La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad social han comenzado esta mañana una campaña de prevención de lucha contra el fraude en el deporte profesional. Las primeras inspecciones se están realizando en distintos clubs de fútbol que militaron en 2ª B en los últimos años, según ha confirmado la Guardia Civil en nota de prensa. Entre esos clubes, según ha confirmado la propia Benemérita a Extremadura Noticias, hay dos clubes de la región: el Mérida AD y el Extremadura UD. A esa lista se unirían otros equipos como el Calahorra, Hércules, Salamanca o Cartagena.

De momento, sin embargo, la situación es de tranquilidad en ambos clubes. Según informa Gonzalo Parra desde Almendralejo, hay inspectores de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva hablando con alguno de los jugadores. Además, miembros de la Guardia Civil judicial han estado también en las instalaciones para instar al club a que presente el día 29 de noviembre la documentación laboral y fiscal de las ultimas cuatro temporadas.

El Mérida AD también confirma la presencia de inspectores de trabajo pero no de agentes de la Guardia Civil.

La inspección busca pruebas de contrataciones irregulares de jugadores evitando declarar todo su salario a la Seguridad Social, con el menoscabo correspondiente a las arcas públicas y el perjuicio para los futbolistas, que cotizarían menos de lo debido.

La actuación, explica la Benemérita, se inició a raíz de una carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y firmada por once clubs de 2ªB en el año 2020, que denunciaba el agravio comparativo que suponía para los clubs que pagaban de forma legal a sus jugadores y cotizaban debidamente a la Seguridad Social. 

Este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude, aclara la Guardia Civil, "están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre la Guardia Civil y las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social". En este caso concreto, además, "la Guardia Civil lo ha realizado en el desarrollo de sus funciones de lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.

Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.

La Guardia Civil ha hecho público nuevos detalles sobre la Operación en la que se registró el Nuevo Vivero y que acabó con la detención del presidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra. Según la Benemérita, parte del dinero presuntamente defraudado en el pago del IVA se destinaron a la reforma y reacondicionamiento del estadio pacense. En total, hasta tres millones de euros que no se pagaron al fisco y que se desviaron al club. Hasta ahora no había constado una relación directa entre la operación policial y la gestión irregular en el club.

En la 'Operación Benzinium', detalla la nota, se desmanteló "un conjunto de 5 empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21 % de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos"

La investigación "también ha logrado descubrir la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero".

Un dinero presuntamente defraudado que, según la Guardia Civil, "era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, destacando la compra de gran cantidad de vehículos e inmuebles de lujo".

Un fraude de 13 millones de euros

En total, estas 5 empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas más de 13 millones de euros durante 2020, la cantidad correspondiente al IVA impagado por la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

Tras obtener la autorización judicial, el pasado 27 de julio comenzaron las detenciones de las 17 personas implicadas en el caso. También se produjeron 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde se intervinieron 30 vehículos de lujo y 2 yates y se embargaron 36 viviendas.

Además, se han precintado y embargado preventivamente 6 estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia que eran propiedad de los investigados. Entre ellas, la estación de servicio que Parra tenía en Badajoz.