La instalación de un piso para menores tutelados en un bloque de viviendas de Cáceres ha desatado una fuerte controversia entre los residentes, que han expresado su oposición mediante una pancarta colocada en lo alto del edificio y acuerdos adoptados en junta de propietarios. En el inmueble viven nueve personas, la mayoría octogenarias, y operan dos despachos profesionales. La comunidad argumenta que la ubicación “no es adecuada” por las condiciones de vulnerabilidad de sus residentes.

Los vecinos aseguran que temen “que ocurra lo mismo que en Badajoz con el caso Belén Cortés” y han mostrado su rechazo a la puesta en marcha del recurso residencial en su bloque. Elisa González, residente, y Alfonso Sánchez, presidente de la comunidad, han trasladado la postura del vecindario, incidiendo en que la prioridad debería ser proteger a los mayores y evitar conflictos en un entorno que consideran sensible.

Por su parte, la propiedad del piso donde se alojarían los menores sostiene que se cumplen todos los requisitos y ha anunciado que impugnará la junta de propietarios en la que se formalizó la protesta. Desde la Junta afirman que la responsabilidad de habilitar una vivienda adecuada recae en la subcontrata encargada de la gestión, mientras que la empresa adjudicataria defiende que “todo está en regla” y denuncia la actitud hostil de parte del vecindario. La subcontrata asegura que su personal ha sufrido agresiones verbales en accesos al edificio.

María Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal de Sala de Violencia de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que “España tiene leyes muy buenas, pero con una aplicación y dotación económica deficiente”. Lo ha dicho durante las jornadas 'Violencia vicaria en Extremadura. Una mirada jurídica y sanitaria para una realidad multidisciplinar', que se celebran este lunes en Badajoz. Allí también ha destacado la importancia de la formación en materia de violencia de género para fiscales y recuerda que la respuesta debe ser integral, implicando a sanidad, educación y servicios sociales: “El sistema judicial es la última frontera; hay que actuar antes de llegar al derecho penal”. 

Por su parte, Ana María González Ortiz, presidenta de la Asociación Mujeres Libres Mujeres en Paz, que organiza estas jornadas, ha puesto también sobre la mesa una realidad preocupante: la normativa que protege a los menores víctimas de violencia de género no se cumple en la práctica.

González Ortiz recuerda que desde 2015 la legislación española reconoce como víctimas a todos los niños y niñas que viven en hogares donde sus madres sufren violencia de género, pero “nadie está atendiendo a esas víctimas”.

Y citaba datos del Consejo General del Poder Judicial: entre las 65.000 víctimas más graves, solo el 0,23% cuenta con una medida cautelar para proteger a los menores. “Estamos incumpliendo la ley”, denuncia. Recuerda, además, que la norma prohíbe el contacto de los niños con los maltratadores salvo casos excepcionales, pero “la mayoría de hijos e hijas siguen obligados a ver a sus agresores"; incluso 800 niños en España van a la cárcel a visitar a sus padres, añade. 

Desde la Junta, ha participado en las jornadas la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, que asegura que la violencia vicaria es “una de las manifestaciones más crueles y devastadoras de la violencia de género”. En España, 65 menores han sido asesinados en este contexto y 500 han quedado huérfanos. 

El mensaje común es claro: cumplir la ley, reforzar la protección de la infancia y actuar de forma coordinada para erradicar una violencia que sigue dejando cifras alarmantes.

Iberdrola continúa dando pasos para reforzar el almacenamiento de energía en sus plantas fotovoltaicas en Extremadura. Tras anunciar la semana pasada la instalación de cuatro grandes baterías en Alcántara y Cedillo, la compañía ha hecho público hoy un nuevo proyecto en el parque solar Los Arenales, en Cáceres.

La iniciativa permitirá almacenar energía limpia producida por las placas solares para utilizarla cuando más se necesita, especialmente en momentos en los que la producción disminuye, como durante la noche, en días nublados o cuando llueve. El objetivo es que la planta funcione al cien por cien de su capacidad, aprovechando toda la energía que genera y almacenando el excedente que no se consume en el momento.

Según Iberdrola, el cien por cien de la capacidad de estas baterías permitiría cubrir el consumo diario de unos 44.000 hogares. El proyecto contribuye así a una mayor estabilidad del sistema eléctrico, refuerza la seguridad energética y supone un beneficio medioambiental, aunque desde la compañía señalan que no tendrá un impacto directo en la factura de los consumidores.

La inversión total asciende a 114 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de un año y cinco meses desde el inicio de las obras. El proyecto ya es público y se encuentra actualmente en fase de alegaciones, paso previo a recibir la autorización definitiva.

La confianza a veces se convierte en el "arma" del delito. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de estafa, hurto y suplantación de identidad cometidos contra un usuario de un centro asistencial de la provincia de Cáceres.

La investigación se inició después de que la víctima detectara movimientos bancarios inusuales y no autorizados entre los meses de mayo y octubre, hasta el punto de impedirle afrontar el pago de su estancia en la residencia.

Los agentes de la Guardia Civil centraron entonces sus sospechas en un antiguo trabajador del centro, que había ejercido como cuidador del perjudicado durante el periodo en el que se produjeron los hechos. Según la investigación, el detenido se habría aprovechado de la relación de confianza y del acceso al entorno personal de la víctima para sustraer documentación bancaria.

Robo y suplantación de identidad

Con esos datos, presuntamente realizó numerosas compras por Internet, apuestas en plataformas de juego online y retiradas de efectivo en cajeros automáticos de distintas entidades bancarias, en algunos casos efectuando varios reintegros el mismo día y por importes elevados. Además, los agentes constataron que llegó a suplantar la identidad del residente para ampliar su actividad delictiva, incluso después de haber finalizado su relación laboral con el centro.

El perjuicio económico ocasionado asciende a unos 8.000 euros, según el análisis de los movimientos bancarios y las operaciones fraudulentas detectadas. Una vez reunidos todos los indicios, el pasado 11 de diciembre la Guardia Civil procedió a su detención y puso las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.