, reflejada en la movilización de más de 8.000 personas en Cáceres. De Miguel ha denunciado la falta de garantías económicas por parte de la promotora y ha acusado a la Junta de actuar de manera negligente al tramitar el permiso de explotación sin cumplir todos los requisitos legales.

Ha preguntado a la consejera por qué han dado a la empresa un plazo de seis meses para entregar la documentación que se necesita, cuando según la Ley de Procedimiento Administrativo, "son diez días para subsanaciones", ha apuntado.

A su juicio, se trata de "un doble rasero bastante curioso el que se tiene con esta empresa", que "además ha demostrado en demasiadas ocasiones su falta de seriedad y de solvencia", ha criticado Irene de Miguel, quien ha considerado que esta forma de actuar demuestra "el coladero absoluto que están suponiendo los proyectos Premia".

Ante estas críticas, Morán ha defendido que el Gobierno regional actúa "conforme a la ley y a la seguridad jurídica".