Los delegados sindicales de UGT y CCOO se encierran en la sede principal de Correos de Cáceres para protestar por la situación laboral que atraviesan. Denuncian que la dirección está "desmantelando" el servicio público postal.
Critican la deficiente gestión económica, a la que atribuyen unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019 y un déficit estructural "que sitúan a Correos al borde de la quiebra técnica". Un déficit que no ha servido para mejorar la calidad del empleo.
Huelga a principios de junio
Los delegados sindicales destacan el hundimiento de la actividad de la empresa pública y las cifras récord de temporalidad de la plantilla. Según sus datos, en la provincia de Cáceres la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22%, muy similar a las del resto del país. José Luis Molero, de CCOO, ha explicado que "el presidente de Correos está apostando por la privatización del servicio y está provocando que haya ciudadanos de primera y de segunda".
Un argumento que comparte la representante de UGT, Mercedes Ardila, quien ha señalado que "el presidente Juan Manuel Serrano no está cumpliendo con lo prometido. Dijo que llenaría el medio rural de carteros para luchar contra la España vaciada y está haciendo justo lo contrario, con la merma de calidad que eso supone para el servicio.
El encierro de este jueves es una protesta más de las que vienen realizando desde hace meses. Movilizaciones que continuarán, si nada lo remedia, hasta culminar en la huelga general prevista los días 1, 2 y 3 de junio de este año.
El paro bajo el lema 'Salvemos Correos' para que el Gobierno de España se replantee el futuro del operador postal desde un modelo de servicio público de calidad e igualitario para cualquier ciudadano del país, viva donde viva.
Correos desmiente las acusaciones
Desde Correos ya se han pronunciado. Desmienten las acusaciones sindicales y garantizan la calidad del servicio.
La empresa afirma que está garantizada la prestación del servicio universal postal a todos los ciudadanos. También, que no están ninguna oficina ni centro de distribución, sino adecuando su estructura.
Sobre el empleo, Correos asegura que no está realizando ningún proceso de despidos y que sigue trabajando por el empleo estable y de calidad. Y sobre la privatización del servicio, lo niega tajantemente. Se trata de una empresa 100% pública, dice la compañía, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI. Y lo seguirá siendo, concluye.
Por último, tiende la mano a los sindicatos para seguir negociando y abordar los aspectos que más interesan a las empleadas y empleados. Una vía, la del acuerdo social, que va a permitir, señala, poder llevar a cabo nuestras nuevas líneas de futuro y potenciar los nuevos negocios.
