El exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este jueves en Alzira (Valencia) a los 93 años, según ha confirmado a Europa Press la abogada de la familia, Ángeles Cañizares. En un comunicado, detalla que ha muerto “de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia”.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y del que fue expulsado tras protagonizar el 23‑F.

Fue condenado por rebelión militar a 30 años de prisión, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996. Además de ser el rostro más conocido del golpe fallido, es recordado por su frase “¡Quieto todo el mundo!”, con la que interrumpió la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en el Congreso.

Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja. Tejero irrumpió en el Hemiciclo a las 18:23 acompañado de más de 250 guardias civiles armados, gritando “¡Al suelo!” mientras los agentes disparaban al techo.
Solo tres diputados permanecieron en pie: Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo.

La asonada, apoyada por sectores militares contrarios al Estado de las Autonomías, la legalización del PCE y diversas reformas del Ejército, fue orquestada por Tejero, Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, quien llegó a sacar los tanques a las calles de Valencia.

El golpe empezó a desmoronarse tras el mensaje televisado del Rey Juan Carlos I, que, vestido de capitán general, expresó el apoyo firme de la Corona a la Constitución y a la democracia. Sin respaldo militar ni político, Tejero se rindió. Pasadas las 12:00 horas del 24 de febrero, los guardias abandonaron el Congreso y liberaron a los diputados.

Antes del 23‑F, Tejero había participado en la Operación Galaxia, una intentona golpista de 1978 para asaltar al Gobierno en La Moncloa. Fue condenado a siete meses de cárcel, lo que no impidió que continuara en el Instituto Armado hasta 1981.

Tras su salida de prisión, sus apariciones públicas fueron escasas pero sonadas. En 2006 publicó una carta contra el Estatut catalán, en 2012 denunció a Artur Mas por sedición y en 2023 denunció a Pedro Sánchez por “traición a España”.

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo‑Mingorrubio para la reinhumación de los restos de Francisco Franco, donde fue recibido entre gritos de “Viva Tejero”, “Arriba España” y “Gracias por todo, Antonio”.

En un documento encabezado por “militares españoles” se detalla un listado de consignas para actuar tras el golpe del 23-F. En él afirman que el “primer fallo” fue “dejar al Borbón libre” y tratarlo como a un caballero, algo que, según los autores, lo convierte en un “objetivo a batir y anular”. El escrito recoge también varias recomendaciones para llevar a cabo en “acciones sucesivas”.

Este documento, manuscrito, forma parte de la planificación del golpe de Estado elaborada a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Sin embargo, su contenido sugiere que fue redactado después del 23-F, ya que menciona expresamente la necesidad de analizar los pasos a seguir tras el fracaso del levantamiento.

En el texto, los militares subrayan que no están decepcionados por el resultado del golpe y que no es momento de criticar lo ocurrido, sino de “analizar lo que habrá que hacer de ahora en adelante”. Allí enumeran los fallos que, a su juicio, deben corregirse para futuras actuaciones, insistiendo en que el mayor error fue no controlar al Rey desde el principio.

Los autores sostienen que Juan Carlos I seguirá adelante con lo que consideran un “intento suicida” de formar Gobierno con los socialistas. Por ello, concluyen que el monarca ya no puede ser considerado “un símbolo a respetar”, sino “un objetivo a batir y anular”. Una posición llamativa, dado que los militares consideraban inicialmente que la Corona era un elemento clave para el éxito del golpe del 23-F, tal como se recoge en un croquis fechado en noviembre de 1980.

En otra parte del documento, analizan posibles configuraciones de Gobierno que podrían favorecer un levantamiento. Tras barajar varias opciones, concluyen que la única vía viable sería una “operación civil con complemento militar”, encabezada por un general de talante liberal. Entre los nombres citados figuran Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría y Díez Alegría, a quienes ven como un “antídoto al golpismo”. Para que este plan tuviera éxito, señalan, serían necesarias dos condiciones: reclutar a un general con ese perfil y contar con el apoyo de la Corona.

El documento también menciona al fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, cuyo nombre aparece repetidamente vinculado a distintas operaciones civiles, militares y mixtas. Los autores consideran que las iniciativas de corte democristiano, impulsadas por figuras como Herrero de Miñón o Álvarez de Miranda, tenían pocas posibilidades y subrayan que “no cuentan con Fraga”. Sin embargo, sí lo sitúan como un posible enlace político para organizar reuniones con generales en la costa levantina y lo vinculan a contactos con grupos conspiradores.

La presencia de Fraga reaparece en la llamada “operación Halcón”, también conocida como el golpe de los coroneles, que según el documento debía ejecutarse antes de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Este plan buscaba el “estrangulamiento de los principales medios decisorios del Estado” mediante un amplio movimiento nacional. Para ello, cada grupo tenía asignados objetivos concretos, desde medios de comunicación hasta ministros y altos cargos del Gobierno. Entre los nombres mencionados en esas listas figuran, además de Fraga, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.