os grupos parlamentarios de PSOE, PP y Unidas por Extremadura en la Asamblea han sumado sus fuerzas para aprobar una propuesta de pronunciamiento para instar al Parlamento Europeo a apoyar y defender la estrategia emprendida por la Comisión Europea en respuesta al "ataque arancelario" emprendido por Donald Trump.

Una iniciativa que solamente ha contado con el voto en contra de Vox, que también insta a impulsar la acción de la Comisión Europea en defensa de los productores europeos; y a denunciar públicamente las "graves consecuencias" de las prácticas económicas "proteccionistas y ultraderechistas".

La propuesta ha salido adelante a pesar de que los socialistas, proponentes de la misma, no han aceptado una enmienda del PP en la que abogaba por la diplomacia para reconducir las relaciones entre Bruselas y Washington.

El diputado socialista Luis Tirado ha asegurado, en defensa de la propuesta, que este asunto afecta "a todos, gobierne quien gobierne, piense cada uno lo que piense y es el futuro económico de Extremadura".

Porque cuando se habla de aranceles del 25% para productos "claves" de la comunidad no se habla de una política internacional como "una cosa abstracta", sino que se habla de "empleo, de exportaciones y de rentabilidad" para las empresas extremeñas.

En este sentido, ha criticado que desde que se conoce la política arancelaria de Donald Trump la Junta de Extremadura no ha hecho "absolutamente nada", así como ha criticado a Vox por "blanquear" al presidente norteamericano con argumentos que "insultan la inteligencia" como el incremento de los seguros sociales, los tomates de Marruecos o Mercosur.

"Aquí se viene a defender a Extremadura o a disfrazar la sumisión de discurso patriótico. Ustedes han elegido lo segundo, nosotros como siempre elegimos estar con la gente que trabaja en la tierra, que produce, que exporta y que genera empleo, porque ellos no necesitan discursos ruidosos, necesitan política valiente", ha afirmado.

Productos extremeños

En defensa de su enmienda, la diputada 'popular' María Isabel Babiano Serrano ha subrayado que los aranceles de Trump son un "desafío que amenaza la estabilidad y el crecimiento" de la economía regional, por eso los 'populares' están de acuerdo con la propuesta pero con los "matices" introducidos en su enmienda.

Así, ha mostrado su rechazo a la imposición de aranceles a los productos agrarios europeos que "ponen en peligro todo el trabajo realizado", así como la rentabilidad de las empresas de la región, afectando asimismo al empleo en la comunidad autónoma.

Por su parte, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la propuesta se sustenta en "un error y un trauma", en alusión a que pide seguir la estrategia de la Comisión Europea "de 'populares' y socialistas", cuando está "no tiene ningún tiempo de estrategia", y en el dolor que les produce que Trump haya ganado las elecciones en EEUU.

Sobre los aranceles, ha reiterado que les gustaría que no hubiera aranceles para los productos extremeños, pero "ni de EEUU ni de ningún otro país, ni tampoco los que impone la UE que "no son precisamente los que más benefician a España", ha asegurado.

Fernández Calle ha remarcado que Vox "jamás ha apoyado ningún arancel" para los productos españoles, e incluso su presidente, Santiago Abascal se pronunció en contra de los mismos en Washington cuando acudió invitado por la Administración Trump.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que esta es la guerra a la que se enfrenta la Unión Europea. "Nos están atacando y mucho, y no han pegado ni un solo tiro", ha subrayado después de exponer los posicionamientos conocidos de la Administración Trump hacia la Unión Europea.

Estos ponen en evidencia que "la guerra no a de invertir en defensa", sino que es económica, y que EEUU tiene "toda la legitimidad y capacidad de exprimir a Europa hasta el último euro".

"O somos conscientes de esta situación ya, o vamos a estar en una situación mucho peor dentro de muy poco", ha advertido, para posteriormente invitar a poner el foco de los productos extremeños hacia otros países como la India, China, incluso a la propia Rusia.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas por Extremadura han logrado aprobar, gracias a la abstención de Vox, una propuesta de impulso en la Asamblea para instar a la Junta a aumentar las plazas conveniadas sobre las acreditadas en los centros de titularidad municipal de atención residencial a dependientes y al incremento de precios por plaza para mayores.

