Ante el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales, la Junta de Extremadura ha difundido un conjunto de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse alejado de las zonas donde operan medios aéreos o terrestres, ya que la presencia de personas no autorizadas puede poner en peligro tanto su vida como la de los profesionales que trabajan en la extinción del fuego. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que debe seguir siempre las instrucciones de las autoridades competentes, quienes cuentan con la información y experiencia necesarias para actuar con eficacia.

No obstaculizar caminos, permitir el acceso a las zonas y facilitar la recarga de agua 

La colaboración ciudadana es clave: no obstaculizar caminos, permitir el acceso a las zonas de trabajo y facilitar la recarga de agua son acciones fundamentales. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la prohibición del uso de drones, ya que su presencia interfiere con las operaciones aéreas y puede provocar accidentes graves. También se desaconseja tomar imágenes en la zona del incendio, ya que puede distraer y hacer perder la percepción de otros peligros.

En caso de encontrarse cerca de una descarga de agua desde un medio aéreo, se recomienda alejarse de forma ordenada y tranquila, ya que la fuerza del viento generada por estas aeronaves puede proyectar objetos peligrosos a gran distancia.

Informa por fuentes oficial y no difundir rumores

La Junta también hace un llamamiento a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada, que pueden generar confusión y poner en riesgo la seguridad. Finalmente, se recuerda que los equipos de emergencia están capacitados y coordinados para actuar de forma segura y eficiente, por lo que se pide a la población que confíe en su labor y evite actuar por cuenta propia.

Estas recomendaciones forman parte de la campaña de concienciación impulsada por el Plan INFOEX y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Han sido meses de negociación con la Comisión Europea, y hoy la Consejería de Agricultura ha dado un primer paso: ha aprobado el decreto que regula las ayudas para paliar los efectos de la lengua azul, que causó graves daños en la cabaña ovina de la región.

Uno de los principales requisitos es que se acredite al menos la pérdida del 30 por ciento de los animales, según ha explicado la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.

"Las ayudas oscilarán entre los 3.000 y los 20.000 euros"

Y ese mismo porcentaje es el que se ha marcado también para los cereceros, que perdieron la cosecha por las fuertes lluvias de los últimos meses. Como máximo recibirán 12.000 euros.

En total van a ser 28 millones de euros entre las dos ayudas y se podrán pedir al día siguiente de su publicación en el DOE.

Más allá del debate sobre desde cuándo Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, tiene la condición de aforado, la cuestión clave es si podría renunciar a ese aforamiento. Los expertos consultados coinciden en que no es posible.

Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, lo explica con claridad: “Individualmente no es posible renunciar al aforamiento, porque no pertenece al diputado. Lo que protege es la función parlamentaria, el mandato representativo otorgado por la ciudadanía”.

El aforamiento es una figura jurídica que nació históricamente para proteger a los servidores públicos y garantizarles un proceso judicial con mayores garantías, asegura Moreno: “Lo que se pretende es proteger al representante público frente a posibles influencias sobre los jueces de instrucción, que están más cerca de la ciudadanía y, por tanto, podrían ser más influenciables. Por eso, los aforados son juzgados por tribunales superiores, en teoría más cualificados”.

Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan la expansión de esta figura en España. La más reciente, la del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien ha advertido que en el país hay más autoridades aforadas de las necesarias. Según él, esta situación “desprende el aroma de privilegio” y por ello se muestra partidario de reducir drásticamente el número de personas con esta condición.