La propuesta de ley de Vox para anticipar la segunda actividad de la Policía Local en Extremadura a los 60 años o a los 55 llevando 25 años en situación de servicio activo ha sido rechazada este jueves en el pleno de la Asamblea con los votos en contra del PP, del PSOE y de Unidas. La iniciativa de Vox, que se ha quedado sólo en la votación de su propuesta, planteaba también la reserva de un "máximo" del 20 por ciento de las plazas convocadas en Policía Local para el acceso libre para militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería y reservistas de especial disponibilidad con más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.

En concreto, la iniciativa planteaba una modificación de la Ley 7/2017, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, pero no ha prosperado debido al rechazo conjunto de los dos grupos de izquierda (PSOE y Unidas) y también del PP, que pese a considerar "necesaria" la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, ha defendido que la misma "necesariamente" tiene que pasar por la Mesa de Coordinación de Policías Locales de la comunidad.

Además, el PP se ha mostrado a favor de la reserva del 20 por ciento de plazas de convocatorias de Policía Local para militares, aunque sólo para aquellos que estén en activo.

Este rechazo a la propuesta de ley de la formación de ultraderecha se ha producido después de que sí que superó en su momento el debate de totalidad, pero no ahora la votación definitiva tras debatirse 17 enmiendas parciales formuladas por los grupos políticos (seis de Vox, cinco del PP, cuatro del PSOE, y dos de Unidas por Extremadura).

Cabe destacar, igualmente, que este jueves durante el debate de la propuesta, antes de la votación, y en referencia a que el PP pudiera o no apoyarla, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha lanzado el mensaje de que "el apoyo tiene que ser siempre bidireccional", en alusión velada a hipotéticos acuerdos entre ambas formaciones.

"Nosotros estamos en manos del Partido Popular, porque el Grupo Parlamentario Vox ha hecho lo que tenía que hacer. Está en su mano apoyarlo o no (el texto de reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales)", ha indicado.

"También les digo que el apoyo siempre tiene que ser bidireccional, nunca puede ser unidireccional. Y el apoyo de aquí y allí no existe, nunca, no existe nunca. A ver si van a tener ustedes que buscar, como le he dicho alguna vez, el apoyo con los que votan ustedes a partir de ahora", ha añadido Fernández Calle al PP.

Vox

Así, en defensa este jueves de las seis enmiendas de su grupo al texto, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que "en España habría que empezar a mirar un poquito más al Ejército", y ha recordado que la iniciativa que plantea su formación para ayudar a "reconocer" a los profesionales militares ya ha sido aprobada en otras comunidades autónomas.

En este punto, ha pedido que los ayuntamientos puedan, "no de forma obligatoria", estar habilitados a través de la norma para reservar un máximo de un 20 por ciento de plazas cuando saquen las oposiciones a Policía Local; así como que a los militares se les compute el tiempo de servicio.

En cuanto a las seis enmiendas de Vox, la formación ha propuesto añadir vocalías dentro de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura; y ha defendido que la condición de servicio activo en las policías locales en Extremadura es compatible con la de reservista de las Fuerzas Armadas.

También ha abogado por que pasen a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales de Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al cumplir los 60 años de edad o los 55 años de edad llevando 25 años en situación de servicio activo como funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas, servicios especiales o situación de excedencia forzosa.

PP

Mientras, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha explicado que a través de las cinco enmiendas parciales formuladas por su grupo el objetivo es "anular" la reforma que propone Vox, por considerar que ésta debe ir "más allá de una reserva limitada de plazas" para militares en las convocatorias de Policía Local.

Así, ha considerado "necesaria" la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, aunque ha incidido en que la misma "necesariamente" tiene que pasar por la Mesa de Coordinación de Policías Locales de la comunidad, así como en que además no debe servir para "enfrentar" a cuerpos de seguridad.

"No podemos enfrentar a estos dos colectivos que trabajan por la defensa y la seguridad de España por una reforma legislativa. No podemos hacerlo, y tenemos que hacer partícipe a la policía local de la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales", ha espetado Pacheco.

En todo caso, ha subrayado que el PP reconoce la labor que realizan los militares españoles "dando su vida por la defensa de España tanto dentro del territorio como fuera", de la misma manera que reconoce la labor de la Policía Local "en todos y cada uno de los pueblos y ciudades en Extremadura".

Como propuesta, ha reconocido que es "justa" la reserva del 20 por ciento de las plazas de las convocatorias de Policía Local para los militares, aunque ha defendido que la misma debe ser "voluntaria" para los ayuntamientos, así como con un "límite" destinado a militares en activo.

PSOE

De su lado, a través de las cuatro enmiendas de su grupo, la diputada del PSOE Teresa Nuria García Ramos ha defendido la necesidad de que la norma garantice el respeto al régimen competencial de los distintos poderes públicos y, especialmente, en este caso, a la autonomía municipal.