En concreto, la iniciativa, que ha sido defendida por la diputada socialista Nayara Basilio, pedía aumentar hasta un 70 por ciento el total de plazas conveniadas sobre el total de plazas acreditadas de cada uno de los centros de titularidad municipal que prestan el servicio de atención residencial a personas dependientes en Extremadura.

También pedía aumentar hasta un 50 por ciento el total de plazas conveniadas sobre el total de acreditadas de cada uno de los centros de titularidad municipal que prestan el servicio de atención en centro de día y de noche a personas en situación de dependencia.

Asimismo, solicitaba al Ejecutivo regional incrementar y actualizar los precios por plaza establecidos por los servicios anteriormente mencionados y a incrementar y actualizar los precios por plaza establecidos por el servicio de atención residencial, de centro de día y de moche realizados por las entidades locales extremeñas para personas mayores, ya sean autónomas o con grado I de dependencia reconocido.

Sobre estos incrementos, pedía que tengan efectos inmediatos en este año 2025, incluyéndolos en los Programas de Colaboración Económico Municipal sobre plazas ya acreditadas y sobre las que se vayan a acreditar en este ejercicio económico en los servicios referenciados.

Durante su intervención, Nayara Basilio ha señalado que Extremadura cuenta con una población cada vez más envejecida, ya la esperanza de vida en la región se encuentra en 82,4 años y esto implica un incremento de personas en situación de dependencia y con necesidades de cuidados de larga duración.

La diputada también se ha referido a que la Ley de la Dependencia del año 2006 establece como un derecho subjetivo la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y ha señalado que España está avanzando hacia un nuevo modelo de atención y cuidados centrado en la persona, una alternativa que parece que "no es compartida por el actual gobierno".

Así, ha criticado que, desde su llegada se han visto paralizados todos los proyectos y acciones encaminadas al desarrollo de este nuevo modelo de cuidados, aunque, no obstante, se debe ser consciente de que se seguirá necesitando los centros residenciales para la atención de las personas en situación de dependencia.

La diputada socialista también ha hecho hincapié en que cuando su grupo registró esta iniciativa no sabía que iba a ser tan fácil defenderla, ya que hace unos meses se publicó la licitación para la contratación de 930 plazas de atención residencial con empresas y entidades exclusivamente privadas que su memoria económica establecía el doble de financiación para una plaza pública en una residencia privada.

De este modo, ha lamentado que el objetivo de la Junta sea "desmantelar y deteriorar" el servicio público en beneficio del privado frente a la "hoja de ruta marcada por el anterior gobierno socialista que era seguir aumentando este número de plazas públicas en cada una de las residencias municipales de los pueblos extremeños", junto al incremento progresivo de la financiación de estos servicios.

"Si sacan, sus señorías, una calculadora podrán comprobar cómo el gobierno del Partido Popular de Extremadura discrimina económicamente la dependiendo de dónde hayan decidido quedarse a vivir", ha señalado, ya que si han decidido quedarse en la residencia de su pueblo, en su entorno y cerca de su familia, solo le aportará al ayuntamiento 13.000 euros pero si el mayor o dependiente decide pasar la última etapa de su vida en una residencia privada, ubicada con toda probabilidad en un núcleo urbano, la Junta aportará casi 26.000 euros al año a la empresa privada para la atención de sus cuidados.

Turno de los grupos

En el turno de los grupos, la diputada del PP Teresa Tortonda ha señalado que la Ley de la Dependencia no supuso "nada" para el servicio de atención a las personas mayores, ya que los centros residenciales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia "ya formaban parte de esa cartera de servicios".

"Nada supuso la aprobación de la ley de la dependencia. Solamente dos cosas. Y también me lo han oído decir muchas veces. Las prestaciones económicas vinculadas al servicio y las prestaciones económicas que se daban dentro del entorno familiar", ha apuntado, añadiendo que esas prestaciones eran "mucho más asequibles por parte de la Administración General del Estado poderlas mantener que los centros residenciales.

También, y sobre el nuevo modelo residencial, la 'popular, ha señalado que es difícil que se creen nuevos derechos "si no se ponen recursos", por lo que ha espetado que "lecciones de cómo hay que desarrollar el sistema de atención a personas mayores, ninguna".

Por su parte, el diputado de Vox Juan José García ha considerado que los socialistas podían haber pensado antes de presentar esta iniciativa ya que, ahora en la oposición, piden aumentar las plazas y las financiación cuando "no han hecho nada".

