Sumar ha defendido que la condonación de la deuda a las comunidades autónomas se haga con criterios equitativos para cada territorio y esté vinculada a la condición de no bajar impuestos que graven la riqueza. Así lo ha trasladado tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como el portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, respecto a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles.

Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la propuesta es la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas. Por su parte, el líder de ERC ha señalado que en el caso catalán la quita de endeudamiento será del 22%, lo que comporta unos 17.000 millones. Durante un foro informativo organizado por el diario 'Artículo 14', Díaz ha desgranado que la quita de deuda debe ir ajustada a las características de cada autonomía y tiene que hacerse de forma equitativa. Pero también ha defendido que se condicione a que todas las comunidades se comprometan a no bajar la tributación a la riqueza, dado que en caso contrario se estaría "haciendo trampa" y no sería justo.

Luego, ha afirmado que es necesario un nuevo sistema de financiación que combine las singularidades que recogen los respectivos estatutos de autonomía, como en el caso catalán, y que perserve los criterios de solidaridad, además de contemplar recursos para las especificidades de regiones como Galicia, Aragón o Extremadura. Mientras, Urtasun ha opinado que la condonación de deuda tendrá estructuras distintas en cada comunidad para que sean equitativas, y condicionadas a que no se bajen impuestos a los ricos.

Además, ha asegurado que es necesario una reforma de la financiación autonómica, que corrija la infrafinanciación de regiones como Valencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que las comunidades autónomas gobernadas por su partido votarán en contra de la condonación de la deuda que el Ejecutivo quiere extender a todas las regiones, no solo Cataluña. Según ha recalcado, de lo que quiere hablar su partido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles es de la financiación de las CCAA y "no cuánto vale el apoyo de los independentistas" para que Pedro Sánchez siga unos meses más en Moncloa.

"Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los partidos", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP poco después de que el Gobierno haya avanzado que llevará el miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta para condonar 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas.

"Traspaso a otros territorios""

El líder del PP ha señalado que la condonación de la deuda es el "traspaso de la deuda a otros territorios" y ha criticado que el pago de la misma por parte de las autonomías que han sido "más contenidas en el gasto" es "lo contrario de la buena gestión, de la equidad y de la igualdad".

Dicho esto, ha asegurado que de lo que quiere hablar el PP en el CPFF es de la financiación de las comunidades autónomas, "no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el Gobierno".

Además, ha indicado que, tras "casi un centenar de subidas de impuestos", este "incremento masivo" de la presión fiscal es para "comprar el apoyo del independentismo y para seguir unos meses más" en La Moncloa.

"El resumen de la legislatura, dure lo que dure, es ver cuánto cuesta el apoyo de los independentistas para que Sánchez siga como presidente del Gobierno tras perder las elecciones", ha manifestado en su comparecencia.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha indicado que son los impuestos de todos los que "pagan muy cara la continuidad de Sánchez" y ha acusado al independentismo de seguir "haciendo negocio con su precariedad". "Los independentistas piden y los españoles pagamos", ha abundado, para añadir que esto "no había pasado nunca en la historia democrática de España".

Rechazo a la oferta de Hacienda

Algunas autonomías ya han expresado públicamente su rechazo a esa condonación de la deuda. Así, el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno ha criticado la "oferta trampa" de la vicepresidenta primera del Ejecutivo nacional y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque lo único que se persigue es hacer un "traje a medida" para Cataluña y que lo "paguen" el resto de comunidades.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda falta a la verdad cuando habla de condonar parte de la deuda de Cataluña porque "no hay perdón de ninguna deuda, lo que hay es un cambio en quién tiene que pagarla y ese es un mal negocio para los aragoneses, que tendremos que pagar la deuda que el PSOE ha creado con sus acuerdos políticos para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno".

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su rechazo "al pacto de condonación de la deuda con los separatistas" y ha reclamado una vez más una "financiación justa" para la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o el transporte "en todas las comunidades autónomas".

De la misma manera, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón considerado "un insulto" que el Gobierno de España "imponga" a las comunidades autónomas en el CPFF del próximo miércoles la condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda del conjunto de regiones, de los que 11.210 serían de la Comunitat Valenciana. "La deslealtad institucional y el desprecio de este Gobierno por las autonomías parece no tener límites", han señalado desde la Conselleria de Hacienda.

Por su parte, el Gobierno murciano que dirige Fernando López Miras considera una "ofensa" y un "nuevo trato de privilegio" hacia Cataluña que a 48 horas del CPFF, el Gobierno pacte "bajo mano" la condonación de la deuda a Cataluña.

