La Guardia Civil ha localizado los cadáveres de 32 perros en una finca de Azuaga. Según los agentes, los animales habrían muerto por inanición y abandono, aunque las protectoras van más allá y denuncian un posible delito de maltrato animal, exigiendo a la administración mayor control sobre las rehalas de caza.
El hallazgo se produjo la semana pasada, cuando el SEPRONA inspeccionó la finca en presencia del propietario. Los perros presentaban signos evidentes de haber muerto por falta de agua y comida, algunos en estado esquelético, y otros se habían alimentado de los cadáveres. En palabras de Conchi Nieto, portavoz de la Guardia Civil: "Los animales estaban abandonados desde junio, algunos sueltos, otros encadenados o en boxes, en condiciones deplorables de salubridad."
El dueño está siendo investigado por abandono animal, pero las protectoras insisten en que se trata de maltrato. Desde la Asociación ADANA de Badajoz, lo consideran evidente: "Es maltrato animal". Y añaden "las rehalas son núcleos zoológicos y deben tener un director y estar sometidas a controles de la consejería. No hay suficientes."
Además, sostienen que el 40% de las denuncias por maltrato en perros se dan en el ámbito de la caza, lo que pone en cuestión el sistema de licencias.
El juzgado de Llerena instruye el caso. La legislación actual contempla hasta dos años de prisión por maltrato animal, según la reforma del Código Penal. Las penas pueden aumentar en casos agravados, como ensañamiento o si el delito se comete en presencia de menores.
Las protectoras han anunciado que se personarán en el caso, como ya hicieron en el de Puebla de la Reina en 2020, donde murieron 20 perros por abandono. En aquel proceso, dos cazadores fueron condenados a 20 meses de cárcel.