"Se lo deberían de pensar, porque la oposición, hombre, es su papel, pero no vale todo. No vale jugar con el bienestar de nuestros mayores, no vale hacer una política demagógica, no vale", ha aseverado.

En este sentido, García, aunque ha reconocido que se ha aumentado más más en la privada, ha asegurado que eso no quiere decir que las personas mayores en la pública estén desatendidas y ha considerado que el "desfase lo deben de aportar los ayuntamientos, todo no lo corresponde a la Junta. Y detrás de los ayuntamientos están las diputaciones".

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa y ha lamentado que, según el diagnóstico que hacen los directores de Servicios Sociales del modelo de atención a la dependencia se caracteriza por ser "muy precario y barato", ya que está basado en prestaciones de bajo coste en lugar de servicios.

También ha señalado que a día de hoy la región cuenta con un total de 11.418 plazas residenciales, de las cuales solo el 19 por ciento son de gestión directa, el 32 por ciento son sostenidas con los ayuntamientos y el 48 por ciento en plazas privadas.

"De las 3.730 plazas solo tenemos 2.195 conveniadas. Es decir, que cualquier usuario puede acceder de manera directa. El resto la gente tiene que acceder o bien con el precio de la plaza que establece el ayuntamiento o bien con una prestación vinculada al servicio", ha dicho, además de añadir que los 25 millones de rebaja fiscal que se aprobarán este jueves serviría para conveniar todas las plazas municipales.

La propuesta de ley de Vox para anticipar la segunda actividad de la Policía Local en Extremadura a los 60 años o a los 55 llevando 25 años en situación de servicio activo ha sido rechazada este jueves en el pleno de la Asamblea con los votos en contra del PP, del PSOE y de Unidas. La iniciativa de Vox, que se ha quedado sólo en la votación de su propuesta, planteaba también la reserva de un "máximo" del 20 por ciento de las plazas convocadas en Policía Local para el acceso libre para militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad con más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En concreto, la iniciativa planteaba una modificación de la Ley 7/2017, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, pero no ha prosperado debido al rechazo conjunto de los dos grupos de izquierda (PSOE y Unidas) y también del PP, que pese a considerar "necesaria" la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, ha defendido que la misma "necesariamente" tiene que pasar por la Mesa de Coordinación de Policías Locales de la comunidad.

Además, el PP se ha mostrado a favor de la reserva del 20 por ciento de plazas de convocatorias de Policía Local para militares, aunque sólo para aquellos que estén en activo.

Este rechazo a la propuesta de ley de la formación de ultraderecha se ha producido después de que sí que superó en su momento el debate de totalidad, pero no ahora la votación definitiva tras debatirse 17 enmiendas parciales formuladas por los grupos políticos (seis de Vox, cinco del PP, cuatro del PSOE, y dos de Unidas por Extremadura).

Cabe destacar, igualmente, que este jueves durante el debate de la propuesta, antes de la votación, y en referencia a que el PP pudiera o no apoyarla, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha lanzado el mensaje de que "el apoyo tiene que ser siempre bidireccional", en alusión velada a hipotéticos acuerdos entre ambas formaciones.

"Nosotros estamos en manos del Partido Popular, porque el Grupo Parlamentario Vox ha hecho lo que tenía que hacer. Está en su mano apoyarlo o no (el texto de reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales)", ha indicado.

"También les digo que el apoyo siempre tiene que ser bidireccional, nunca puede ser unidireccional. Y el apoyo de aquí y allí no existe, nunca, no existe nunca. A ver si van a tener ustedes que buscar, como le he dicho alguna vez, el apoyo con los que votan ustedes a partir de ahora", ha añadido Fernández Calle al PP.

Vox

Así, en defensa este jueves de las seis enmiendas de su grupo al texto, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que "en España habría que empezar a mirar un poquito más al Ejército", y ha recordado que la iniciativa que plantea su formación para ayudar a "reconocer" a los profesionales militares ya ha sido aprobada en otras comunidades autónomas.

En este punto, ha pedido que los ayuntamientos puedan, "no de forma obligatoria", estar habilitados a través de la norma para reservar un máximo de un 20 por ciento de plazas cuando saquen las oposiciones a Policía Local; así como que a los militares se les compute el tiempo de servicio.