Andalucía y Cataluña, las más beneficiadas

El Ministerio de Hacienda ha detallado la propuesta de condonación total a todas las comunidades autónomas, aunque ha recordado que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.

En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado que, aprovechando la situación de la condonación, que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

La ONG Accem ha atendido en España a un total de 42.949 ucranianos desde el 24 de febrero de 2022, cuando inició la invasión Rusia en este país, 254 de ellos en Extremadura. Según ha señalado este lunes la ONG con motivo del tercer aniversario del conflicto, en 2022, con la activación de la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea, se agilizaron los procedimientos para ofrecer una atención y acogida "inmediata" a quienes huían del conflicto de Rusia con Ucrania. Así, en 2022, Accem prestó apoyo a 29.149 personas; en 2023, a 9.299; en 2024, a 10.741, y en lo que va de 2025, a 1.671.

Por comunidades, entre 2022 y 2025 Accem ha atendido a 36.073 ucranianos en Madrid. Le sigue Murcia, con 2.279; Castilla y León, con 2.136; Castilla-La Mancha, con 1.474; Aragón, con 936; Comunidad Valencia, con 934; Andalucía, con 923; Galicia, con 707; Asturias, con 702; Extremadura, con 254; Cataluña, con 168; Euskadi, con 109; Canarias, con 14; La Rioja, con nueve y Ceuta, con tres. De esta manera, la ONG ha garantizado a estas desplazados desde Ucrania acceso a servicios de acogida, vivienda, asistencia psicológica y orientación e inserción laboral. En este sentido, Accem ha reclamado que esta figura de protección se extienda a otras personas que huyen de guerras, "facilitando una acogida más eficaz y ágil".

Accem ha expuesto que, en la actualidad, la llegada de refugiados de Ucrania se produce en menor volumen y de manera progresiva, con la mayoría de ellas avanzando hacia la fase de autonomía y concluyendo su estancia en los programas de acogida. En esta misma línea, la ONG ha apuntado que en 2024 se registraron 2.331 resoluciones de protección temporal en España, según datos del Ministerio del Interior, de las que 52 por ciento pertenecían a mujer y el 48 por ciento, a hombres. Asimismo, la entidad ha destacado la puesta en marcha en marzo de 2022 del CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación) en Pozuelo de Alarcón (Madrid), uno de los "hitos fundamentales" en la respuesta de emergencia a la crisis de Ucrania. La coordinación interministerial, con Acnur y Accem permitió poner en marcha el primer centro de los cuatro habilitados en España para la acogida de la población del país ucraniano.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera tener aprobada antes de que finalice el año la ley orgánica para la condonación de deuda de las comunidades autónomas del régimen común.

"Si todo va en una tramitación acelerada, antes del final de año podamos tener aprobada la ley. Nosotros vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible", ha asegurado la titular de Hacienda en rueda de prensa para presentar la propuesta del Gobierno para la asunción de deuda de las comunidades autónomas del régimen común.

Montero ha detallado que, tras la remisión este lunes de la propuesta a todas las comunidades autónomas del régimen común para que la estudien, el miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Yo espero que las comunidades no voten en contra. Y si lo hacen, espero que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga una mayoría suficiente para poder aprobar la medida", ha enfatizado. Tras esto, habrá reuniones bilaterales de carácter técnico con cada comunidad autónoma, que dirigirá el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. También será necesario reunir las comisiones mixtas para que cada una de las comunidades autónomas acepte la cuantía correspondiente.

Según ha explicado la ministra, esta ley tiene carácter orgánico, lo que significa que se debe elaborar un anteproyecto de ley --que incluye trámites de consulta pública, informes preceptivos..-- para, posteriormente, aprobarla en el Consejo de Ministros en segunda vuelta y mandarla a las Cortes Generales. "A partir de ahí, son los grupos políticos los soberanos para decidir si lo que ponemos a su consideración cuenta o no con su visto bueno", ha detallado la titular de Hacienda.

Con todo, la ministra espera poder llegar a acuerdos y ha señalado que la metodología empleada para calcular la quita de deuda de cada comunidad "podrá tener algún ajuste puntual", aunque ha recalcado que está construida "en base a unos supuestos que no son fáciles poder sustituirlos".

Hasta 7.000 millones de euros de ahorro

La propuesta supondrá un ahorro de intereses que rondará en torno a unos 5.000/7.000 millones de euros, aunque se tendrá que analizar detalladamente en función de la antigüedad de la deuda que tiene cada comunidad autónoma. Así, Montero ha enfatizado que esta cantidad es "muy preliminar", ya que no solo depende de la antigüedad de la deuda de las regiones que han acudido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también del endeudamiento que mantienen con terceros las comunidades que no están en el FLA.