El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha declarado este martes como Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (Premia) a la fábrica de cátodos de baterías de litio que la empresa Yuneng International construirá en Mérida y al complejo turístico de lujo Dehesa Espadañal, ubicado entre Navalmoral de la Mata y Casatejada. Esta declaración otorga carácter prioritario y urgente a ambos proyectos, permitiendo la reducción a la mitad de los plazos ordinarios de tramitación administrativa y facilitando el acceso a ayudas para el empleo.

800 millones para la primera fábrica de cátodos de Europa

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que la fábrica de cátodos de Yuneng International supondrá una inversión de 800 millones de euros y la creación de 500 empleos directos. Se convertirá en la primera planta de este tipo en Europa y, en su primera fase, el proyecto contempla una inversión superior a 125 millones de euros y la creación de 160 empleos. Su declaración como Premia supone un impulso decisivo para la llegada de esta industria a Extremadura. La empresa tiene previsto iniciar la construcción a finales de este año en una parcela de 467.000 metros cuadrados dentro del parque industrial Expacio Mérida.

Además, Yuneng International ha obtenido una asignación de 23,4 millones de euros en el marco del Perte del vehículo eléctrico III.

Un complejo turístico de lujo en plena dehesa extremeña

Por otro lado, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha detallado el impacto del complejo turístico Dehesa Espadañal, un proyecto de lujo que se integrará en el ecosistema de la dehesa extremeña. La iniciativa, promovida por Blasson y operada por la cadena Rosewood, prevé la construcción de un hotel con 65 habitaciones y 150 casas de campo en Campo Arañuelo, generando 300 empleos directos.

La Junta de Extremadura ha dado luz verde este martes al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (PCEM) 2025, al que destina 51 millones de euros, dos más que el año pasado, para la contratación de desempleados en localidades menores de 20.000 habitantes. Un incremento del presupuesto que se produce "a pesar de que no contamos con los 12 millones que venían aportando las diputaciones" provinciales, y que no han aportado en 2023, ni en 2024, ni en 2025, por lo que "ya son 36 millones los que han dejado de aportar". Así lo ha destacado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno que este PCEM 2025 supone "una apuesta firma por el desarrollo local y la creación de empleo" en la región.

Para colectivos vulnerables

En concreto, este programa priorizará la contratación de colectivos especialmente vulnerables, como desempleados de larga duración, jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 años, facilitando así su inserción en el mercado laboral y promoviendo una mayor igualdad de oportunidades. En el marco de este programa se "garantiza que cada entidad beneficiaria reciba un mínimo de 32.000 euros, en lugar de los 21.500 euros del año anterior", ha resaltado el consejero de Economía y Empleo, quien ha destacado que también se ha reforzado el apoyo a las localidades más pequeñas, "aumentando el mínimo en aquellas con menor población".

De esta forma, aquellas localidades de 500 o menos habitantes, que recibirán 4.000 euros adicionales, mientras que las que se encuentren por encima de 500 y hasta 1.000 habitantes, obtendrán 2.000 euros adicionales, ha resaltado el consejero.

Así, y entre las novedades respecto a otras convocatorias, se encuentra la reducción de los requisitos para facilitar a los ayuntamientos la contratación, de este modo, los solicitantes deberán estar inscritos en el Sexpe, tener finalizado un itinerario personalizado de inserción y cobrar prestación o subsidio.

De igual forma, y para agilizar la llegada de los fondos a los municipios y garantizar una gestión más eficiente, se ha reducido el número de pagos de 5 a 3, "permitiendo que los fondos estén disponibles lo antes posible en las arcas municipales y puedan destinarse rápidamente a la creación de empleo", destaca.

Finalmente, Guillermo Santamaría ha destacado que el programa del año anterior permitió la contratación de 5.124 desempleados, de los que el 69,1 por ciento eran mujeres, ha destacado.

Cinco años después, y tras un intenso debate, la Junta de Extremadura y los sindicatos UGT y CSIF han firmado este martes el acuerdo para abonar a los empleados públicos la subida salarial del 2% pendiente desde el año 2020. La presidenta de la Junta, María Guardiola ha manifestado que "es un día que para nosotros es muy importante porque afortunadamente ponemos fin a una discriminación, a un agravio que se venía produciendo con los empleados públicos de nuestra región desde el año 2020". 

Será abonada en tres mensualidades

La cantidad adeudada, por un montante total de algo más de 25 millones de euros, será abonada en tres anualidades, en virtud del acuerdo alcanzado el pasado 4 de diciembre en Mesa General de Negociación entre la Administración regional y sindicatos. Los abonos se realizarían en tres pagos, uno en el primer cuatrimestre de este año, el segundo en 2026 y el tercero en el primer cuatrimestre de 2027.En la nómina de este mes abril se reflejará el primero de estos pagos. Los trabajadores de la administración general, docentes y sanitarios recibirán un incremento del 0’66 por ciento de su sueldo. La junta destinará para este primer pago 8,3 millones de euros.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha asegurado que "hoy es un día de justicia y de reconocimiento, de justicia porque llevamos cinco años reivindicando, cinco años concentrándonos, cinco años manifestándonos para que, por fin, hoy los empleados públicos puedan cobrar lo que es su deuda de los once meses del 2% del 2020".

Por su parte el secretario general de UGT Servicios Públicos (SP) en Extremadura, Manuel Fernández, ha reconocido que a su sindicato le hubiera gustado que dicha deuda se hubiera saldado en un pago único, aunque ha valorado que finalmente vaya a abonarse en tres anualidades dentro de la "negociación colectiva" entre la Junta y los representantes de los empleados públicos, y tras un acuerdo en el que ha reconocido que todas las partes han realizado "esfuerzos" para poder alcanzarlo.

Precisamente por no realizarse el abono en un pago único, Comisiones Obreras se ha descolgado del acuerdo y no ha firmado este documento.