La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal autodenominado la «Mafia del Cobre» y al que se atribuyen un total de 102 robos de cobre en ocho comunidades autónomas, en los que sustrajeron bienes por un valor de 2,5 millones de euros.
En total han sido detenidas 21 personas y se han recuperado 20 toneladas de metal, según informa la Benemérita.
La «operación Kuroma» comenzó en Valencia en junio de 2024, cuando se comenzó a sospechar la existencia de un grupo criminal. Se cometieron 37 robos de cobre en 48 días y se localizaron varias pintadas que rezaban «Mafia del Cobre» en los lugares de los hechos.
Esta organización "se centraba en robar cables de gran grosor en distintos establecimientos, como instalaciones fotovoltaicas, depuradoras y bodegas de vino. De hecho, los robos llegaron a afectar a servicios esenciales para la comunidad, ya que provocaron la pérdida del suministro de agua y de electricidad".
El grupo actuaba todos los días de la semana desde la provincia de Madrid, bien cometiendo los robos en este territorio o bien desplazándose a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.
Durante la investigación se descubrió que la banda tenía una estructura jerarquizada y organizada. Un grupo ejecutaba los robos, otro recogía los datos necesarios para los golpes y una última parte de la organización vendía el material robado.
Además, los delincuentes actuaban en “rondas”, en las que cometían varios robos en el curso de cuatro o cinco días, y se organizaban en células relativamente independientes, que en ocasiones crecían con la llegada de nuevos integrantes desde Rumanía.
Los criminales organizaban un “bote”, por el que tenían que depositar una cantidad de dinero para costear los gastos de las “rondas” y poder participar en los robos. De esta manera, indica la Guardia Civil, se aseguraban de que las personas con problemas económicos o con adicciones no participaran.
Bienes con un valor de 2,5 millones de euros
Además, el grupo también robaba carburante que posteriormente vendía a un receptador y vehículos para su uso en los “golpes”. Por último, enviaban los cables sustraídos a una localidad de Madrid para venderlos y refundirlos. Se calcula que el valor total de los bienes robados alcanza los 2,5 millones de euros.
Dada la importante actividad del grupo y su compleja organización, la desarticulación requirió intercambiar información con la policía rumana y organizar la operación en tres fases.
En la primera fase se desmantelaron dos de las células y se detuvo a once miembros del grupo cuando volvían de cometer dos robos. A continuación, se efectuaron tres registros en domicilios de Getafe (Madrid), donde se detuvo a seis integrantes de otra de las células.
Finalmente, durante la tercera fase se detuvo a cuatro personas, uno de ellos encargado de la venta de los bienes robados, de una última célula criminal.
En total se ha detenido a 21 personas de entre 20 y 33 años, 13 de las cuales ya han ingresado en prisión. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación.
