Castuera ha vuelto a concentrarse este martes para condenar la muerte violenta de Belén, la educadora social que perdió la vida el pasado domingo mientras trabajaba en un piso tutelado en Badajoz. El municipio, profundamente consternado, ha mostrado su apoyo a la familia de la víctima en un emotivo acto de repulsa y solidaridad.

Familiares, amigos y numerosos vecinos se han reunido en la plaza del pueblo para recordarla y expresar su dolor ante un crimen que ha dejado a la localidad sumida en el dolor y la tristeza. Entre los asistentes, una amiga de la víctima ha relatador su última conversación con ella, ocurrida el pasado martes. "Me dijo que tuviese mucho cuidado", ha recordado.

El entierro de Belén ha tenido lugar esta tarde a las 17:00 en la parroquia Santa María Magdalena de Castuera.

Varios centenares de empleados del servicio de transporte sanitario terrestre se han manifestado hoy frente al Servicio Extremeño de Salud y la sede de la empresa Ambuvital para exigir la firma y entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo, que lleva meses paralizado.

Convocados por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y USO, los manifestantes han reivindicado mejoras salariales y laborales. Los delegados sindicales han expresado su frustración ante la falta de avances, señalando que ya existen acuerdos, pero no se han firmado.

Francisco José Fernández Gordillo (CCOO) ha lamentado que, pese a haber alcanzado dos acuerdos, "no se firma ninguno". Rafael Garzo (USO) ha reclamado "un salario digno" para los trabajadores, mientras que Ángel Luis Porrino (UGT) ha pedido a la Administración que interceda en la negociación entre la patronal y los sindicatos. Por su parte, Paco Fernández (CSIF) ha insistido en que "el convenio está sobre la mesa" y no entienden por qué no se cierra un acuerdo.

Los trabajadores advierten que continuarán con las movilizaciones hasta lograr unas condiciones laborales justas.

La Junta de Extremadura ha confirmado que trasladó varias incidencias de los tres menores detenidos por el asesinato de una educadora en un piso tutelado de Badajoz a la Fiscalía, aunque estos hechos no conllevaron un cambio en las medidas cautelares aplicadas. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha comparecido esta mañana para ofrecer detalles sobre la situación y las acciones que se están llevando a cabo.

Necesidad de aumentar el personal

En su intervención, García Espada ha asegurado que, al tratarse de un centro en régimen abierto, no contaba con seguridad en el sentido tradicional, aunque sí se habían registrado incidencias en las últimas semanas que fueron trasladadas a la justicia. Mañana se celebrará una reunión entre la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía Superior para analizar a fondo la situación y coordinar las acciones necesarias para mejorar la seguridad en estos centros.

La consejera ha expresado su más sentido pésame a la familia de la víctima y ha manifestado que se mantiene a disposición de las autoridades encargadas de la investigación, que continúa su curso. En cuanto a las medidas que se podrían tomar, García Espada ha destacado que se pondrá sobre la mesa un asunto crucial: la posible agilización del cambio de medidas cautelares ante denuncias de incidencias por parte de los trabajadores del centro.

Respecto al funcionamiento de la empresa concesionaria del servicio, la consejera ha subrayado que actualmente está cumpliendo con el pliego de condiciones, pero ha reconocido la necesidad de aumentar tanto el personal como la seguridad en los centros. De hecho, ha avanzado que se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego que contemple estas mejoras.

Por último, García Espada ha señalado que, según los informes de incidencias a los que ha tenido acceso, algunos trabajadores del centro tutelado ya habían presentado denuncias por hechos ocurridos en el centro relacionados con los tres menores detenidos, aunque las denuncias de la víctima se referían a otros menores que ya no se encuentran en ese piso tutelado.

La reunión a puerta cerrada prevista para mañana será clave para determinar las medidas a adoptar y cómo mejorar la seguridad en estos centros.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva ley cuyo principal objetivo es reducir el consumo de alcohol entre los menores de edad. La normativa introduce más restricciones sobre los lugares donde se podrá beber, afectando tanto a jóvenes como a adultos.

Más restricciones

Entre las principales medidas, se prohíbe el consumo de alcohol en centros docentes, salvo en universidades. Además, no se podrá beber en parques, centros deportivos ni espacios de ocio infantiles. La ley también prohíbe cualquier tipo de publicidad directa o indirecta relacionada con bebidas alcohólicas en estos espacios.

Desde el Ministerio de Sanidad han señalado que la normativa también busca acabar con los mensajes confusos que fomentan el consumo de alcohol con términos como "moderado" o "responsable". La asociación Afaval, dedicada al tratamiento de conductas adictivas, ha aplaudido estos protocolos, recordando que el alcohol es una droga con graves consecuencias para los menores.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en bares y terrazas que se encuentren a menos de 200 metros de colegios e institutos. Esto incluye la restricción de publicidad en mobiliario, toldos y servilleteros, lo que ha generado debate en el sector hostelero.

Además, la normativa establece un régimen de sanciones para quienes incumplan las restricciones. Las multas van desde 60 euros en casos leves hasta 600.000 euros en infracciones muy graves.

El pantano del Guadiloba, en Cáceres, ha iniciado este martes un desembalse "preventivo y controlado" debido a que su cota de agua roza el 85% de su capacidad. Según ha informado el Ayuntamiento de Cáceres en un comunicado, la apertura del desagüe de fondo se ha realizado parcialmente, con un 45% de su capacidad, garantizando así un vaciado progresivo sin riesgos.

Desembalse del Guadiloba

Este proceso, que ya se venía realizando desde el año pasado, está siendo supervisado por el servicio de Inspección de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Canal de Isabel II y la Policía Local. Además, se ha notificado a los hortelanos de la zona para que tomen las precauciones necesarias.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que ha contactado personalmente con los hortelanos de la Ribera del Marco para informarles de la situación, aunque la Policía Local ya había dado el aviso previamente. "Lo que pido es prudencia a todas las personas que están en zonas inundables, que recojan sus enseres y su ganado. Vamos a estar muy pendientes de la climatología", ha indicado.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los arroyos y zonas cercanas para evitar posibles incidentes, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias en los próximos días.