Talavera la Real se prepara ya para una nueva edición de su Fiesta de la Tomatá, con cambio de fecha incluido (27 y 28 de septiembre), pero más ganas que nunca y mucha expectación ante los premios anunciados. Entre ellos, un vale por importe de 1.000 euros que podrá encontrar, entre los tomates, alguno de los participantes en la “Batalla a Tomatazos”, que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a partir de las 12 horas en el paseo Virgen del Carmen de la localidad.

 Despedida del verano a "tomatazos"

Manuela Sancho, alcaldesa del municipio, ha subrayado el carácter festivo de este evento, pero también lo que significa, como “broche de oro” de la dura campaña de recolección del tomate y “el justo homenaje a un cultivo que ha dado y da mucha vida, riqueza y empleo a Talavera, y a Extremadura”. 

Para la jornada del domingo, en la céntrica plaza de España, está prevista la degustación de sopa de tomate, mermeladas y dulces típicos de la localidad, elaborados con tomate, así como tallares infantiles con la hortaliza y su cultivo como gran protagonista. 

También habrá animación musical a cargo de los comunicadores de Cadena 100, Jimeno y Antonio Hueso. 

La organización también ha querido recalcar que los tomates que se lanzarán en la gran batalla son de desecho de la campaña de recolección, ya pasados y aportados por los agricultores para la ocasión. 

Vestuario "listo para mancharse"

En cuanto a la preparación para la batalla, advierten que lo más prudente es ir debidamente equipados para pasar un rato lo más divertido y agradable posible, recibiendo y dando tomatazos de un lado para otro. “Lo más recomendable es ir con vestuario y calzado cómodo, listo para mancharse, y, si puede ser, con gafas protectoras”, aseguran. 

Fiesta para todos los extremeños

La alcaldesa de Talavera ha animado a todos los extremeños a participar en esta divertida fiesta, con la que quieren poner un cierre lúdico a la dura pero gratificante campaña de recolección del tomate.

Precisamente, el cambio de fecha responde a esa idea de coincidir con el cierre de la recolección para que sirva de homenaje a todo un sector que es emblema de la región. 

Diversos colectivos animalistas, entre ellos Pacma, Fenpca y la Plataforma NAC, han convocado una concentración en Azuaga (Badajoz) el próximo 14 de septiembre para exigir justicia por la muerte de 32 perros de caza. 

Los animales fueron encontrados muertos por inanición en una nave abandonada, presuntamente tras ser dejados allí por un cazador. La protesta tendrá lugar a las 11:00 horas frente al Ayuntamiento de la localidad.

La movilización cuenta con el respaldo de 213 organizaciones y busca denunciar la impunidad que, según los convocantes, rodea al maltrato animal en España. 

Reclaman reforma del Código Penal

Consideran que casos tan graves como el de Azuaga no pueden resolverse con sanciones leves, y reclaman una reforma del Código Penal que permita penas de prisión efectivas para los responsables de este tipo de delitos, algo que actualmente no ocurre debido a la baja duración de las condenas.

Además, critican que la Ley de Protección Animal aprobada en 2023 excluye a los perros de caza, lo que perpetúa una discriminación que deja sin protección a miles de animales. Según los colectivos, esta exclusión ha generado un aumento de los casos de abandono y maltrato, al reforzar la sensación de impunidad. 

La concentración pretende ser un punto de inflexión en la lucha contra el maltrato animal y por la igualdad de derechos para todos los perros.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Plasencia (Cáceres), interceptaron el pasado 10 de agosto a un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 (Autovía del Suroeste), a la altura de la localidad de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), procedente de la autovía autonómica EXA2, por donde también lo hizo en sentido contrario. Su conductora dio positivo a las pruebas de detección de drogas que le fueron realizadas.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 10 de agosto, cuando la Central 062 de la Comandancia de Cáceres recibió aviso acerca de varias llamadas de usuarios que alertaron al 112 sobre la presencia de un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía autonómica EXA2 (de Miajadas a Vegas Altas), desde la que accedió a la autovía A-5, a la altura de Miajadas (Cáceres), conduciendo dirección Madrid, por los carriles destinados para la circulación con sentido Badajoz.

