El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la declaración de interés público de la fábrica de cátodos programada en la ciudad. El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado este miércoles que el trámite de declaración de utilidad pública del proyecto de fábrica de cátodos de baterías de litio es “preceptivo y necesario” para poder aplicar la modificación fiscal vinculada a la licencia de obra.

Según ha explicado el regidor, esta declaración permitirá al Ayuntamiento adaptar la solicitud de licencia a la ordenanza fiscal de grandes instalaciones y grandes empresas. “Esa ordenanza necesita una declaración de utilidad pública, es decir, que haya un interés general por parte del Ayuntamiento”, ha detallado.

Las obras comenzarán pronto

Rodríguez Osuna ha subrayado que el proyecto cuenta ya con los requisitos medioambientales y que actualmente se está revisando el documento definitivo registrado por la empresa promotora.

En este contexto, el alcalde ha avanzado que la licencia de obra podría concederse en el mes de marzo. “Podría empezar la obra en el mes de marzo cuando le demos la licencia”, ha afirmado.

Investigadores del Grupo de Economía y Calidad de Producciones Agroalimentarias de la Universidad de Extremadura (UEx) han llevado a cabo por primera vez un completo análisis sobre la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas extensivas de dehesa en la región, que ha integrado de forma simultánea datos técnicos, económicos, sociales y ambientales, incluida la huella de carbono y el secuestro de carbono.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, forma parte de los resultados obtenidos por los miembros del grupo a lo largo de la ejecución de diferentes proyectos de investigación. Su publicación ha sido posible gracias a la financiación conjunta (85%) de la Unión Europea, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura.

En el marco de su investigación, el equipo realizó más de 60 entrevistas a ganaderos y propietarios, seleccionando 52 explotaciones exclusivamente extensivas, todas ellas ubicadas en dehesa y con una superficie superior a 100 hectáreas. Además, para el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e), es decir, la huella de carbono, el estudio propone como unidad funcional la hectárea.

“A diferencia de los sistemas intensivos, que parecen más eficientes si se mide la huella de carbono por kilogramo de carne o leche, en este trabajo solo analizamos explotaciones extensivas de dehesa, y la clave no es la cantidad de producto obtenido sino el uso del territorio y su capacidad para secuestrar carbono (...). Por eso, proponemos la hectárea para medir las emisiones de dióxido de carbono equivalente”, explica el investigador de la UEx Andrés Horrillo, primer autor del estudio.

Las explotaciones analizadas incluyen producciones de vacuno de carne, ovino de carne, caprino de leche y sistemas mixtos, estos últimos especialmente frecuentes en Extremadura (vacuno-porcino ibérico u otras combinaciones), ha informado la UEx en nota de prensa.

Además, cabe señalar que se trata del primer análisis integral que se lleva a cabo de la sostenibilidad de las dehesas que recoge indicadores de carácter técnico (carga ganadera, mano de obra, estructura de la explotación); económico (costes, ingresos, dependencia de insumos, rentabilidad); social (edad, relevo generacional, diversificación de ingresos) y ambiental (emisiones y secuestro de carbono).

El análisis estadístico ha identificado tres factores clave que diferencian a las explotaciones:
nivel de intensificación y emisiones; tenencia de la tierra y tipo de mano de obra; y dependencia de subvenciones de la PAC.

A partir de estos factores se han definido cuatro grupos de explotaciones.
Por un lado, tres grupos menos intensivos, con menor carga ganadera, menor dependencia de insumos (pienso, fertilizantes, maquinaria…) y menor impacto ambiental. De ellos, uno —el más sostenible— combina buenos resultados económicos con prácticas de manejo regenerativo.

Por otro lado, se identificó un cuarto grupo de explotaciones más intensivas, con mayor número de animales por hectárea y mayores emisiones (2183 kg CO2 equivalentes/ha), pero también mayor rentabilidad económica.

Los grupos menos intensificados, con menor número de animales por hectárea y menor dependencia de insumos, emiten entre 700 y 1000 kg CO2/ha, y logran, además, compensar entre el 43% y el 63% de las emisiones gracias al secuestro de carbono, lo que evidencia el potencial de mitigación del cambio climático de la ganadería extensiva gestionada de forma adecuada.

