Si están interesados en acceder a una vivienda protegida, atención, porque tendrán que apuntarse a un registro de demandantes. La Junta ha aprobado hoy esta herramienta para focalizar en qué localidades se necesitan nuevas promociones públicas. Para la portavoz de la Junta, "el objetivo de esta medida es tener un conocimiento real de la demanda para desarrollar una política de vivienda acorde a las necesidades de la población"

La inscripción será telemática y estará limitada a dos localidades. Señala Victoria Bazaga que "en caso de que un municipio cuente con más viviendas que demandantes se podrían adjudicar a solicitantes de otras poblaciones". 

Un trámite "innecesario"

Los demandantes no tendrán que adjuntar ninguna documentación, la administración hará de oficio las comprobaciones oportunas. Aún así desde la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción lo consideran un trámite "innecesario" aunque piensan que sí les facilitará una información útil. Juan Carlos Cotallo, presidente de la Comisión de Promotores de Pymecon, destaca que la medida "dirá a la administración y por lo tanto también a los promotores, puesto que va a ser una información pública, cuál es la demanda" y añade que "desde esa perspectiva sí estamos de acuerdo con el registro, porque vamos a tener una información que hasta ahora no tenemos. El problema es el papeleo"

9,3 millones para alquiler social

Además, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a más de nueve millones de euros en ayudas para alquiler social. Concretamente, se autoriza la convocatoria del programa de ayuda al alquiler de la vivienda, con un presupuesto de 4.069.051 euros; y del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto
de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, en sus dos líneas (general y específica), con un importe de 4.268.899 euros.

El compromiso de la Junta, ha dicho la portavoz, es construir 97 viviendas protegidas en 22 municipios. Hoy han autorizado las obras de ocho nuevos inmuebles en Montijo destinados a alquiler social. Serán energéticamente eficientes y su coste alcanzará el millón de euros. 
 

España sigue siendo un país edadista: el 20% de los mayores de 55 años sufre discriminación por su edad. Más de 16,3 millones de españoles tienen entre 55 y 75 años, un grupo que denuncia que la sociedad los envejece antes de tiempo. Según el V Barómetro del Consumidor Sénior, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE y Google, el 20% de los mayores de 55 años ha sufrido discriminación por su edad, especialmente en el entorno laboral, donde esta cifra aumenta al 33% entre quienes tienen entre 55 y 59 años.

Los séniores representan el 34% de la población

Los séniores que han sido encuestados consideran que una persona se convierte en mayor a los 74 años, mientras que creen que la sociedad fija ese umbral mucho antes, a los 67 años. Este colectivo representa actualmente el 34% de la población, genera el 60% del gasto y aporta el 25% del PIB. 

El estudio también analiza los hábitos de consumo y comportamiento de este grupo de edad, ya que son un pilar económico fundamental, según Juan Fernández Palacios, director del Centro Ageingnomics, “los séniores son un motor económico, pero también una generación activa, optimista y clave para el futuro del país".

Los mayores de 55 años son conscientes de la importancia de cuidarse. Cuatro de cada cinco cuidan su alimentación y por ejemplo, el 58% realiza ejercicio físico. Otro dato, el 84% de los séniores son propietarios de su vivienda y el 69% no tiene cargas hipotecarias.