La Comisión Europea ha aprobado el primer procedimiento voluntario del mundo para certificar actividades que eliminan dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera, un marco regulador que permitirá crear un mercado europeo de créditos de carbono y monetizar la captura de emisiones.
Este sistema, en fase de revisión por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, entrará en vigor si no se presentan objeciones, tal como establece el nuevo Reglamento Delegado sobre eliminación de carbono.
Una oportunidad para territorios que actúan como sumideros naturales
La decisión abre la puerta a que las actividades capaces de retirar CO₂, desde tecnologías industriales hasta prácticas agroganaderas que mejoran la captura en suelos, puedan certificarse y vender créditos de carbono a empresas emisoras. Esto beneficiará de forma especial a regiones como Extremadura, donde la dehesa actúa como un importante sumidero natural, y donde ya se ensayan iniciativas de carbonocultura.
Uno de los proyectos más avanzados es Carbogan, impulsado por UPA, que trabaja en la identificación de la capacidad anual de producción de biomasa y en la certificación de manejos ganaderos capaces de aumentar la captura de carbono. Su planteamiento pretende que, si un ganadero acredita un manejo rotacional o regenerativo, pueda estimarse la cantidad de toneladas de CO₂ que es capaz de fijar en el suelo.
Aunque hasta ahora los créditos de carbono se han asociado sobre todo a la reforestación, la UE ha abierto el marco a la carbonocultura, donde entran agricultura, pastos y ganadería, siempre que sus prácticas puedan ser verificadas y certificadas como actividades de eliminación o aumento del almacenamiento de carbono.
El nuevo procedimiento permitirá que el capturador de carbono y el emisor neto acuerden un precio libre, que según las estimaciones del sector podría rondar, por ejemplo, los 70 euros por tonelada de CO₂. Esto supondrá una fuente adicional de ingresos para explotaciones agrarias y ganaderas capaces de demostrar su contribución climática.
