El futuro centro de datos CC Green, uno de los proyectos digitales más importantes de Europa, comenzará su construcción tan pronto como se le asigne la potencia eléctrica necesaria. Este ambicioso proyecto, que estará ubicado en Extremadura, ha sido declarado de interés regional por la Junta y promete ser un punto clave en la infraestructura digital de la región.

Representantes de la empresa responsable del proyecto, Ingenostrum, se han reunido hoy con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para informar sobre el estado del proyecto y los avances en los trámites necesarios. Quintana ha destacado el apoyo del Gobierno, afirmando que están "abriendo las puertas necesarias y ayudando en todo lo que sea posible" para que el proyecto se materialice.

Por su parte, Gabriel Nebreda, consejero delegado de Ingenostrum, ha señalado que el inicio de la construcción está condicionado a la confirmación de la conexión eléctrica: "En cuanto tengamos la conexión eléctrica asegurada, que es lo que esperamos, empezaremos la construcción el año que viene, y podríamos estar operando en 2026".

Este centro de datos, conocido como CC Green, será un hito para el desarrollo tecnológico de Extremadura, generando empleo y fomentando la digitalización de la región

Oleada de robos en en Centro Público de Educación especializada PROA en Cáceres. Ubicado en la barriada de Aldea Moret, las instalaciones han sufrido al menos cinco asaltos con robo en menos de un mes. Se han llevado desde garrafas de aceite hasta la cubertería y la vajilla, y también mantas y pantallas. Es muy fácil entrar en el recinto. El estado del perímetro es lamentable con muros caídos y grandes masas de vegetación salvaje que oculta la valla que lo circunda. Un ejemplo de la situación del centro se encuentra en la puerta principal, corroída por el oxido y con el logotipo de Caja Extremadura, una entidad que dejó de existir hace años.

Alertada por padres y personal del centro, la Junta de Extremadura aumentará la vigilancia del centro. Contratará a un vigilante de seguridad más y ya se ha puesto en contacto con un empresa de seguridad para la instalación de cámaras de videovigilancia. Se espera que a partir de este lunes 9 de septiembre estén operativas estas nuevas medidas que llegan apenas tres días de la apertura del curso.

En centro PROA lleva casi dos décadas a la espera de unas nuevas instalaciones. Las actuales datan de finales de los años sesenta. Hasta el 2020 no se licitaron las nuevas instalaciones que se ubicarán el el barrio cacereño de Casa Plata. El año pasado la Junta rescindió el contrato con la constructora por diversas irregularidades. A día de hoy no hay fecha para su traslado.

Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente laboral esta mañana en el Polígono Industrial Las Arenas, en la parcela 71 de Malpartida de Cáceres. El accidente se ha producido pasadas las 11.30 horas de esta mañana, cuando una caja de cambios ha caído sobre el trabajador en un taller de vehículos industriales. Varios compañeros trataron de ayudarle en ese momento para poder retirarla

El joven ha sufrido una fractura en el cuello del fémur y en la pelvis. Ha sido atendido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado en estado crítico al Hospital Universitario de Cáceres para recibir atención médica especializada. Allí permanece estable y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Cáceres, el Centro de Salud de Malpartida de Cáceres, la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior ha presentado hoy el balance de siniestralidad vial correspondiente a los meses de julio y agosto, tras concluir las operaciones especiales de tráfico del verano. En Extremadura, el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha sido de diez personas, tres menos que en el mismo periodo de 2023, lo que supone una leve mejora en la seguridad vial de la región.

Nuevas medidas de seguridad

Sin embargo, preocupa el aumento de víctimas entre los usuarios más vulnerables en carretera, como motoristas, ciclistas, peatones y conductores de patinetes. La Dirección General de Tráfico está evaluando nuevas medidas para mejorar la seguridad de estos grupos, incluyendo la instalación de más radares, un incremento de los controles de alcoholemia y una campaña de concienciación sobre los peligros de la somnolencia al volante.

A nivel nacional, un total de 241 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en España durante los meses de verano, tres más que en 2022. La mayoría de los siniestros ocurrieron en carreteras convencionales y uno de cada cuatro conductores fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad, según informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro ha destacado que "el uso del cinturón habría evitado la muerte de la mitad de los fallecidos que no lo llevaban".

Además, el informe señala que casi el 46% de las víctimas mortales no viajaban en coche, sino que eran usuarios vulnerables. Este verano también se ha registrado un récord histórico de movimientos de largo recorrido, con casi 98 millones de viajes realizados en solo dos meses.

A pesar de la reducción del número total de accidentes en un 3% respecto al año anterior, la siniestralidad sigue siendo un reto, especialmente entre los colectivos más expuestos en la carretera.

