El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de impulso en la que insta al Ejecutivo regional a cerrar de inmediato los centros de menores y a expulsar a cualquier inmigrante ilegal en Extremadura, rechazando así, asegurando, la política de inmigración promovida por Bruselas y Madrid. Según Vox, dicha política es "incontrolada, masiva e incompatible" con el modelo de cultura occidental y representa un "problema muy grave" tanto para España como para Extremadura.

El diputado de Vox, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, ha presentado la iniciativa este martes, señalando que Extremadura está experimentando un aumento de inmigrantes alojados en centros de menores, financiados con impuestos públicos, lo cual, en su opinión, podría conducir a un incremento de la criminalidad en la región. El objetivo de solicitar el cierre de los centros de menores y expulsar a los inmigrantes ilegales en la región es evitar, ha dicho, que Extremadura alcance el "índice en cuanto a criminalidad y peligrosidad en relación a esa inmigración" que hay en otros territorios.

Un estudio reciente realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Guardia Civil ha revelado un dato preocupante: el 75,4% de los niños y adolescentes en España ha experimentado algún tipo de violencia sexual digital. El informe, titulado Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, también revela que el 43% de los menores ha recibido imágenes de contenido sexual sin haberlas solicitado.

Precoces con la tecnología

Este tipo de violencia, que se ha incrementado con el uso temprano de dispositivos electrónicos, tiene graves consecuencias en las vidas de los menores. Los niños acceden cada vez a una edad más temprana a la tecnología. Actualmente, el primer dispositivo compartido llega alrededor de los 8 años y el primer teléfono móvil a los 10, aunque los padres consideran que la edad ideal debería ser a los 13,5 años. Además, el acceso a redes sociales comienza a los siete años, especialmente en plataformas como YouTube.

El impacto de estos delitos digitales es devastador: cuatro de cada diez adolescentes que han sufrido chantaje sexual derivado de la difusión de contenido íntimo aseguran que ha marcado sus vidas profundamente. 

No Continuará

Para enfrentar esta creciente amenaza, la Fundación Mutua Madrileña y la Guardia Civil han lanzado la campaña No Continuará. Esta iniciativa está dirigida tanto a padres como a menores, con el objetivo de concienciar sobre los peligros de compartir contenido sexual y fomentar la denuncia de cualquier tipo de chantaje o violencia sexual en línea. La campaña incluye tres vídeos que serán difundidos en redes sociales y utilizados en charlas educativas en colegios de toda España. El primer vídeo, lanzado con el mensaje "No reenvíes contenido sexual. Es delito", resalta lo dañino que puede ser compartir imágenes íntimas, incluso de forma aparentemente inofensiva.

El proyecto también insta a los padres a supervisar los dispositivos de sus hijos, recordando que el agresor puede estar más cerca de lo que se piensa. La campaña enfatiza que la responsabilidad de detener estos delitos está en manos tanto de los adultos como de los menores, quienes deben estar informados y conscientes de los peligros del entorno digital.

En Cáceres se ha celebrado el Congreso Ibérico Agropecuario, un encuentro que ha reunido a más de 450 agricultores y ganaderos de España y Portugal, quienes analizaron los retos y oportunidades que enfrenta el sector agrario en ambos lados de la frontera. Este evento, que congrega a profesionales del campo, ha sido una plataforma para debatir sobre la sostenibilidad, la innovación y los desafíos climáticos que afectan a la agricultura y ganadería de la región.

Regadío en Tierra de Barros

En este congreso ha intervenido Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura, y ha hablado sobre las polémicas en torno al proyecto de regadío en la comarca de Tierra de Barros García Bernal se ha mostrado muy crítica los 20 millones de euros anunciados recientemente por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para financiar una parte del proyecto, argumentando que esa cantidad no será suficiente para llevarlo a cabo. Según García Bernal, el regadío no puede ejecutarse "por fases" y, además, ha afirmado que el Gobierno central no aportará fondos para esta iniciativa. María Guardiola miente", ha subrayado la secretaria de Estado que concluye que "no es posible" contar con fondos estatales.

La secretaria de Estado ha explicado que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto fue realizada por el gobierno autonómico cuando se contaba con financiación europea. Según ha dicho, involucrar ahora al Gobierno central y sus fondos significaría reiniciar todo el proceso, lo que podría invalidar lo ya trabajado hasta el momento. Si el Gobierno central pusiera dinero, habría que "empezar desde cero", ha afirmado.

Reacción de la Junta

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha reclamado a través de una nota de prensa, al Gobierno de España "responsabilidad, seriedad y que arrime el hombro" en relación con el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Higuero ha afirmado que el Ejecutivo central "no puede dar la espalda a los regantes" y ha criticado a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, por no defender los intereses del campo extremeño.

Higuero también ha señalado que la exconsejera ocultó que la Comisión Europea había advertido a Extremadura sobre la falta de financiación del proyecto con los fondos europeos FEADER, lo que paralizó el proyecto. Según el consejero, esta situación será investigada en la Asamblea de Extremadura.

La Junta asegura que el regadío de Tierra de Barros, declarado de interés general, requiere la participación del Estado en su financiación. Higuero ha defendido que el nuevo gobierno de María Guardiola ha mostrado su compromiso, proponiendo una inversión de 20 millones de euros de fondos propios de la comunidad.