Los agentes de Tráfico localizaron al vehículo, un turismo que tras realizarle señales para que se detuviera, fue interceptado en el km 268 de la autovía A-5 (a la altura de Santa Cruz de la Sierra, en Cáceres) y trasladado fuera de ella para evitar mayor peligro.

La mujer de 44 años dio positivo en drogas

El mismo iba conducido por una mujer, de 44 años, a la que le fueron realizadas las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas, arrojando resultado negativo en alcohol y positivo en drogas.

Por parte del Equipo de Investigación de Seguridad Vial de Plasencia (Cáceres) se instruyeron las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Trujillo (Cáceres).

Se le imputan varios delitos 

A la conductora se le han imputado dos delitos contra la seguridad vial, el primero por la comisión de un presunto delito de conducción temeraria recogido en el art. 380 del Código Penal, enfrentándose a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y la privación de conducir un vehículo a motor de 1 a 6 años, y otro por conducir bajo la influencia de drogas, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, el cual puede ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

El pleno del Ayuntamiento de Casatejada ha aprobado declarar 'persona non grata' en el municipio, con siete votos a favor y dos en contra, a los diputados del PSOE que han rechazado en el Congreso la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

El alcalde Desiderio Riaño, en el cargo desde mediados de junio, ha presentado una moción que ha contado con el respaldo de la concejala socialista Nuria Rivera. El Ayuntamiento está compuesto por cuatro ediles de la Agrupación Independiente (AICA), tres del PSOE y dos del PP. Actualmente, AICA y el Partido Popular gobiernan en coalición, con un acuerdo que establece la alternancia en la alcaldía: dos años para cada formación.

Para el Ayuntamiento de Casatejada, la continuidad de la planta supone una fuente de ingresos considerable, al margen de los ingresos indirectos. Este año ha ingresado 319.218,31 euros por varios conceptos, la mayor parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

El Partido Popular considera que la decisión de los diputados socialistas en Madrid "perjudica directamente a Casatejada, al suponer un riesgo para la continuidad de estos ingresos". 

Hace pocas semanas, la Plataforma de Programas de Atención a la Familia de Extremadura se ha constituido como asociación legalmente reconocida. Mantiene su objetivo inicial: la defensa de los derechos de la infancia y de las familias extremeñas, y proteger tanto la dignidad como las condiciones laborales de los profesionales del sector. Agrupa a más de un centenar de ellos, que se encargan de la atención el acompañamiento y la protección de los niños y de sus familiares.

Los derechos se vulneran

En Canal Extremadura Purificación González, portavoz del colectivo, ha manifestado que, por desgracia, siguen siendo frecuentes las vulneraciones de los derechos de la infancia y la familia. Y considera que en este ámbito la comunidad extremeña está sin atender. Quienes trabajan en ello hablan de la falta de medios y la situación de vulnerabilidad que siguen padeciendo. En este sentido, asegura que estos trabajadores acaban siendo tan vulnerables como las familias a las que asisten.

Recientemente han dirigido escritos al Observatorio dela Infancia y a la presidenta de la Junta para solicitarles interlocución y compromiso con la defensa de la infancia y de los servicios que las sostienen. Por el momento no han obtenido respuesta, aunque entienden que en las últimas semanas hemos vivido una situación complicada con los incendios forestales que han azotado la región. Reclaman, eso sí, que sus peticiones empiecen a atenderse, ya que el decreto que regula su actividad caducó hace un año y hay que actualizarlo.

Blindaje de la acción social

Una de sus principales exigencias es que se blinde al sector social en Extremadura, y que se garantice la continuidad y la estabilidad de los programas de atención a familias con unos mínimos asegurados. No les parece de recibo que un educador social de un instituto, por poner un ejemplo, cobre poco más del salario mínimo. Trabajan en condiciones muy variables; es -explica González- "como una lotería". Exigen una regulación que, asegura, les daría estabilidad. Y añaden que la precariedad que sufren perjudica la calidad de la atención.

Estos profesionales esperan que sus entidades no estén sujetas a vaivenes políticos ni a decisiones que no se tomen en perspectiva y a largo plazo. Lamentan el olvido al que todavía, en su opinión , se les sigue relegando. Colaboran también con el grupo de acción social de Extremadura. Purificación González concluye poniendo de relieve que el caso de Belén Cortés, la educadora social asesinada en un centro tutelado de Badajoz el pasado 9 de marzo, puede marcar un antes y un después para ellos.