Tras casi dos años sin acceso a agua potable, los vecinos de la localidad pacense de Guadajira cuentan desde hoy con un punto de suministro provisional. El Ayuntamiento ha instalado dos depósitos de agua que permitirán abastecer a la población mientras se resuelve el problema a largo plazo. Durante este tiempo, los habitantes han tenido que gastar considerablemente en la compra de agua embotellada debido a los altos niveles de nitratos presentes en el agua local, que la hacen no apta para el consumo humano.

Aunque los vecinos seguirán sin poder beber ni cocinar con el agua que llega a sus casas, ahora tienen acceso a un grifo público donde podrán llenar sus garrafas con agua filtrada. Este grifo, situado en la calle, estará disponible las 24 horas del día, según ha explicado el alcalde de Guadajira, Sergio Fernández: "Este sistema filtra los nitratos y las impurezas como la cal, y el agua estará disponible de forma automática las 24 horas". Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a llevar el agua directamente a las casas de las personas más vulnerables.

Carlos Martínez, de la empresa técnica encargada de la solución, ha destacado que el suministro es prácticamente ilimitado: "Conforme los vecinos vayan sacando agua, se irá reponiendo automáticamente".

Aunque los vecinos agradecen la medida, la consideran un "parche" temporal. "Por lo menos no tenemos que comprar agua embotellada", ha comentado uno de ellos, reconociendo la provisionalidad de la solución.

La solución definitiva llegará en 2025, cuando se prevé conectar Guadajira con la red de abastecimiento de Talavera la Real, un proyecto que requerirá una inversión de más de tres millones de euros por parte de la Junta de Extremadura.

Los consejeros de Empleo y Agricultura de Extremadura se han reunido con las principales organizaciones agrarias para abordar la creciente falta de mano de obra en el sector agrícola, un problema que preocupa especialmente de cara a las próximas campañas de recolección. Entre las propuestas destacadas está la posibilidad de traer trabajadores extranjeros con contratos en origen y regularizar la situación de los migrantes irregulares ya presentes en el país.

Contratar trabajadores extranjeros

Hace dos semanas, la Organización Agraria La Unión solicitó la colaboración de la Junta para poner en marcha una experiencia piloto que facilite la contratación de trabajadores extranjeros. A su vez, UPA-UCE ha pedido depurar las listas del paro para permitir contratar a migrantes sin papeles en regla, mientras que Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres sugieren compatibilizar el cobro de prestaciones con los contratos de trabajo en el campo.

El consejero de Empleo ha expresado su disposición a colaborar pese a que las competencias migratorias dependen del Gobierno central: “Vamos a escuchar sus demandas y trasladarlas al Gobierno central para que puedan tener los trabajadores que necesitan en las mejores condiciones posibles”. Además, la Junta se ha comprometido a coordinarse con Andalucía para llevar una posición común al Ejecutivo.

Otras medidas

Entre las principales demandas del sector está la modificación de la ley de extranjería para facilitar la contratación en origen, aunque también proponen otras soluciones. Juan Metidieri, de Apag Extremadura, ha instado a estudiar “todas las vías posibles para dar una solución al problema de mano de obra en todos los sectores”.

Por su parte, Ignacio Huertas de UPA-UCE ha sugerido que la Junta podría construir infraestructuras de alojamiento para los trabajadores temporales y ofrecer medidas de apoyo para mejorar la mecanización agrícola.

Luis Cortés, de La Unión, considera que la necesidad de voluntad política para otorgar permisos especiales a migrantes irregulares es fundamental: "Se necesita voluntad política para dar permiso especial a esos trabajadores y que puedan vivir dignamente en España".

Las organizaciones agrarias estiman que el sector necesita entre dos y tres mil trabajadores para cubrir la demanda de mano de obra en Extremadura

Novedades en el caso de la 'operación Minuro-Peces'. El Juez que lleva el caso ha dictado el auto de cierre de instrucción y procesa a seis agentes de la Policía Nacional, cinco de los cuales formaban el Grupo de Estupefacientes de Mérida hasta septiembre de 2021, cuando se produjeron las detenciones.

El Juez considera que el Grupo Antidroga actuaba como una "organización criminal" en la que todos sus integrantes actuaban de "forma coordinada". De hecho, según se detalla en el auto al que ha podido tener acceso Canal Extremadura, entre las actuaciones ilícitas que llevaban a cabo, los policías se quedaban dinero de los traficantes cuando en los registros no estaba presente el secretario judicial, avisaban a sus colaboradores de que otros agentes les investigaban e incluso compartían plantaciones de marihuana con algunos traficantes.

Entre los muchos delitos que el juez les imputa están los de organización criminal, omisión del deber de perseguir delitos, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de torturas o de conspiración, entre otros. Junto a los seis policías procesados, hay otras nueve personas acusadas que son ajenas al Cuerpo Nacional de Policía.

Ahora, se abre un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.