Finalmente, el trabajo recomienda que la administración diseñe políticas diferenciadas por tipología de explotación, especialmente en el marco de la PAC, para reconocer la sostenibilidad de la ganadería extensiva y favorecer prácticas con alto potencial de mitigación frente al cambio climático.

La European Federation of Animal Science (EAAP) también se ha hecho eco de los resultados de este estudio, que pueden servir de apoyo para desarrollar estrategias de gestión específicas orientadas a una mayor sostenibilidad y resiliencia de los sistemas ganaderos extensivos.

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en la localidad de Cerezal, pedanía de Nuñomoral (Cáceres), para localizar a un varón de 59 años, cuya desaparición fue comunicada por sus familiares en la noche de ayer.

En el operativo participan alrededor de una treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (USECIC), además de patrullas de Seguridad Ciudadana y el Equipo PEGASO, encargado de la búsqueda con drones. Asimismo, está prevista la incorporación de especialistas del GREIM, unidad experta en rescates en montaña, que se sumarán a las labores de localización en la zona junto con un perro especializado en búsqueda de personas. También están colaborando en la búsqueda, efectivos del Plan Infoex.

Bajo el título “Roma en Cáceres” se abre, este jueves 26 de febrero, en el vestíbulo del edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres, la 33 edición del programa cultural “Hablan Nuestros Documentos”.

A través de documentos custodiados por el Archivo de la diputación, la muestra está dedicada a los vestigios de Roma en la provincia de Cáceres, “un recorrido por la huella material y documental que el mundo romano dejó en nuestro territorio y que aún hoy sigue configurando nuestro paisaje y nuestra identidad histórica”, explica la responsable del archivo, Montaña Paredes.

Así, se propone un diálogo entre los documentos y los testimonios arqueológicos que, desde hace más de dos mil años, perviven en forma de calzadas, puentes, inscripciones, murallas y núcleos urbanos. La exposición invita a reflexionar sobre “qué nos trajeron los romanos: infraestructuras, organización administrativa, arquitectura civil, arte y escritura, pero también una nueva concepción del territorio cuya impronta sigue siendo visible”.

Uno de los ejes centrales fue la Vía de la Plata —documentada con ese nombre desde el siglo XVI y conocida en época andalusí como “Al-Balat”—, la gran calzada que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga).
El recorrido por la actual provincia de Cáceres incluye mansiones como Ad Sorores, Castra Caecilia, Turmulus, Rusticiana o Caecilio Vico, jalonadas por miliarios que marcaban las distancias. De especial relevancia es el yacimiento de Cáparra, cuyo célebre tetrapylum —arco cuadrifronte único en España— se alza aún sobre el trazado original de la calzada.

La muestra presta asimismo atención a otros enclaves significativos, como Augustobriga (Talavera la Vieja), cuyos restos quedaron parcialmente sumergidos tras la construcción del embalse de Valdecañas en 1963, pero que ya en el siglo XVI despertaban el interés de humanistas y eruditos. La ordenanza municipal de 1578, que prohibía la destrucción de edificios antiguos, constituye uno de los primeros testimonios normativos de protección patrimonial en España.

Especial protagonismo ocupa el puente romano de Alcántara, una de las obras maestras de la ingeniería romana, concluido en el año 106 d. C. bajo el emperador Trajano. Con sus 57 metros de altura y 194 de longitud, el puente —que durante siglos mantuvo su función viaria— simboliza la perdurabilidad de la obra romana y la excelencia técnica de sus constructores, entre ellos Cayo Julio Lácer, quien dejó constancia epigráfica de su autoría.

La exposición se enriquece con ediciones antiguas y estudios fundamentales para el conocimiento del pasado romano provincial. Entre las piezas figuran grabados del “Voyage pittoresque et historique de l’Espagne” de Alexandre de Laborde; el “Viaje de España” de Antonio Ponz; las Noticias históricas de Cáceres de Simón Benito Boxoyo; el “Sumario de las antigüedades romanas que hay en España” de Juan Agustín Ceán Bermúdez, así como trabajos arqueológicos contemporáneos esenciales para el estudio de yacimientos como Cáceres el Viejo.

Con esta nueva edición de “Hablan Nuestros Documentos”, concluye Montaña Paredes, la diputación provincial “reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio documental y arqueológico, acercando al público tanto las fuentes históricas como los restos materiales que permiten reconstruir la presencia romana en la provincia. La actividad propone contemplarlas, estudiarlas y, sobre todo, preservarlas como parte esencial de nuestra memoria colectiva”.

