El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha trasladado al Ministerio la situación que atraviesan numerosos municipios extremeños como consecuencia de los recientes episodios de lluvias intensas y adversidades meteorológicas, que han provocado graves incidencias en los servicios de telecomunicaciones.

Santamaría ha mostrado su “máxima preocupación” por los habitantes, empresas e instituciones de las localidades afectadas, muchas de las cuales permanecen desde el pasado jueves sin servicio de fibra óptica ni telefonía móvil. Desde la Junta de Extremadura se ha trasladado además la total disposición para colaborar de manera técnica y operativa en todas las actuaciones que sean necesarias para restablecer el servicio con la mayor rapidez posible.

Las localidades afectadas por estas incidencias son Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela, Zurbarán, Vegas Altas, Valdivia, Palazuelo, Orellana de la Sierra, Obando, Los Guadalperales, Gargáligas, Entrerríos, El Torviscal y Acedera.

Solicitud de medidas urgentes y prioritarias

En la carta, la Junta solicita la adopción urgente y prioritaria de medidas concretas. Entre ellas, se incluye la evaluación inmediata de los daños en las infraestructuras de telecomunicaciones de los municipios afectados y la coordinación urgente con los operadores para el restablecimiento provisional y definitivo de los servicios.

Asimismo, se pide la activación de planes de contingencia y refuerzo, incluido el despliegue temporal de soluciones alternativas como estaciones móviles de emergencia o sistemas de comunicación vía satélite, con el fin de garantizar la conectividad básica mientras se solucionan las averías.

A más largo plazo, la Junta reclama un plan de actuación específico para las zonas rurales más vulnerables, que permita mejorar de forma sustancial la resiliencia de las infraestructuras ante fenómenos climáticos adversos. En este sentido, se propone la construcción de dobles rutas de fibra óptica, mediante trazados distantes y diferenciados, en todas las poblaciones de Extremadura.

Desde el Ejecutivo regional se confía en una respuesta rápida del Ministerio y en la implantación de medidas eficaces que garanticen unas telecomunicaciones dignas, seguras y resilientes para todos los extremeños.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todos los municipios que han sufrido los efectos de las recientes borrascas, un paso equivalente a lo que antes se conocía como zona catastrófica, informan fuentes del Ejecutivo. Esta medida permitirá iniciar los trámites para evaluar y determinar las ayudas económicas y de reconstrucción que se activarán una vez se cuantifiquen los daños causados por las tormentas.

Las borrascas, entre ellas Leonardo y Marta, han provocado lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos que han afectado gravemente especialmente Extremadura y Andalucía, con daños también registrados en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La decisión se produce tras una cadena de borrascas que ha dejado un aumento histórico de las reservas de agua embalsada en España, batiendo récords de crecimiento en apenas una semana debido a las lluvias acumuladas. Ahora, tras esta declaración, se inicia el proceso de evaluación de daños que permitirá determinar el alcance preciso de los apoyos económicos, sociales y de reconstrucción que recibirán las localidades afectadas.

Las intensas lluvias y los fuertes vientos de las últimas borrascas han provocado importantes daños en numerosos municipios de la región, con cientos de árboles caídos como consecuencia de las inundaciones y los temporales. Desde hace semanas, los ayuntamientos trabajan para retirar los ejemplares dañados y replantar nuevas especies en calles, parques y avenidas.

Replantar, pero con coherencia y espacio

Una labor que ha sido valorada positivamente por los colectivos ecologistas, aunque con matices. Desde organizaciones como Adenex insisten en que la reposición del arbolado debe realizarse con criterios técnicos, teniendo en cuenta tanto la especie elegida como el espacio necesario para el correcto desarrollo de las raíces. Y es que, según explican, una de las principales causas de la caída de árboles durante los temporales no es únicamente el viento, sino la falta de espacio para el enraizamiento.

A esta situación se suman otros problemas estructurales derivados de una mala planificación urbana: podas excesivamente agresivas, raíces dañadas por obras, especies mal elegidas o árboles plantados en calles estrechas pese a desarrollar copas de gran tamaño. También alertan de la llegada desde los viveros de ejemplares con raíces deformadas, incapaces de anclarse correctamente al suelo.

Ante este escenario, el colectivo ecologista reclama la elaboración de planes de gestión del arbolado urbano y la aprobación de una ley regional que garantice podas técnicas adecuadas y una correcta elección de especies.

Un total de nueve alcaldes de la comarca cacereña del Campo Arañuelo han registrado este martes una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan que no se lleve a cabo el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto para los años 2027 y 2028.

Con un contexto diferente y cumpliendo las condiciones

La carta ha sido firmada por quince alcaldes, entre los que se encuentran algunos que pertenecen al PSOE, y reclama un “diálogo leal” y una “reconsideración basada en hechos” del calendario de cierre pactado en 2019, al considerar que dicho acuerdo se adoptó “en un contexto muy distinto al actual”. Aseguran que la central de Almaraz cumple “de forma objetiva” las tres condiciones establecidas por el propio Ejecutivo para autorizar una prórroga.

Según detallan, la planta reúne todas las garantías de seguridad exigidas, contribuye de manera decisiva a la seguridad energética y al equilibrio territorial, y sus titulares han expresado formalmente su disposición a realizar las inversiones necesarias para prolongar su vida útil sin que ello suponga costes adicionales ni para la ciudadanía ni para la Administración General del Estado.

Peso económico y social

En defensa de la continuidad de la central, los firmantes recuerdan que Almaraz sostiene más de 4.000 puestos de trabajo, fija población, impulsa la actividad de empresas auxiliares y garantiza servicios públicos, ofreciendo a los municipios una mínima certidumbre de futuro. Asimismo, destacan que la instalación ha operado durante todos sus años de funcionamiento bajo elevados estándares de seguridad y con una supervisión constante de los organismos reguladores.