Uno de los autores de la serie de robos cometidos en noviembre del año pasado en las barriadas de Ronda del Pilar y Pardaleras, en Badajoz, ha sido condenado a ocho años de prisión. El juicio, previsto para hoy, no se ha celebrado al alcanzarse un acuerdo entre Fiscalía y Defensa. El acusado, de 33 años, reconoció los hechos y, a cambio, la pena inicial solicitada de 17 años y medio fue reducida.

Atenuantes de la condena

La jueza ha tenido en cuenta como atenuantes la reparación de los daños y la drogadicción del acusado. Según la sentencia, en un lapso de 72 horas, el acusado y un cómplice no identificado perpetraron seis robos a punta de pistola: tres supermercados, una cafetería y otros dos negocios. En total, sustrajeron 1.500 euros.

Prisión desde 2022

El condenado lleva un año en prisión preventiva tras ser detenido poco después de los hechos. Su cómplice sigue sin ser identificado, y los afectados esperan la resolución completa del caso.

La Junta de Extremadura ha informado sobre la construcción de dos nuevos centros escolares que se ubicarán en Navalvillar de Pela y Puebla de la Calzada. Ambos sustituirán a los actuales y serán financiados con una inversión que superará los seis millones de euros en cada uno. Estas obras, muy demandadas por familias y alumnos, vienen a cubrir una necesidad que lleva años sin ser atendida.

Según la Junta, el anterior ejecutivo anunció y licitó las obras, pero finalmente no se ejecutaron. El nuevo centro de Navalvillar de Pela permitirá dar respuesta a las necesidades educativas de la zona, mientras que en Puebla de la Calzada se mejorará el acceso a instalaciones más modernas y adecuadas para el alumnado.

El director general de Función Pública, Juan Antonio Expósito, ha reconocido en una comisión en la Asamblea de Extremadura que el proceso de estabilización y reducción de la temporalidad en la Administración General no se completará antes del 31 de diciembre. La complejidad del proceso y la introducción de cambios en el procedimiento, pactados el 13 de diciembre, han sido, dice, algunas de las razones que justifican el retraso.

Uno de los aspectos más relevantes es que los funcionarios no podrán optar a más de una plaza, debiendo renunciar a todas aquellas que no seleccionen, lo que ha generado críticas desde diversos sectores. El PSOE, en particular, ya había acusado a la Junta de no cumplir con las obligaciones legales establecidas para la estabilización de empleados públicos, advirtiendo que los retrasos podrían agravar la situación de los trabajadores afectados.

Talavera de la Reina ya tiene mayor claridad sobre cómo pasará la línea de alta velocidad por su ciudad, según el anuncio realizado este lunes por el Ministerio de Transportes. Extremadura, por su parte, espera que este paso impulse la reactivación de las obras en el tramo Badajoz-Madrid.

La Delegación del Gobierno ha destacado el compromiso del Ministerio con la alta velocidad, calificando el anuncio como un avance significativo:

Valoraciones encontradas

La Junta de Extremadura, aunque reconoce el anuncio, ha pedido prudencia, señalando que este avance es parcial y que las obras aún no han sido reactivadas en su totalidad.

Más crítico ha sido el colectivo ciudadano que más ha luchado por la alta velocidad entre Badajoz y Madrid, la Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico. Desde esta plataforma aseguran que lo anunciado por el Ministerio es una propuesta que ellos plantearon hace cuatro años y consideran que el acuerdo carece de concreción.

Estado actual del proyecto

La línea de alta velocidad muestra avances dispares:

• Casi terminada hasta Plasencia.
• En desarrollo hasta Navalmoral.
• Con trazado decidido hasta Talavera.

Sin embargo, queda pendiente definir cómo cruzará Toledo y obtener los permisos necesarios para reanudar las obras en los tramos más avanzados.

Próxima reunión clave

El jueves, se celebrará una reunión relevante entre el ministro de Transportes y el alcalde de Toledo para discutir el trazado en la capital castellano-manchega, una de las incógnitas más críticas para el progreso del proyecto.

Mientras tanto, Extremadura sigue esperando que los compromisos se traduzcan en avances reales en una infraestructura clave para su desarrollo económico y social.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que se lanzará una nueva licitación antes de final de año para garantizar la asistencia sanitaria a los funcionarios adscritos a Muface. El nuevo concierto, con vigencia hasta 2027, supone un incremento del 33,5% en las primas que se pagarán a las aseguradoras, alcanzando un importe total de 4.478 millones de euros, 957 millones más que en el contrato anterior.

Incremento en las primas

El acuerdo, que responde a las exigencias de las aseguradoras tras una licitación desierta en noviembre, contempla un aumento escalonado de las primas:

• 2025: Subida del 19,37%.
• 2026: Incremento del 7,25%.
• 2027: Alza del 4,32%.

Esto llevará la prima media por mutualista de los actuales 1.032 euros anuales a 1.262 euros en 2027.

Respuesta a las movilizaciones

El conflicto, que había generado incertidumbre entre más de 1,5 millones de mutualistas (45.000 de ellos en Extremadura), había provocado movilizaciones de sindicatos y empleados públicos. Estas protestas respondían al temor de perder la posibilidad de acceder a determinados médicos y hospitales a partir del 31 de diciembre, cuando expiraba el actual concierto.

El nuevo acuerdo garantiza la continuidad de la atención sanitaria en las mismas condiciones actuales, siempre que las aseguradoras acepten el incremento de la prima.

Mensaje de tranquilidad

Pilar Alegría ha querido enviar un mensaje de calma a los mutualistas: "Van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad". Este anuncio busca dar certidumbre y cerrar semanas de tensiones y negociaciones entre el Gobierno, las aseguradoras y los sindicatos.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ha condenado al Servicio Extremeño de Salud (SES) a indemnizar con 100.000 euros a los cuatro hijos de una mujer fallecida como consecuencia de un retraso en el diagnóstico de un cáncer de pulmón. Según la sentencia, el SES incurrió en una "deficiente asistencia sanitaria" al dar de alta a la paciente sin esperar los resultados de un TAC realizado durante su ingreso.

Detalles del caso

La mujer ingresó en Urgencias el 21 de octubre de 2021 con un cuadro de neumonía. Durante su hospitalización, se le practicó un TAC el 27 de octubre, pero fue dada de alta antes de que se conocieran los resultados del informe del radiólogo.

Según los informes médicos y periciales presentados, este retraso en el diagnóstico del cáncer, estimado en 70 días, influyó de manera decisiva en la evolución de la enfermedad. Cuando la paciente volvió a Urgencias tres meses después, el tumor ya se encontraba en un estadio más avanzado, lo que resultó en "una pérdida de oportunidad para la paciente en cuanto a calidad de vida y supervivencia".

Resolución judicial

El juez ha estimado parcialmente el recurso presentado por los familiares, señalando que el retraso en la detección del cáncer tuvo un impacto directo en el empeoramiento del pronóstico de la paciente. Como resultado, el SES deberá indemnizar a los hijos de la fallecida con 100.000 euros.

Posibilidad de recurso

La sentencia no es firme, y el SES tiene la opción de interponer un recurso ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.