En cuanto a las seis enmiendas de Vox, la formación ha propuesto añadir vocalías dentro de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura; y ha defendido que la condición de servicio activo en las policías locales en Extremadura es compatible con la de reservista de las Fuerzas Armadas.

También ha abogado por que pasen a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales de Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al cumplir los 60 años de edad o los 55 años de edad llevando 25 años en situación de servicio activo como funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas, servicios especiales o situación de excedencia forzosa.

PP

Mientras, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha explicado que a través de las cinco enmiendas parciales formuladas por su grupo el objetivo es "anular" la reforma que propone Vox, por considerar que ésta debe ir "más allá de una reserva limitada de plazas" para militares en las convocatorias de Policía Local.

Así, ha considerado "necesaria" la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, aunque ha incidido en que la misma "necesariamente" tiene que pasar por la Mesa de Coordinación de Policías Locales de la comunidad, así como en que además no debe servir para "enfrentar" a cuerpos de seguridad.

"No podemos enfrentar a estos dos colectivos que trabajan por la defensa y la seguridad de España por una reforma legislativa. No podemos hacerlo, y tenemos que hacer partícipe a la policía local de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales", ha espetado Pacheco.

En todo caso, ha subrayado que el PP reconoce la labor que realizan los militares españoles "dando su vida por la defensa de España tanto dentro del territorio como fuera", de la misma manera que reconoce la labor de la Policía Local "en todos y cada uno de los pueblos y ciudades en Extremadura".

Como propuesta, ha reconocido que es "justa" la reserva del 20 por ciento de las plazas de las convocatorias de Policía Local para los militares, aunque ha defendido que la misma debe ser "voluntaria" para los ayuntamientos, así como con un "límite" destinado a militares en activo.

PSOE

De su lado, a través de las cuatro enmiendas de su grupo, la diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha defendido la necesidad de que la norma garantice el respeto al régimen competencial de los distintos poderes públicos y, especialmente, en este caso, a la autonomía municipal.

También ha abogado por que la situación de segunda actividad se negocie en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura; y ha solicitado que sea el Gobierno autonómico el que de forma "valiente" y mediante un proyecto de ley formule una reforma "importante, necesaria" de la actual Ley de Coordinación de Policías Locales, pero que la misma sea "consensuada, dialogada".

Tras calificar, así, de "encomiable" la labor de la Policía Local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ha criticado la "ausencia" de diálogo y consenso en la norma que plantea Vox, y ha advertido de que la misma "favorece a unos perjudicando a otros", a la vez que "desprestigia" a la Policía Local.

Unidas por Extremadura

Mientras, Unidas por Extremadura con sus dos enmiendas parciales ha rechazado la norma de Vox por considerar que sus aspectos no han sido consensuados en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.

Asimismo, la diputada de dicho grupo Nerea Fernández Cordero ha defendido que las convocatorias para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, a través de la categoría de agente, puedan aplicar el acuerdo de la FEMP de la reserva del 20 por ciento de las plazas convocadas para el acceso libre que cumplan los requisitos establecidos para el ingreso, en aquellos ayuntamientos que hayan decidido adherirse a dicho acuerdo.

"Esto se tiene que debatir y aplicar de una forma en la que estén presentes todos los sectores implicados", ha señalado.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, por unanimidad, una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a proceder "de inmediato" a la asignación de los recursos económicos necesarios para la plena ejecución de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, garantizando su cumplimiento en condiciones de "equidad" en todo el territorio nacional y en los plazos previstos en la normativa.

La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, ha sido respaldada por el resto de fuerzas políticas representadas en el parlamento extremeño, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, que han reclamado por su parte al Ejecutivo regional que incremente la ayuda autonómica a estos pacientes de una enfermedad que "no espera".

La propuesta refleja que los costes anuales directos que asumen las familias oscilan entre 184 y 230 millones de euros, y que cada paciente de ELA requiere entre 35.000 y 60.000 euros anuales en gastos médicos, asistencia domiciliaria y adaptación de viviendas. Además, señala que ayuda pública actual es "insuficiente" y que no cubre ni el 25% de los "costes reales" que enfrentan las familias, motivo por el que la Ley 3/2024 prevé una serie de medidas "esenciales que solo pueden garantizarse si se asignan los recursos económicos adecuados". Por tanto, la no asignación presupuestaria "compromete la viabilidad de todas estas medidas, dejando la ley sin posibilidad de ejecución efectiva".