También ha abogado por que la situación de segunda actividad se negocie en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura; y ha solicitado que sea el Gobierno autonómico el que de forma "valiente" y mediante un proyecto de ley formule una reforma "importante, necesaria" de la actual Ley de Coordinación de Policías Locales, pero que la misma sea "consensuada, dialogada".

Tras calificar, así, de "encomiable" la labor de la Policía Local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ha criticado la "ausencia" de diálogo y consenso en la norma que plantea Vox, y ha advertido de que la misma "favorece a unos perjudicando a otros", a la vez que "desprestigia" a la Policía Local.

Unidas por Extremadura

Mientras, Unidas por Extremadura con sus dos enmiendas parciales ha rechazado la norma de Vox por considerar que sus aspectos no han sido consensuados en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.

Asimismo, la diputada de dicho grupo Nerea Fernández Cordero ha defendido que las convocatorias para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, a través de la categoría de agente, puedan aplicar el acuerdo de la FEMP de la reserva del 20 por ciento de las plazas convocadas para el acceso libre que cumplan los requisitos establecidos para el ingreso, en aquellos ayuntamientos que hayan decidido adherirse a dicho acuerdo.

"Esto se tiene que debatir y aplicar de una forma en la que estén presentes todos los sectores implicados", ha señalado.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, por unanimidad, una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno central a proceder "de inmediato" a la asignación de los recursos económicos necesarios para la plena ejecución de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, garantizando su cumplimiento en condiciones de "equidad" en todo el territorio nacional y en los plazos previstos en la normativa.

La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, ha sido respaldada por el resto de fuerzas políticas representadas en el parlamento extremeño, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, que han reclamado por su parte al Ejecutivo regional que incremente la ayuda autonómica a estos pacientes de una enfermedad que "no espera".

La propuesta refleja que los costes anuales directos que asumen las familias oscilan entre 184 y 230 millones de euros, y que cada paciente de ELA requiere entre 35.000 y 60.000 euros anuales en gastos médicos, asistencia domiciliaria y adaptación de viviendas. Además, señala que ayuda pública actual es "insuficiente" y que no cubre ni el 25% de los "costes reales" que enfrentan las familias, motivo por el que la Ley 3/2024 prevé una serie de medidas "esenciales que solo pueden garantizarse si se asignan los recursos económicos adecuados". Por tanto, la no asignación presupuestaria "compromete la viabilidad de todas estas medidas, dejando la ley sin posibilidad de ejecución efectiva".

En defensa de la propuesta, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, José María Saponi, ha recordado que el pasado 30 de octubre el Parlamento con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios aprobó la ley 3/24 para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y otros procesos de alta complejidad y cursos irreversibles. Pero desde entonces el Gobierno de España no ha puesto "ni un solo euro" para su desarrollo, por lo que la ley publicada en el BOE ha pasado a ser un "papel mojado sin dotación presupuestaria", bajo el "falso" argumento de que no hay nuevos Presupuestos Generales del Estado, porque la ley general presupuestaria permite habilitar fondos para la financiación de esta ley, bien con créditos extraordinarios o fondos de contingencia.

Mientras el Gobierno nacional "sigue sin actuar", el Ejecutivo extremeño "sigue actuando con compromiso y dedicación" frente a esta enfermedad, con las medidas que están ya puestas en marcha y que están beneficiando tanto a los pacientes como a sus familiares. Entre ellas, una ayuda directa a los pacientes con ELA de 2.000 euros por paciente en el momento del diagnóstico. Una ayuda "inmediata, sin trámites innecesario", y que además no tributan en el IRPF. Además, señorías, Extremadura está impulsando un centro de referencia a nivel nacional. Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de España que cumpla con la Ley/2024 y la dote de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional y de manera equitativa, para lo cual ha señalado que se requieren "apenas" 200 millones de euros.

Por su parte, el diputado socialista Ricardo Utrera ha avanzado el apoyo de su formación a la iniciativa porque "no se ha hecho los suficiente" por los enfermos de ELA y sus familias, y no tienen "ningún problema" en asumir su propia responsabilidad. "Bajo ningún concepto vamos a caer en la tentación de instrumentalizar el dolor de las personas que sufren esta terrible enfermedad", ha abundado, para posteriormente subrayar que "no hay nada" que impida a la Junta poner en marcha medidas en este mismo sentido, como destinar más recursos y reforzar el sistema sanitario público para mejorar la vida de estos pacientes.

En relación a las medidas ya impulsadas por el Ejecutivo regional, ha preguntado si de verdad creen que los 2.000 euros aprobados son suficientes para cubrir los gastos que tienen que enfrentar las los enfermos de ELA. Además, ha criticado la "hipocresía" de los 'populares' al hablar de equidad en la distribución de recursos, para posteriormente señalar que esta equidad en Extremadura se concreta en la supresión del impuesto de patrimonio. Por todo ello, ha avanzado su apoyo a la propuesta para exigir al Gobierno que dote económicamente el desarrollo de esa ley, pero también ha exigido al Ejecutivo regional de María Guardiola "que actúe de inmediato, que refuerce de una vez por todas las ayudas a las personas afectadas por esta enfermedad".

