Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas por Extremadura han logrado aprobar, gracias a la abstención de Vox, una propuesta de impulso en la Asamblea para instar a la Junta a aumentar las plazas conveniadas sobre las acreditadas en los centros de titularidad municipal de atención residencial a dependientes y al incremento de precios por plaza para mayores.
En concreto, la iniciativa, que ha sido defendida por la diputada socialista Nayara Basilio, pedía aumentar hasta un 70 por ciento el total de plazas conveniadas sobre el total de plazas acreditadas de cada uno de los centros de titularidad municipal que prestan el servicio de atención residencial a personas dependientes en Extremadura.
También pedía aumentar hasta un 50 por ciento el total de plazas conveniadas sobre el total de acreditadas de cada uno de los centros de titularidad municipal que prestan el servicio de atención en centro de día y de noche a personas en situación de dependencia.
Asimismo, solicitaba al Ejecutivo regional incrementar y actualizar los precios por plaza establecidos por los servicios anteriormente mencionados y a incrementar y actualizar los precios por plaza establecidos por el servicio de atención residencial, de centro de día y de moche realizados por las entidades locales extremeñas para personas mayores, ya sean autónomas o con grado I de dependencia reconocido.
Sobre estos incrementos, pedía que tengan efectos inmediatos en este año 2025, incluyéndolos en los Programas de Colaboración Económico Municipal sobre plazas ya acreditadas y sobre las que se vayan a acreditar en este ejercicio económico en los servicios referenciados.
Durante su intervención, Nayara Basilio ha señalado que Extremadura cuenta con una población cada vez más envejecida, ya la esperanza de vida en la región se encuentra en 82,4 años y esto implica un incremento de personas en situación de dependencia y con necesidades de cuidados de larga duración.
La diputada también se ha referido a que la Ley de la Dependencia del año 2006 establece como un derecho subjetivo la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y ha señalado que España está avanzando hacia un nuevo modelo de atención y cuidados centrado en la persona, una alternativa que parece que "no es compartida por el actual gobierno".
Así, ha criticado que, desde su llegada se han visto paralizados todos los proyectos y acciones encaminadas al desarrollo de este nuevo modelo de cuidados, aunque, no obstante, se debe ser consciente de que se seguirá necesitando los centros residenciales para la atención de las personas en situación de dependencia.
La diputada socialista también ha hecho hincapié en que cuando su grupo registró esta iniciativa no sabía que iba a ser tan fácil defenderla, ya que hace unos meses se publicó la licitación para la contratación de 930 plazas de atención residencial con empresas y entidades exclusivamente privadas que su memoria económica establecía el doble de financiación para una plaza pública en una residencia privada.
De este modo, ha lamentado que el objetivo de la Junta sea "desmantelar y deteriorar" el servicio público en beneficio del privado frente a la "hoja de ruta marcada por el anterior gobierno socialista que era seguir aumentando este número de plazas públicas en cada una de las residencias municipales de los pueblos extremeños", junto al incremento progresivo de la financiación de estos servicios.
"Si sacan, sus señorías, una calculadora podrán comprobar cómo el gobierno del Partido Popular de Extremadura discrimina económicamente la dependiendo de dónde hayan decidido quedarse a vivir", ha señalado, ya que si han decidido quedarse en la residencia de su pueblo, en su entorno y cerca de su familia, solo le aportará al ayuntamiento 13.000 euros pero si el mayor o dependiente decide pasar la última etapa de su vida en una residencia privada, ubicada con toda probabilidad en un núcleo urbano, la Junta aportará casi 26.000 euros al año a la empresa privada para la atención de sus cuidados.
Turno de los grupos
En el turno de los grupos, la diputada del PP Teresa Tortonda ha señalado que la Ley de la Dependencia no supuso "nada" para el servicio de atención a las personas mayores, ya que los centros residenciales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia "ya formaban parte de esa cartera de servicios".
"Nada supuso la aprobación de la ley de la dependencia. Solamente dos cosas. Y también me lo han oído decir muchas veces. Las prestaciones económicas vinculadas al servicio y las prestaciones económicas que se daban dentro del entorno familiar", ha apuntado, añadiendo que esas prestaciones eran "mucho más asequibles por parte de la Administración General del Estado poderlas mantener que los centros residenciales.
También, y sobre el nuevo modelo residencial, la 'popular, ha señalado que es difícil que se creen nuevos derechos "si no se ponen recursos", por lo que ha espetado que "lecciones de cómo hay que desarrollar el sistema de atención a personas mayores, ninguna".
Por su parte, el diputado de Vox Juan José García ha considerado que los socialistas podían haber pensado antes de presentar esta iniciativa ya que, ahora en la oposición, piden aumentar las plazas y las financiación cuando "no han hecho nada".
"Se lo deberían de pensar, porque la oposición, hombre, es su papel, pero no vale todo. No vale jugar con el bienestar de nuestros mayores, no vale hacer una política demagógica, no vale", ha aseverado.
En este sentido, García, aunque ha reconocido que se ha aumentado más más en la privada, ha asegurado que eso no quiere decir que las personas mayores en la pública estén desatendidas y ha considerado que el "desfase lo deben de aportar los ayuntamientos, todo no lo corresponde a la Junta. Y detrás de los ayuntamientos están las diputaciones".
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa y ha lamentado que, según el diagnóstico que hacen los directores de Servicios Sociales del modelo de atención a la dependencia se caracteriza por ser "muy precario y barato", ya que está basado en prestaciones de bajo coste en lugar de servicios.
También ha señalado que a día de hoy la región cuenta con un total de 11.418 plazas residenciales, de las cuales solo el 19 por ciento son de gestión directa, el 32 por ciento son sostenidas con los ayuntamientos y el 48 por ciento en plazas privadas.
"De las 3.730 plazas solo tenemos 2.195 conveniadas. Es decir, que cualquier usuario puede acceder de manera directa. El resto la gente tiene que acceder o bien con el precio de la plaza que establece el ayuntamiento o bien con una prestación vinculada al servicio", ha dicho, además de añadir que los 25 millones de rebaja fiscal que se aprobarán este jueves serviría para conveniar todas las plazas municipales.