En defensa de la propuesta, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, José María Saponi, ha recordado que el pasado 30 de octubre el Parlamento con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios aprobó la ley 3/24 para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y otros procesos de alta complejidad y cursos irreversibles. Pero desde entonces el Gobierno de España no ha puesto "ni un solo euro" para su desarrollo, por lo que la ley publicada en el BOE ha pasado a ser un "papel mojado sin dotación presupuestaria", bajo el "falso" argumento de que no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado, porque la ley general presupuestaria permite habilitar fondos para la financiación de esta ley, bien con créditos extraordinarios o fondos de contingencia.

Mientras el Gobierno nacional "sigue sin actuar", el Ejecutivo extremeño "sigue actuando con compromiso y dedicación" frente a esta enfermedad, con las medidas que están ya puestas en marcha y que están beneficiando tanto a los pacientes como a sus familiares. Entre ellas, una ayuda directa a los pacientes con ELA de 2.000 euros por paciente en el momento del diagnóstico. Una ayuda "inmediata, sin trámites innecesario", y que además no tributan en el IRPF. Además, señorías, Extremadura está impulsando un centro de referencia a nivel nacional. Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con la Ley/2024 y la dote de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional y de manera equitativa, para lo cual ha señalado que se requieren "apenas" 200 millones de euros.

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Utrera ha avanzado el apoyo de su formación a la iniciativa porque "no se ha hecho los suficiente" por los enfermos de ELA y sus familias, y no tienen "ningún problema" en asumir su propia responsabilidad. "Bajo ningún concepto vamos a caer en la tentación de instrumentalizar el dolor de las personas que sufren esta terrible enfermedad", ha abundado, para posteriormente subrayar que "no hay nada" que impida a la Junta poner en marcha medidas en este mismo sentido, como destinar más recursos y reforzar el sistema sanitario público para mejorar la vida de estos pacientes.

En relación a las medidas ya impulsadas por el Ejecutivo regional, ha preguntado si de verdad creen que los 2.000 euros aprobados son suficientes para cubrir los gastos que tienen que enfrentar las los enfermos de ELA. Además, ha criticado la "hipocresía" de los 'populares' al hablar de equidad en la distribución de recursos, para posteriormente señalar que esta equidad en Extremadura se concreta en la supresión del impuesto de patrimonio. Por todo ello, ha avanzado su apoyo a la propuesta para exigir al Gobierno que dote económicamente el desarrollo de esa ley, pero también ha exigido al Ejecutivo regional de María Guardiola "que actúe de inmediato, que refuerce de una vez por todas las ayudas a las personas afectadas por esta enfermedad".

En esta misma línea, el diputado de Vox Juan José García ha señalado que está "completamente" de acuerdo con la propuesta del PP, pero ha reiterado que el gobierno regional debe tener la "máxima disposición" para mejorar la situación de los enfermos. En este sentido, ha remarcado que si el Gobierno hace "dejación de funciones", la responsabilidad del Ejecutivo autonómico es "proteger y ayudar" a sus ciudadanos que sufren una enfermedad incurable, lo cual supondría, trasladado el desarrollo de la ley a la comunidad, en torno a 1 millón de euros.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha avanzado el apoyo de la iniciativa porque entiende que el gobierno "debe espabilarse", pero ha pedido "coherencia" al PP, que es "experto", ha dicho, en pedir a los demás lo que no se aplica a sí mismo, en alusión al veto de una enmienda de su grupo para incrementar la ayuda a los enfermos de ELA en el proyecto de ley de medidas fiscales. "Cuando uno en su casa no esta haciendo lo que pide al de al lado, un poquito de vergüenza me da", ha remachado.

Ocho personas han sido detenidas en una operación llevada a cabo por la Policía nacional, 7 de ellas en Don Benito y Villanueva de la Serena y otra más en Almendralejo. Han sido en total 7 registros en los que se han intervenido armas, vehículos, dinero y sustancias estupefacientes. Una investigación llevada a por la Brigada Judicial junto a agentes del grupo de estupefacientes de Badajoz y de la Comisaría Provincial de Cáceres.