La Junta de Extremadura, junto a los gobiernos de otras ocho comunidades autónomas, el Senado y la Fundación Toro de Lidia, ha anunciado la convocatoria del Premio Nacional de Tauromaquia 2024, después de que el Ministerio de Cultura decidiera suprimir este galardón.

El premio, que será presentado oficialmente el próximo 30 de enero en la sede de la Comunidad de Madrid, contará con el respaldo de la Junta de Extremadura, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Andalucía, la Región de Murcia, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, y la Fundación Toro de Lidia.

Eliminación del Premio Nacional

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció en mayo de 2024 la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión que ha sido calificada como un "ataque ideológico" por diversas instituciones. Como respuesta, estas comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia han decidido mantener este reconocimiento de forma conjunta y concederlo anualmente mientras se mantenga la eliminación del premio estatal.

El Premio Nacional de Tauromaquia fue creado en el año 2013 y era otorgado de forma anual por parte del Ministerio de Cultura. 

Un hombre encapuchado ha atracado durante la mañana de este martes una gasolinera de Mérida. Según las primeras informaciones, el individuo amenazó al dependiente con una pistola simulada y exigió el dinero de la caja, que ascendía a unos 100 euros. Tras guardar el dinero en una bolsa, huyó a pie del lugar. Este es el segundo robo que sufre la misma gasolinera en poco tiempo, ya que el pasado 10 de diciembre también fue víctima de un atraco similar.

Respuesta policial y situación actual

El dependiente de la gasolinera dio aviso inmediatamente tras el incidente, lo que movilizó a efectivos de la Policía Local y Policía Nacional. A pesar de los esfuerzos, por el momento no se han realizado detenciones relacionadas con este caso.

Aspolobba, el Sindicato de Policías Locales y Bomberos de Badajoz, subraya la necesidad de reforzar las plantillas de la policía local en Extremadura. Sólo en Badajoz capital estima que hacen falta unos 80 agentes. Menos de la mitad de los pueblos de nuestra comunidad tienen Policía Local, pero lo cierto es que hay muchas plazas que siguen sin cubrirse. En numerosas localidades de pequeño tamaño son los efectivos de la Guardia Civil los que tienen que asumir sus funciones. Es necesario, por tanto, garantizar la seguridad en las calles. Lo ha dicho en Canal Extremadura el presidente de Aspolobba, Manuel Manzano.

Policía mancomunada

Manzano aplaude la posibilidad de que haya una Policía mancomunada que permita a los pueblos pequeños compartir agentes, e indica que la Junta debería trabajar en este sentido. A Olivenza, por ejemplo, con motivo de la Feria que se celebra en marzo, se van a desplazar cuatro agentes desde la capital pacense para reforzar la plantilla en esas jornadas festivas.

El responsable de Aspolobba considera "una barbaridad" la propuesta de Vox de reservar el 20% de las plazas de acceso libre para militares de complemento y profesionales de tropa y minería con más de cinco años de servicio en las fuerzas armadas; en opinión de Manzano, ese planteamiento responde a intereses políticos, y se muestra partidario de que accedan a esas plazas los que obtengan mejores notas. Apuesta, por tanto, por oposiciones libres. El día 28 comparecerá en la Asamblea, donde se opondrá frontalmente a la opción que sugiere la extrema derecha.

Acuerdo en Badajoz

Por otra parte, Aspolobba ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz para garantizar la presencia policial en distintos eventos, y evitar que se repitan situaciones como las vividas el pasado año, cuando algunas pruebas deportivas multitudinarias tuvieron que cancelarse por la falta de efectivos de la Policía Local. Finalmente las plazas para esas citas se cubrirán con agentes que estén libres, y de forma retribuida. Es, concluye Manuel Manzano, la única forma de dar seguridad a esas celebraciones.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución de la Junta de Extremadura que concede la Protección Nacional Transitoria a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) "Garbanzo de Valencia del Ventoso". Este reconocimiento temporal supone un importante paso para poner en valor este producto. La solicitud para obtener esta protección fue presentada el pasado 28 de noviembre por la Cooperativa del Campo "San Isidro".

Un producto único de Extremadura

El garbanzo de Valencia del Ventoso destaca por sus características excepcionales, gracias las condiciones geográficas y climáticas de esta zona, así como de las prácticas agrícolas tradicionales. La obtención de esta protección puede suponer un refuerzo a su identidad y asegurar un respaldo legal mientras se tramita el reconocimiento definitivo a nivel europeo.

La Protección Nacional Transitoria es una figura que permite proteger un producto a nivel nacional mientras se evalúa su inscripción como IGP en el Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea.

Impacto para la región

Con este reconocimiento, los productores locales no solo aseguran la protección del nombre y la calidad de su producto, sino que también podrían acceder a nuevos mercados y promocionar el garbanzo como un producto agroalimentario de calidad.

La jueza del caso de David Sánchez ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar la desaparición de correos electrónicos de la directora del Conservatorio Profesional "Juan Vázquez" de Badajoz, dentro del caso sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Anomalías en los correos electrónicos

La jueza ha detectado que entre el 21 de junio y el 24 de julio de 2017 no aparece ningún correo en la cuenta corporativa de la directora del conservatorio. Según los investigadores, esto no corresponde a un periodo de inactividad, ya que se han hallado cadenas de correos en otras cuentas donde figura su dirección durante esas fechas.

En su declaración, la directora ha asegurado no haber borrado voluntariamente los correos y se ha mostrado dispuesta a ponerlos a disposición judicial. Ante esto, la magistrada ha ordenado a la UCO que investigue la desaparición y, en caso de ser posible, recupere los correos electrónicos.

La jueza también ha citado a declarar, en calidad de testigos, a cuatro personas el próximo 7 de febrero.