14 Mayo 2021, 18:10
Actualizado 14 Mayo 2021, 19:51

Hace una década que las Cortes pidieron que España contara con una ley de cambio climático. Y hace más de un lustro que fue aprobado el Acuerdo de París contra el calentamiento global sin que nuestro país, uno de los más expuestos de Europa a los impactos negativos de la crisis climática, haya aprobado una norma específica para cumplir con ese tratado.

El Senado aprobó ayer el Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyo objetivo principal es ayudar a que la nación cumpla los compromisos internacionales sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para logar antes de 2050 la “neutralidad climática”.

La neutralidad climática consiste en que todo el CO2 que emitamos sea absorbido por los sumideros, como los bosques

El documento es, además, una herramienta más para aplicar los fondos europeos de compensación ya que los 200.000 millones de euros de inversión serán aplicados durante la década 2021-2030, con un notable aumento del empleo.  

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Así, a lo largo de estos próximos años se deben cumplir las siguientes metas: 1) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como poco, a un 23% respecto a las emisiones de 1990; 2) conseguir el uso de las energías renovables hasta el 42%; y 3) lograr que el 74% de la electricidad tenga fuente renovable (ahora tenemos el 40%).

Casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector del transporte, sobre todo terrestre

Por ello esta ley pone el centro de atención en la transición hacia el coche eléctrico. Así, antes de 2040 no se podrán vender turismos ni vehículos comerciales ligeros que emitan CO2; los municipios con más de 50.000 habitantes deberán adaptar planes de movilidad sostenible y los de 20.000 deberán tener áreas de bajas emisiones si la calidad del aire no es buena; las gasolineras y los edificios que no estén destinados al uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán disponer de puntos de recarga eléctrica para los coches en un par de años; se potenciará el uso de combustibles de origen no biológico y el transporte de mercancías por ferrocarril.

El sector eléctrico representa aproximadamente el 14% de las emisiones de CO2 y sigue a la baja, condicionado por el cierre de las centrales de carbón y el aumento de la implementación de las renovables. Sin embargo, la ley fija que la generación eléctrica en España llegue al 74% en la próxima década y para 2050 debería ser del 100%.

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En cuanto a la creación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles terrestres como marinos, se impone una serie de limitaciones. Quedarán prohibidas las nuevas explotaciones y proyectos de extracción de hidrocarburos (los proyectos de investigación y las concesiones tendrán su fin en 2043), la minería radiactiva como la del uranio, la técnica de la fractura hidráulica.

Habrá ayudas para la recuperación del parque inmobiliario, así como la introducción de energías renovables con el objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero;

Cada cinco años, el Gobierno estará obligado a planificar y actualizar la adaptación ante los distintos escenarios climáticos, incluyendo la vulnerabilidad de la flora y la fauna. También las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre riesgos para su actividad ante la nueva norma.

Por último, se diseñará un comité de expertos de cambio climático que deberá avaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición”.

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En 2008, Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar una ley de cambio climático. Una comisión fija periódicamente las metas de recorte. La última actualización, de 2016, estableció que para 2032 el país tendrá que haber reducido las emisiones un 57% respecto a 1990. Pero en diciembre Boris Johnson se comprometió a que el recorte sería del 68%. Si se compara con los niveles de 2010, se trataría de una disminución del 58,3%, muy por encima del que pedía el IPCC.

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