En esta misma línea, el diputado de Vox Juan José García ha señalado que está "completamente" de acuerdo con la propuesta del PP, pero ha reiterado que el gobierno regional debe tener la "máxima disposición" para mejorar la situación de los enfermos. En este sentido, ha remarcado que si el Gobierno hace "dejación de funciones", la responsabilidad del Ejecutivo autonómico es "proteger y ayudar" a sus ciudadanos que sufren una enfermedad incurable, lo cual supondría, trasladado el desarrollo de la ley a la comunidad, en torno a 1 millón de euros.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha avanzado el apoyo de la iniciativa porque entiende que el gobierno "debe espabilarse", pero ha pedido "coherencia" al PP, que es "experto", ha dicho, en pedir a los demás lo que no se aplica a sí mismo, en alusión al veto de una enmienda de su grupo para incrementar la ayuda a los enfermos de ELA en el proyecto de ley de medidas fiscales. "Cuando uno en su casa no esta haciendo lo que pide al de al lado, un poquito de vergüenza me da", ha remachado.

Ocho personas han sido detenidas en una operación llevada a cabo por la Policía nacional, 7 de ellas en Don Benito y Villanueva de la Serena y otra más en Almendralejo. Han sido en total 7 registros en los que se han intervenido armas, vehículos, dinero y sustancias estupefacientes. Una investigación llevada a por la Brigada Judicial junto a agentes del grupo de estupefacientes de Badajoz y de la Comisaría Provincial de Cáceres.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de la retirada de los escudos situados en la fachada del edificio situado en la calle Clara Campoamor nº 9 de Cáceres, conocido como el del "Sindicato vertical", para dar cumplimiento a la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El importe de la actuación se eleva a unos 52.000 euros con un plazo de ejecución de 60 días. Las empresas interesadas en llevar a cabo los trabajos deben presentar su oferta antes de la medianoche del próximo 16 de abril.

Los trabajos consistirán en la retirada en la fachada principal del edificio del escudo símbolo de la Falange y sustitución de las placas de granito por otras nuevas de similares características. Además, hay que retirar en la fachada lateral del edificio, en la calle Obispo Ciriaco Benavente, el escudo de "Sindicato Vertical" y sustitución de las placas de granito por otras nuevas de similares características, así como la posterior limpieza de toda la fachada lateral.

Reivindicación de la de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres

Esta actuación es una reivindicación histórica de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) que ha venido desarrollando durante años una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas del espacio público de la ciudad de Cáceres, entre los que se encuentran los escudos del citado edificio, dependiente en la actualidad del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Amececa inició su actuación en octubre de 2018, cuando en una reunión solicitó la retirada de dichos símbolos al actual subdelegado del Gobierno en Cáceres. Durante los años 2019, 2020 y 2021 comunicó a diversos representantes institucionales que el mantenimiento de dichos símbolos "suponía un claro incumplimiento" de la denominada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre).

Además les recordó el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por el que se dictaban instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes (BOE, 07/11/2008). "A pesar de ello, no se adoptó medida alguna desde dichas instituciones públicas para la retirada de dichos símbolos", informa la organización en nota de prensa.

En enero de 2022 la asociación se dirigió por escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social solicitándole que se tomaran las medidas oportunas a la mayor brevedad posible para que se retirasen los símbolos mencionados. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en octubre de ese año entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, norma legal que dejaba claro el papel de las administraciones públicas respecto a la simbología contraria a la memoria democrática, pero "tampoco ese año hubo avance alguno, se lamenta la asociación.

Durante 2023 y 2024, Amececa continuó trasladando al Ministerio de Trabajo y Economía Social su reivindicación y realizando diversas iniciativas. Fruto de ello, el pasado 29 de octubre de 2024 representantes de Amececa mantuvieron una reunión en Cáceres con el oficial mayor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que se les informó de la voluntad de dicho ministerio de retirar los símbolos franquistas aludidos antes de que finalizara el primer semestre de 2025. Finalmente, este jueves, 27 de marzo, se ha anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para su retirada, asunto que Amececa valora "positivamente", al hacer realidad una de sus "históricas reivindicaciones".

Por otra parte, ha pedido a otras administraciones públicas que adopten, "con prontitud", medidas similares respecto a otros símbolos franquistas existentes en el espacio público de Cáceres (placas metálicas del antiguo "Instituto Nacional de Vivienda" franquista; placas de obras de la antigua "Delegación Nacional de Sindicatos" franquistas que existen en algunos grupos de vivienda, la "cruz de los caídos" y otros) y "así cumplan con la legislación vigente".