Los funcionarios de prisiones son desde este jueves agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones tras la entrada en vigor de una nueva normativa. La reforma refuerza su protección jurídica, reconoce mayor respaldo legal a sus actuaciones y establece nuevas garantías ante agresiones o daños sufridos durante el servicio. Según explica Alonso Torres, de CSIF, "responde a una demanda histórica y mejorará sobre todo la seguridad de este colectivo". Torres califica como "horrible" la situación de la sanidad penitenciaria pues apenas hay médicos y enfermeros en las prisiones extremeñas, por lo que van a pedir al SES que asuma esas competencias.