La muestra se podrá ver hasta mediados de abril, de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas.

El Consejo del Colegio de Ingenieros Industriales de España se ha mostrado partidario de mantener en funcionamiento la central nuclear de Central Nuclear de Almaraz al considerar que es segura, aporta estabilidad al sistema energético nacional y resulta estratégica para futuros proyectos industriales.

Una delegación de ingenieros industriales ha visitado este miércoles la planta extremeña, cuyo eventual cierre obligaría, según advierten, a activar un plan alternativo que impulse nuevas fuentes de energía y garantice la fijación de población y empleo en la comarca.

La comitiva ha estado encabezada por el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros de España, Cesar Franco, quien ha defendido que la central “cumple todos los requisitos para seguir operando” y ha subrayado que su seguridad está garantizada.

“Centrales gemelas a la de Almaraz están obteniendo en Estados Unidos prórrogas para operar hasta los 60 e incluso hasta los 80 años. La seguridad de la operación de Almaraz está garantizada”, ha afirmado Franco.

Impacto energético e industrial

Desde el colectivo profesional advierten de que el cierre de la planta implicaría un mayor uso de centrales de gas para cubrir la demanda eléctrica, ya que, a día de hoy, no existe una infraestructura técnica plenamente desarrollada que permita sustituir de forma inmediata su capacidad por fuentes alternativas.

En este sentido, Franco ha recalcado la necesidad de planificación y tiempo para adaptar el sistema energético: “Necesitamos tiempo para reorganizar toda nuestra infraestructura de redes, para seguir trabajando en el desarrollo de soluciones de almacenamiento y no nos podemos desprender de un activo tan importante como Almaraz”.

La central produce alrededor de 2 gigavatios de energía, una capacidad que, según los ingenieros industriales, no puede ser cubierta actualmente por las estructuras de almacenamiento asociadas a la energía fotovoltaica, todavía muy por debajo de ese volumen.

La limitación del precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo ha evitado que "se repitiesen situaciones de precios disparados como en otras emergencias", según concluye un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que abarca el periodo entre el 18 y el 25 de febrero.

Así, el análisis del departamento que encabeza Pablo Bustinduy insiste en que, dentro de los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana, no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida.

En concreto, los municipios afectados por esta limitación son los de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; los de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; los de Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; los de Benaoján y Ronda, en Málaga; y los de Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado el 10 de febrero, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Este jueves, 26 de febrero, se vota en el Congreso la convalidación de la norma.

Sobre esta votación, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido que esta medida no beneficia a ningún partido, pero "sí protege a nuestros vecinos y vecinas cuando, y ojalá no vuelva a ocurrir, llega lo inesperado".

Con todos estos datos, desde el departamento ministerial se ha subrayado que la medida ha funcionado y que se ha garantizado el acceso a servicios básicos de alojamiento, evitando que los algoritmos de las plataformas digitales generaran incrementos súbitos de precios en zonas con poblaciones vulnerables o desalojadas.

Además, según el Ministerio, esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma, lo que, para la entidad, "constata lo observado en la vigilancia de mercado" y apunta al compromiso de los operadores del sector con la estabilidad de los precios durante el periodo de emergencia.

"El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte", ha explicado el Ministerio en un comunicado.

A su vez, Consumo ha recordado otros casos de incrementos de precio no justificados durante situaciones de emergencia: “en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano”.

Críticas por parte del sector hotelero

A pesar de estos datos ofrecidos por el Ministerio, desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) no ven con “buenos ojos” esta medida, al considerar que "no refleja la conducta real del sector", recordando que los establecimientos han actuado históricamente como "espacios de refugio".

En un comunicado difundido la semana pasada, la patronal defendió que el sector nunca ha aprovechado emergencias para incrementar precios de forma oportunista, asegurando que "los establecimientos hoteleros españoles han demostrado históricamente un comportamiento ejemplar en contextos críticos".

Además, la entidad sostiene que las políticas de protección del consumidor deben articularse desde la cooperación con los sectores económicos implicados, evitando trasladar a la opinión pública una imagen que "no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos".

"No entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el Real Decreto habla de todos los bienes y servicios. Desde Cehat queremos reiterar nuestro compromiso con la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita", apuntó su presidente, Jorge Marichal.